Miguel Angel Ferrer (teleSur, 29-6-17)
Como es del dominio público, el pasado martes 27 de junio fue secuestrado un helicóptero gubernamental, y desde el aparato fueron lanzadas varias granadas y disparos de armas de fuego contra lo edificios del Tribunal de Justicia y del Ministerio del Interior. Por fortuna o calculadamente no hubo heridos ni víctimas fatales.
Por medio de las redes sociales, el autor del ataque se reconoció como responsable de los hechos y llamó a un levantamiento armado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
De estas informaciones plenamente verificadas pueden desprenderse algunas reflexiones. Primeramente que se trató de actos delictivos que, por su gravedad, pueden ser calificados de criminales: secuestro de aeronave, daños a bienes públicos, llamado a la insurrección armada, tentativa de multihomicidio y terrorismo.
Ante la indisimulable gravedad de los sucesos, el presidente Maduro llamó a la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) a deslindarse de los hechos y a condenarlos enérgicamente. Pero la MUD, por boca del dirigente Henrique Capriles, celebró el ataque y lo consideró un “aliciente” para continuar con los esfuerzos por derrocar al gobierno venezolano.
Hasta aquí los hechos. Pero cabe preguntarse qué se buscaba con el ataque armado. Obviamente, y en las propias palabras de Capriles, se trató de un eslabón más de la cadena de actos violentos que buscan derrocar a Maduro. Pero ¿sólo se trató de un acto propagandístico? ¿O fue una provocación para obligar a Maduro a la realización de acciones represivas? ¿Fue un equivalente del tanquetazo del 29 de junio de 1973 en Chile, al que dos meses y medio después siguió el pinochetazo? ¿Se buscaba generar una escisión en las fuerzas armadas para pavimentar el camino a un golpe de Estado militar?
¿O acaso fue una muestra de desesperación por cuenta de la MUD ante el evidente fracaso de la prolongada violencia callejera que pretende derrocar a Maduro y frente a la constatable pérdida de gas de la masividad de las manifestaciones antigubernamentales? ¿O fue una planeada combinación de todos estos propósitos a fin de hacer un recuento de las fuerzas insurreccionales y de la fortaleza del gobierno madurista?
Sea de ello lo que fuere, es evidente que el helicopterazo tuvo y tiene saldos negativos para Estados Unidos, para la MUD y para otros grupos insurreccionales. Primeramente, porque salvo los elementos más exaltados e irracionales, como Capriles, por ejemplo, la población reprueba y rechaza el terrorismo, modalidad superior de la violencia.
En segundo término, porque la condena a esa forma de terrorismo insurreccional y golpista ha sido duramente condenada por la sociedad venezolana y por la comunidad internacional. En el helicopterazo los golpistas se quedaron solos y, sobre todo, aislados.
Un tercer saldo negativo fue la falta de respaldo de alguna o algunas unidades militares que hicieran pensar a los golpistas que podría sumar soldados y armas a sus propósitos de insurrección y golpe de Estado. No parece, en consecuencia, que el helicopterazo sea una réplica del tanquetazo contra el gobierno del presidente Salvador Allende.
Pero en cualquier caso, los sucesos del martes 27 de junio deben ser valorados como un aviso y una constatación de que la MUD no renunciará a la violencia criminal con tal de tumbar a Maduro. Y frente a estas constataciones no queda sino reforzar la defensa contra los propósitos insurreccionales y golpistas de la MUD y de sus mandantes en Washington.
