Procuraduría sostiene allegado a juez intervenía en decisiones
El dia (19-11-15)
Un sobrino político del juez José Dionicio Duvergé Mejía, quien fue suspendido por el Consejo del Poder Judicial, es señalado por el Ministerio Público como un intermediario para que el magistrado Roso Vallejo Espinosa, quien también está suspendido, diera su voto favorable para variarle la medida de coerción a un imputado por narcotráfico.
Según la denuncia, José Martín Cortorreal Ramírez, quien servía como “mula” al narcotráfico, fue sacado de prisión preventiva porque Francisco Javier Batista (El flow), sobrino de Duvergé Mejía, entregó la suma de un millón de pesos para que Vallejo Espinosa y el también juez Víctor Mejía Lebrón dieran su voto favorable.
El hecho ocurrido en 2014 es solo uno de más de diez casos utilizados por la Procuraduría para encausar a los cinco jueces que han sido suspendidos.
La investigación que realizan las autoridades evidencia que las irregularidades llevan años ocurriendo en el sistema de justicia, ya que hay decisiones que datan de 2008.
Algunos casos
Solo al juez José Dionicio Duvergé Mejía se le vincula a por lo menos seis decisiones cuestionables en las que varió la prisión preventiva por garantía económica a imputados por narcotráfico y otros delitos graves.
Las sentencias dictadas por Duvergé Mejía favorecieron a personas ligadas a cargamentos de cocaína que van desde 10 hasta los 388 kilos.
“A pesar de estar involucrados grandes alijos de cocaína, algunos de los cuales tienen vínculos internacionales, este magistrado procedió a la variación de las medidas de coerción de prisión preventiva por una garantía económica”, detalla el Ministerio Público al referirse a los casos cuestionados en los que ha estado involucrado Duvergé Mejía.
ntre los imputados por narcotráfico que favoreció este magistrado están el empresario Alejandro Almánzar, propietario de un furgón retenido en el puerto de Haina, en el que se ocuparon 106 envases de shampoo conteniendo cocaína líquida, a quien le otorgó una garantía económica de RD$100, 000.
Así mismo, liberó a Alejandro de Jesús Morales, acusado de lavado de activos en 2012, tras ocupársele casi medio millón de dólares, cuya procedencia se presumía era del narcotráfico.
Otro juez
El magistrado Delio Antonio Germán Figueroa, quien junto a los demás jueces suspendidos deberá enfrentar un juicio disciplinario, también está señalado en varias sentencias benignas para vinculados con el crimen organizado.
“Mediante la Resolución 01-2009, del 8 de julio del año 2009, sobre Devolución de Bienes, el entonces juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sin ningún tipo de fundamento legal, ordenó la devolución de los objetos y bienes que fueron secuestrados a los colombianos Alfredo de Jesús Camargo Reyes y Juan Carlos Villamar Mogollón, involucrados en un proceso de lavado de activos”, especifica el Ministerio Público, al indicar que la sentencia se hizo sin motivación y con documentos “fraudulentos y fabricados de manera dolosa”.
Por otra parte, al juez de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, se le atribuye beneficiar con un auto de no ha lugar al alcalde Félix Manuel Grullón y compartes, acusados de un desfalco de 400 millones de pesos.
“El juez no ponderó el carácter vinculante de informes de auditorías, los documentos a cargo y las pruebas testimoniales”, se queja la Procuraduría.
Informe de la DNCD cuestiona decisiones
La frecuencia de las variaciones de medidas de coerción en contra de imputados por narcotráfico motivó a que a mediados de este año la división de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitiera un informe en el que se quejaba de la facilidad con que los implicados recobraban su libertad.
El documento, que fue dirigido al presidente de la DNCD para que lo remitiera al presidente de la Suprema Corte de Justicia, indica que estas decisiones judiciales desalientan la labor que realizan los agentes contra el flagelo del narcotráfico.
Una de las razones del informe fue un permiso de salida del país otorgado por una jueza a favor de un holandés que cumplía coerción por tráfico de drogas.
