Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Actualmente, grupos privatizadores élites del sistema de salud de República Dominicana pretenden la instauración del Examen Único y la eliminación de la pasantía médica. En ese sentido han buscado la manera de establecer dicho Examen Único mediante un proyecto de ley reintroducido en la cámara baja por el diputado de la Provincia La Vega Mario Hidalgo Beato, el cual fue encaminado el 21 de marzo 2017.
Los privatizadores dentro del sistema de salud y educación se han valido del diputado Hidalgo Beato para hacer representar sus intereses particulares y egoístas en el Congreso Nacional. Tal proyecto es de naturaleza neoliberal, excluyente y odioso, pues procura introducir el principio de competitividad y de individualismo en los estudiantes de medicina.
El proyecto fue reintroducido por causa de que el primero recibió fuertes críticas de parte de los agentes de la educación superior pública, y particularmente del Decano de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, académico Wilson Mejía, quien viene luchando contra este proyecto egoísta neoliberal que perjudica a la mayoría de los 25 mil estudiantes que cursan la carrera de medicina en el país, los cuales, a juicio de dicho académico, resultarían seriamente afectados en caso de aprobarse el examen único como requisito para el ejercicio de esa carrera profesional en el país.
Los privatizadores representan un grupo capitalista dentro del sistema dominicano de salud y educación. Por ejemplo, se hicieron dueños y posesionarios de Plaza de la Salud y del Hospital Homs de Santiago, con la complacencia y complicidad de los gobiernos dominicanos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Inclusive cuentan con el Arzobispado de Santo Domingo, que en la gestión del Cardenal recientemente salido de esas funciones, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, han logrado por medio de facultades y universidades privadas, posesionarse de prerrogativas y derechos que corresponden exclusivamente a la universidad pública.
Pretende dicho grupo, militante de intereses privatista, limitar o restringir el derecho constitucional de la universidad pública a los atributos de autonomía y fuero universitarios consagrados en el texto constitucional.
Pero también pretendieron, y lo lograron en cierta manera, un prorrateo legal de las partidas contempladas en el Presupuesto Nacional, beneficiándose gatuna y sabiamente del 5% anual establecido en la Constitución de la República para ser arbitrado, fijado y administrado en dicho Presupuesto a favor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Esta jugada sucia ocurrió en los gobiernos de Leonel Fernández y en el Danilo Medina se consagró una alianza entre el Palacio Nacional, los grupos empresariales con intereses en la privatización de la educación y la salud; y el partido de la liberación dominicana.
Los privatizadores de la educación y la salud coinciden en muchos aspectos estratégicos que en su momento iremos explicando. Se atrevieron inclusive a pretender 25 mil millones de pesos que solicitó al Poder Ejecutivo el Director General de Plaza de la Salud, para sacarlos del 4% del producto interno bruto destinados al sistema educativo dominicano por la Constitución de la República. ¡Tamaña ambición!
A propósito de que el Director General del Hospital Plaza de la Salud solicitara 25 mil millones del sistema educativo para colocarlos en Plaza de la Salud, escribimos el 26 de diciembre 2016 un artículo en el presente portal Debate Plural, denunciando el egoísmo y los intereses mezquinos de estas élites privatistas al pretender tal cosa, lo cual es un absurdo que al parecer fue luego dejado de lado por su ilogicidad y su mezquindad.
Se trata de un artículo publicado en este portal dentro de la serie sobre privatización en República Dominicana, uno de cuyas cabezas es el privatizador por excelencia en el país, en cuanto al sistema de salud y al sistema de educación superior, el señor Julio Amado Castaños Guzmán, texto que vamos a actualizar próximamente.
Volviendo a las pretensiones de imponer el examen único por medio de un proyecto reintroducido en la Cámara de Diputados, el mismo representa la voluntad del oficialista partido de la liberación dominicana, conjuntamente con los privatizadores capitalistas de la salud y la educación, para imponer un sistema exclusivista y privatista que permitirá la desprotección social de miles de familias pobres dominicanas que reciben atención de los pasantes que se trasladan año tras año a las comunidades rurales marginadas para ejercer su profesión, pues se trata de un proyecto cuyo carácter de clase es esencialmente individualista.
Mediante ese instrumento espùreo que es el Examen Único se persigue golpear a la educación superior pública, representada por la UASD, y establecer parámetros que permitan criterios de exclusión y discriminación profesional y social, pues miles de futuros médicos, después de terminados todos los cursos de la carrera de medicina, quedan en peligro de ser eliminados por medio de un examen formal.
Pero además, buscan de manera oportunista aprovecharse del sistema de salud imperante para imponer también criterios de competitividad, que son esencialmente neoliberales y que pondrá en condiciones más ventajosas a los médicos de familias pudientes y en peores condiciones a los médicos de familias pobres.
Los más pobres no podrán sostenerse en condiciones profesionales de alta competitividad científica y profesional, precisamente por su condición de pobreza; y serán, por ende, más susceptibles de fracasar en el Examen Único y en su vida individual, lo cual quiere decir, que se trataría de una verdadera emboscada cruel y egoísta, lo cual es propio del sistema capitalista neoliberal, cruel y salvaje; o más bien, un componente ideológico que se introduce en el sistema de salud de República Dominicana.
Con esta herramienta ideológica, entre otros elementos, pretenden elitizar y exclusivizar los conocimientos médicos y las prácticas médicas y científicas en nuestro país.
A la cabeza de todo este entramado se encuentra el privatizador por excelencia en la educación superior y en la salud, egresado otrora de la UASD, el señor Julio Amado Castaños Guzmán, cuyo historial lo caracteriza como una individualidad entregada a los intereses capitalistas dentro de dichas esferas, aliado a los intereses de grupos empresariales privatistas y a las altas esferas de la iglesia católica, institución esta que tiene excelente experiencia en las tareas de privatización de los bienes recibidos graciosamente de los gobiernos dominicanos, por ejemplo, la negociación de la casa San Pablo, denunciada recientemente por vicarios y sacerdotes de rango inferior dentro de la iglesia católica.
El examen único constituye una propuesta de carácter neoliberal que persigue la privatización de la formación de recursos humanos en salud y limitar el derecho a la autonomía de la UASD en perjuicio de los sectores más necesitados de la sociedad dominicana.
A juicio del académico Wilson Mejía, el proyecto de ley establece una discriminación entre los profesionales de República Dominicana, debido a que les exige a los estudiantes tomar un examen, después de estudiar la carrera de medicina durante seis años para obtener el exequátur que les permitiría ejercer como médicos.
El académico mencionado afirma que la pieza viola la ley 42-01 sobre salud, ya que le quita a la UASD como universidad del Estado, el derecho a aplicar la reválida y la homologación de títulos para los médicos formados en el extranjero, y que estén interesados en ejercer la carrera en territorio dominicano.(continuaremos).
