Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
El caso de la EPC de Punta Catalina continúa siendo objeto de las elucubraciones y de la planificación de una troika de funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que articuló todo un plan maestro con el fin de manejar las interioridades de la licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013, en la cual salió ganancioso el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella, que supuestamente ganó dicha licitación por un monto presupuestario de 2,040 millones de dólares para la construcción de la termoeléctrica de dos unidades que producirían cada una 337 MW.
La Dirección de Compras y Contrataciones dio su visto bueno a fines de 2013 para que los resultados de dicha licitación favorecieran al Consorcio Odebrecht. Ello ocurrió cuando la empresa Posco lanzó una instancia impugnatoria al resultado de la licitación, la cual fue rechazada por Compras y Contrataciones mediante una resolución elaborada a los fines de justificar dicho resultado.
Sin embargo, lo que decía Posco en esa oportunidad era totalmente confirmable, y la actitud de Compras y Contrataciones dando la razón a Odebrecht muestra la existencia de un plan previo para facilitar que esta compañía no fuera perturbada en su éxito de haber supuestamente ganado la licitación.
Se trata de una historia larga que la haremos en otra oportunidad, pero la verdad fue que esa oficina se unió a CDEEE y a Odebrecht y las tres litigaron juntas como un solo hombre por ante la jurisdicción y el Tribunal Superior Administrativo.
En la medida en que avanzaba el proceso judicial, en el cual habían dos componentes: a) una demanda en medida cautelar para la suspensión de la licitación; b) una demanda principal en reestructuración de la licitación, en esa medida Compras y Contrataciones solicitó al tribunal que se pronunciara su exclusión del litigio, lo cual le fue negado por la presidencia y se vio en la necesidad de continuar en compañía de Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella.
La suspensión de la obra fue concedida por resolución No.055, del año 2014, y esa situación produjo escándalo en la élite política del partido de la liberación dominicana, hasta el punto en que el Vicepresidente ejecutivo de CDEEE proclamó a los cuatro vientos que “ni Dios suspenderá la obra”; pero no solamente eso, sino que dicho funcionario “visitó” la jurisdicción administrativa con el fin de tratar de influir en el levantamiento de la suspensión que había solicitado y acogiera una demanda cautelar en levantamiento.
El consorcio aludido logró la revocación de la suspensión, y el Tribunal Superior Administrativo, bajo constreñimiento del poder corporativo, como dijimos en otra oportunidad, fue descuartizado; y los jueces trasladados a otros y distintos niveles jurisdiccionales.
Una vez se produjo el levantamiento de la suspensión, el cual se conoció el mismo día, atropellando el derecho de defensa de la parte reclamante Consorcio Gezhouba-Impe, fue enviado al vapor el contrato entre Odebrecht y Estado dominicano al Congreso Nacional; y también fue enviado el préstamo contemplado en el Presupuesto Nacional 2014 por la suma de 1,500 millones de dólares, y ambas cosas se aprobaron en un solo y mismo día, sin enviarlo a la Comisión de Hacienda para estudio. Inmediatamente después, por simple resolución, se dieron aprobación a la suma adicional de 500 millones de dólares, asumiendo contrato un presupuesto de 2,000 millones de dólares. De igual modo, el contrato fue aprobado en una sola oportunidad, sin discusión y de manera expresa, ya que fue conocido el mismo día que llegó al Congreso Nacional.
Pero no solamente eso, sino que la Gaceta Oficial, recogiendo los documentos del proyecto de la termoeléctrica en cuatro volúmenes, fue publicada en una semana, volúmenes que fueron depositados el mismo día de la audiencia en levantamiento; y al reclamar el Consorcio Impe la oportunidad de una hora para leer el contrato, la solicitud le fue negada y se abordó el fondo de la demanda en levantamiento de la suspensión ordenada mediante la resolución 055. Esta triste historia ocurrió en pocas horas para llegar al Congreso Nacional, cuyo Senado estaba presidido por la Senadora Cristina Lizardo.
Es decir, que no cabe la menor duda de que una troika operaba desde el Palacio Nacional, en la cual participaba el asesor presidencial Joao Santana, el cabildero Angel Rondón, la vicepresidencia ejecutiva de CDEEE y el presidente de la República. Joao Santana tenía y tiene sus oficinas tanto en el Palacio Nacional como en el exclusivo sector de Bella Vista, y desde allí se cabildeaba, se ejercía el tráfico de influencias, se manejaban medios de comunicación y comunicadores; y se mantenían los niveles de contacto con la empresa Odebrecht en Brasil y otros países, desde donde se ejercía el lavado de moneda extranjera hacia República Dominicana.
Luego de las confesiones de Odebrecht, Joao Santana y Mónica Moura abrieron el cauce para las investigaciones criminales de hechos de soborno, mediante las cuales se descubre y establece que Odebrecht era la empresa que ganaba todas las licitaciones de infraestructura en República Dominicana desde 2002 hasta 2015.
Se trató entonces de una conspiración proveniente de las más altas esferas del gobierno dominicano, que luego realizó esfuerzos para diluir el fenómeno de masas constituido por la gran reclamación nacional plebiscitaria que hoy se desarrolla en República Dominicana. Reclamación popular que mantiene a la sociedad dominicana en vilo, y que va dirigida a rechazar la impunidad y la corrupción, las acciones toxicas de la empresa brasileña y los actos de prevaricación y estafa de algunos funcionarios que todavía hoy permanecen no identificados y que probablemente podrán quedar liberados del alcance de la justicia dominicana.
Odebrecht fue liberada mediante la homologación de un acuerdo con el gobierno dominicano y dicha compañía; quedando al desnudo que las intenciones de aquel eran que dicha compañía permaneciera en la construcción de la planta de Punta Catalina.
Hasta hoy, la troika ha tenido éxito, aunque no definitivo, pues ha logrado someter a los tribunales personas no vinculadas con el caso Punta Catalina, sino probablemente con casos anteriores al año 2004.
Esto es muy importante, pues demuestra las verdaderas intenciones de la troika a la cual nos referimos, que consisten en desnaturalizar el expediente criminal del consorcio delincuente Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella y dejar fuera del proceso a las sobrevaluaciones multimillonarias y la licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013.
Se trata de maniobras magistrales, de contenido altamente engañoso, las cuales dejan traslucir los verdaderos propósitos de la troika palaciega, de la Procuraduría General de la República y de un pequeño grupo de funcionarios enriquecidos que, deturpando el expediente, pretender oscurecer el sistema de corrupción imperante, que ha beneficiado a altos funcionarios del gobierno dominicano de Danilo Medina, dejando fuera a los verdaderos responsables que han actuado en componenda y que introdujeron al señor Joao Santana en el Palacio Nacional para realizar sobornos en todas las campañas electorales, licitaciones públicas, sobornos a los medios y periodistas, trabajadores publicitarios y de relaciones públicas, para trabajar en la modificación del artículo 124 de la Constitución y permitir la reelección presidencial.
Todo ello como una estrategia que caracteriza la articulación de una política pública asentada sobre sobornos, asociación criminal, sobrevaluación de obras multimillonarias, todo en perjuicio del patrimonio público y en beneficio de la empresa brasileña y de funcionarios gubernamentales.
El juicio que se celebra hoy 6/6/17, muestra claramente que el Procurador General de la República, con su equipo de asesores, ha realizado la composición de un expediente extraordinariamente vacio, sin elementos probatorios contundentes e incluyendo personas que si en algo tuvieron que ver fue antes de 2004; y lo hace con el fin de no llegar a la investigación de las sobrevaluaciones, de las licitaciones manejadas dentro de la lógica de un sistema cerrado de corrupción, para poner a salvo las personas que sí tuvieron y tienen que ver con el caso Punta Catalina. (seguiremos).
