El Magistrado Juan María Severino fue durante una época el juez más temido por el narcotráfico y el crimen organizado. Los capos le huían como el diablo a la cruz a ser enviados a la Séptima Cámara Penal presidida por el Magistrado Severino, llegándose a decir en aquellos tiempos que los sobornos se ofrecían para que los expedientes de tráfico de droga no fueran a esa jurisdicción.
Era un hombre de gran valor, honesto a carta cabal, que iba cada mañana en carro público al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Fue el juez que hizo historia en el país y América Latina, al juzgar y condenar por primera vez a un ExñPresidente, a un Ex-Jefe de Fuerzas Armadas y a un zar económico, a 20 años de cárcel por corrupción, luego de que siete ex cancilleres venezolanos rindieran un informe al entonces Presidente de Venezuela Jaime Lusinchi, recomendando que le fuera negado el asilo político al ExñPresidente Dr. Salvador Jorge Blanco, al descartar de plano que el expediente acusatorio fuera de índole político y considerando que había indicios graves de crímenes y delitos, contra el Estado dominicano.
La condena de Jorge Blanco, Cuervo Gómez y Leonel Almonte y la severidad del Magistrado Severino contra el crimen organizado y el narcotráfico sellaron su suerte futura, una vez el poder de la Suprema Corte de Justicia, en el año 1997, cayera en manos de la repartición partidaria que hicieran el entonces líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, y el ExñPresidente Joaquín Balaguer, quienes se distribuyeron la composición de la nueva Suprema Corte de Justicia, de la cual pasaron a formar parte los principales abogados del Dr. Salvador Jorge Blanco.
El Magistrado Severino pagó el precio del juzgamiento de Jorge Blanco y del crimen organizado de las drogas. Inmediatamente se aposentó la nueva Suprema Corte de Justicia, fue retirado y desconsiderado en un acto claro de retaliación, al hombre que desde el poder judicial había desafiado poderes políticos y de las mafias. Murió, poco después, en el olvido social, en su provincia natal de Puerto Plata, donde fue enterrado modestamente en un ataúd de pino, sin el más mínimo reconocimiento por parte de la todopoderosa y arrogante Suprema Corte de Justicia.
Junto con el ostracismo de Severino, vinieron los cambios garantistas en el Código Procesal Penal, auspiciados por Usaid y su comparsa financiada de la sociedad civil, el Dr. Subero Isa y Francisco Domínguez Brito. Se le anunció al país con bombos y platillos y con mucho poder mediático, que soplarían los tiempos de los grandes cambios en la judicatura dominicana, recibiéndose en aquellos momentos la mayor cantidad de recursos públicos que jamás hubiera recibido el poder judicial en toda su historia para su dignificación y capacitación.
16 años después, las preguntas que hay que hacerse son sencillas y su respuesta demoledora: ¿Cuál ha sido el comportamiento de esa “nueva justicia” contra el narcotráfico y el crimen organizado? ¿Cuál ha sido el comportamiento judicial en los últimos 16 años frente a la corrupción en el Estado dominicano? La respuesta la conocen todos mis lectores. Un fracaso total, que hace que se recuerde a hombres como el Magistrado Juez María Severino.
Recordar al Magistrado Severino para hacer el contraste de su comportamiento con el Estado actual de cosas en la justicia penal, no nos puede llevar a la mezquindad que sería olvidar que hay en ella jueces probos y con valor, en capacidad de defender esta nación. El Dr. Ramón Horacio González Pérez, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, es uno de ellos. Acaba de dar una muestra palpable de que no todo está perdido y que hay esperanzas en la peligrosa lucha contra el crimen, al oponerse formalmente, mediante un voto disidente, a la escandalosa libertad de dos ciudadanos colombianos acusados de pertenecer a una poderosa banda internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que habían falsificado documentos para ingresar al territorio dominicano.
Aprovechándose del actual Código Procesal Penal, esos imputados, a los cuales se les había impuesto un año de prisión preventiva, solicitaron la variación de la medida para una garantía económica, medida improcedente desde todos los puntos de vista por el peligro de fuga que ella entrañaría y la peligrosidad de la asociación ilícita de la que están siendo acusados.
El paso del tiempo, los escándalos en la justicia penal, la actitud blandengue frente al narco y la corrupción, han ido reivindicando al Magistrado Juez María Severino, pese a las denostaciones y mofas que durante mucho tiempo se hicieron contra él. Su severidad frente al crimen hace mucha falta en el poder judicial de la República Dominicana. Y eso es un clamor de nuestra sociedad.
