Ofelia Berrido (Hoy, 17-8-13)
El primer código laboral elaborado en República Dominicana fue el de 1951. Fue revisado y reelaborado en 1992 por una comisión tripartita dirigida por los expertos Rafael Alburquerque, Lupo Hernández Rueda y Ray Guevara. El mismo tiene el mérito de ser el primer código consensuado de América Latina y constituyó un avance de gran importancia en el orden legislativo.
Respecto al tema, hace unos días leímos en la prensa nacional que se procedería a una nueva revisión: el asunto luce lógico, considerando que ya tiene veintiún años de existencia y que toda normativa debe actualizarse cada cierto tiempo para modernizarla. Confiamos que los resultados finales de las nuevas discusiones no vulneren los derechos adquiridos y que los cambios sean para beneficio mutuo de los empleados y empleadores.
Este deseo surge del análisis de los siguientes puntos: primero, a nuestro país le ha costado mucho tiempo, dedicación y esfuerzo lograr jurisprudencias justas para todas las partes, incluyendo la defensa de los más vulnerables; segundo, existe un estado de insatisfacción social mundial por la crisis económica que afecta no solamente a Latinoamérica sino a Norteamérica y Europa. Estas vicisitudes han provocado un descontento que se ha venido expresando con movimientos sociales multiplicados por el moderno sistema de redes, y finalmente, es notorio el hecho de que esta inestabilidad económica y social ha cambiado la forma de actuar de países como el nuestro, tradicionalmente pacíficos.
República Dominicana no es la misma de antes, su gente no piensa ni actúa igual; el carácter de la nación se ha envalentonado. Las cosas han cambiado y debe pensarse bien antes de tomar decisiones que quizás no sean las más prudentes o asertivas. Debemos tener pendiente que las leyes de este Código han surgido, entre otras cosas, para mantener la paz social a través del uso de la justicia y la humanidad.
Los pueblos de Occidente se encuentran expuestos a una situación peculiar y la gente está confusa: quieren paz, pero a cada instante se sienten violentados por todos los frentes; el desempleo campea y los salarios de aquellos que trabajan se encuentran estáticos o aumentan poco, mientras, el costo de la vida aumenta; la violencia social se desarrolla y la gente se siente desprotegida. Con todo ello, surge el miedo que despierta los más fuertes instintos de autoprotección. Ante esta situación todo es posible . ¡Evitemos que nos afecte más de lo debido el caos global! Usemos los instrumentos precisos, respetemos las convenciones y los derechos de todas las partes.
Uno de los argumentos que menciona la noticia como justificación de la revisión del Código es el hecho de que la disminución del gasto laboral podría aumentar la inversión extranjera y con ello aumentar la cantidad de empleos disponibles. Para entrar en esta materia recordemos que los salarios son costos de la mano de obra, y por tanto, son parte del costo de operaciones de las empresas; o lo que es lo mismo, forman parte de la inversión misma. En este orden, no olvidemos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha creado reglas o estándares para evitar que las empresas, sobre todo las multinacionales, quieran cubrir cualquier desventaja competitiva en el mercado global disminuyendo el costo laboral. Estas leyes con soporte internacional buscan evitar que las multinacionales ejerzan el dumping social: término utilizado cuando se pagan salarios más bajos de lo aceptado con el simple objetivo de lograr mayores márgenes de ganancias.
Por otro lado, en el documento de trabajo Crecimiento y empleo en República Dominicana: Opciones para un crecimiento generador de empleos realizado por U. Abdullaev y M. Estevao (2013) para el Fondo Monetario Internacional se hace notar el carácter divergente del desempeño reciente de nuestro país en materia de crecimiento, mostrando que el alto crecimiento del producto y los altos incrementos de la productividad se han concentrado en pocos sectores; además, hace hincapié en que los puestos de trabajo que se crean tienden a ser de baja calidad. Como puede verse, insistir en reclamar una revisión del Código que afecte de forma negativa el aspecto del costo laboral no es la ruta ideal hacia el crecimiento y desarrollo que necesita nuestro país.
Sabemos que los sueldos y salarios dependen de la oferta y la demanda, de la antigüedad de los empleados, de las negociaciones colectivas, de la complejidad de los puestos y de las tendencias del mercado, entre otras variables de importancia, y todo eso está bien. Pero estamos a la expectativa de que no se pretenda revisar el Código de Trabajo para facilitar la inversión con márgenes exagerados en base a salarios bajos. Esto solo origina una fuerza laboral débil, desmotivada y no comprometida. A corto o largo plazo bajará la productividad y la calidad de los productos se verá afectada.
Debo aclarar, que no se desea que los salarios se conviertan en un alto porcentaje de la utilidad bruta de la empresa, evitando la rentabilidad. No, no se trata de que los salarios constituyan un porcentaje anómalo del beneficio bruto, es decir, que se transformen en algo exagerado e ilógico. Pero es importante hacer notar que es la productividad y no los salarios lo que generalmente influye en el costo.
Lo que se quiere evitar es la llegada a nuestras playas de empresas inescrupulosas. Se busca impedir que se fomente de forma indebida la entrada al país de firmas internacionales o multinacionales que nos elijan como el lugar ideal para realizar sus inversiones por el hecho de que somos un país que carece de reglamentos que protejan a nuestros empleados, a nuestro medio ambiente y a las empresas locales. Se trata de buscar fórmulas donde todos salgan ganadores.
La tendencia actual de los países del Primer Mundo es la de desarrollar políticas y estrategias en defensa de las empresas locales; la de enriquecer sus regulaciones laborales, y la de crear y mejorar la protección medioambiental. Estos tres renglones van de la mano con el progreso económico de un país. Nosotros no podemos volver atrás y eliminar logros que han costado tanto y que se encuentran convertidos en palabras de peso legal, por eso le pedimos a los encargados de este importante trabajo: ¡Prudencia con la revisión del Código Laboral!
Somos un país que busca y lucha por afirmar el orden institucional a medida que crece y queremos que cuando los inversionistas extranjeros evalúen los factores económicos, políticos, legales, culturales y estratégicos de la República Dominicana se decidan a favor de nuestro país. ¡Pero queremos inversión extranjera de calidad!: empresas éticas y socialmente responsables que sumen valor. ¡Qué vengan y se desarrollen a plenitud!, pero a cambio de empleos con compensaciones y beneficios justos, respeto a nuestro medio ambiente y a nuestra cultura y un trato digno a los hombres y mujeres que elijan sus empresas para trabajar.