Nacionales Politica

Mentiras sobre la CIDH

Audiencia del Tribunal Constitucional
Escrito por Debate Plural

L. Vilchez Bournigal (Listin, 8-11-14)

 

La nueva sentencia del Tribunal Constitucional ha provocado que ciertas personas e instituciones se pronuncien en relación a la sentencia No.256-14 haciendo uso de una serie de alegatos que resultan falsos. Es por esto que, como una manera de que el pueblo no sea confundido, aclaro ciertos puntos que han estado repitiendo estos grupos por ante los medios:

1. “La Convención de Viena del 1969 en sus Arts. 26 y 46 prohíbe a los países alegar disposiciones internas para no acatar o cumplir un tratado”. Sin embargo, justamente es el Art. 46 de la Convención que establece una excepción al Principio Pacta Sunt Servanda del Art. 26: si la violación es manifiesta y afecta una norma fundamental de derecho interno.

Solo hay que dar una pequeña lectura a la Constitución de 1994, como a la del 2002, para llegar a la conclusión de que es una atribución constitucionalmente dada únicamente al Congreso el aprobar o no las convenciones, acuerdos y tratados internacionales que celebra el Poder Ejecutivo; todo compromiso que internacionalmente obligue al Estado y al pueblo dominicano, asumido por el Presidente de la República, estará sujeto a la posterior aprobación del Congreso, de lo contrario viola los mismos procedimientos consagrados en la Constitución. Es por esto que el Art. 3 de la Constitución de 1994, como en su modificación del 2002 y del 2010 (en su Art.26) señala que La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional General y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Así surge la pregunta siguiente: ¿Ha sido adoptada el instrumento de competencia de la Corte IDH en observancia de nuestra Constitución?

La respuesta es un no rotundo, pues si asumimos lo que ciertos juristas plantean, de que no era necesaria la ratificación del Congreso, le estamos dando al Presidente de la República atribuciones que constitucionalmente le pertenecen al Congreso, dándole la razón una vez más al Tribunal Constitucional al declarar la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación. Lo cierto es que la excepción establecida en el Art. 46 de la Convención justifica la decisión del TC, pues no podemos ser miembros de algo que ha sido “aprobado” en violación de la separación de los Poderes del Estado, siendo cada poder responsable de sus atribuciones establecidas en la Carta Magna, no pudiendo delegar las mismas; es decir, estamos ante una evidente lesión o herida a nuestro derecho interno.

2. “Es peligroso para el país salir de la Corte IDH”. Falso, pues en ningún momento violamos la Constitución, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados al retirarnos; nuestra Constitución reconoce los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales, pero al mismo tiempo señala que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, cuando los mismos sean publicados de manera oficial, como indica el Art. 26.2 de la Constitución.

El hecho de que no seamos parte de la Corte IDH no nos hace desconocedores de la Convención de los Derechos Humanos, ni siquiera evita que decisiones y jurisprudencia de la Corte IDH puedan ser usadas por los tribunales dominicanos como referencia o como marco para una sentencia; pero bajo ningún concepto, puede una decisión de la Corte Interamericana imponerse al reglamento interno y constitucional dominicano. Solo hay que recordar que de los 35 países miembros que conforman a la Organización de Estados Americanos (OEA), solamente 22 países están adheridos a la jurisdicción de la Corte IDH.

La Corte Interamericana ha sido un instrumento que de poco le ha servido al país, con una visita al historial de jurisprudencias de la Corte IDH se puede notar que casi la totalidad son relativas a nacionales haitianos que discuten su estatus migratorio ante este organismo internacional. ¿En qué nos afecta el no ser parte de la Corte Interamericana, si nuestros principales socios comerciales no forman parte de éste órgano? cualquier discusión en cuanto a tratados comerciales se discuten ante Centros de Arbitrajes y Mediación y no ante la Corte IDH.

3. “La única forma de retirarse de la competencia de la Corte IDH es denunciando la convención”. Falso. Pues para denunciar la convención, tendríamos que primero reconocer como válido el instrumento de aceptación de competencia. Al declarar la inconstitucionalidad del mismo, como hizo el TC, expresamos que nunca hemos sido parte de dicho organismo, por no haber sido sometido a la aprobación del Congreso para de esta manera poder cumplir con las disposiciones del Art. 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, la Corte Interamericana no ha mostrado ser idónea en casos donde figura el país como parte, llegando al punto de querer entrometerse en nuestros reglamentos internos y constitucionales con el único fin de impedir, como sea posible, que se le pueda dar una solución al problema migratorio ilegal que afecta al país. La Corte IDH, al pasar los años, ha perdido su norte, quedando como una herramienta de injerencia de sus principales financistas, Estados Unidos y Canadá, en países donde tienen intereses y grupos de ONGs activas. La pregunta que debe hacerse el país es: ¿Para qué ser parte de algo que solamente quiere buscar la forma de condenarnos? ¿Acaso tenemos el Síndrome de Estocolmo?

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