Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
La necesidad de celebrar una constituyente en República Dominicana se deriva de la grave crisis que se ha creado en la sociedad con motivo del proceso de corrupción vinculado con el Consorcio de empresas Odebrecht-Tecnimont-Acero Estrellas y que se inició en el año 2013 con las irregularidades que caracterizaron la licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013, para la selección del mejor oferente para la construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina.
Un recurso de amparo incoado por el Consorcio Impe por ante el Tribunal Superior Administrativo a finales de 2013 demandando la revisión del proceso de licitación aludido, dio origen a un conjunto de litigaciones en distintos tribunales y que hoy todavía están algunos pendientes en distintas jurisdicciones.
Después del recurso de amparo el Consorcio Impe introdujo una demanda principal (un recurso contencioso administrativo y tributario) por ante el mismo tribunal, mediante la cual dicha empresa solicitaba que se ordenara la reestructuración del proceso de licitación mencionado. A más tardar en febrero 2014 el país conocía las reclamaciones del Consorcio Gezhouba-Impe, en un litigio que en ese momento no alcanzó gran resonancia en los medios de comunicación social, que mantenían un silencio sepulcral en relación con las demandas de dicho consorcio.
Es cuando estalla el caso Petrobras en Brasil, que luego se expandió a otros países, cuando la gente percibe que las reclamaciones de Impe fueron las primeras que se realizaron a fines de 2013 hasta la fecha de hoy. El Consorcio Impe se vio precisado a enviar el expediente acompañado de una extensa comunicación, que fuera depositada en la embajada de Brasil en República Dominicana, a la presidencia y al procurador general de esa nación; y esa comunicación la publicó el grupo comunicacional O Globo en su revista quincenal Época. Entonces fue cuando los medios de comunicación de República Dominicana se interesaron por divulgar algunas cosas noticias e informaciones emanadas de la parte demandante contra Odebrecht y CDEEE.
En un abrupto proceso aparecen las confesiones y admisiones de responsabilidad de Odebrecht en Brasil y Estados Unidos en el sentido de que dicha empresa utilizaba como herramienta el soborno con funcionarios estatales para que le fueran asignadas obras de envergadura presupuestaria y financiera en más de doce países en que operaba.
En diciembre 2016 se firmó en la Corte Este de New York un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa brasileña mediante el cual esta se comprometió a pagar una multa de más de mil millones de dólares, que más luego fue acogida e impuesta por un juez de New York.
Como consecuencia, en República Dominicana se generó una grave crisis institucional y de credibilidad en relación con el presidente Medina y su gabinete, que hizo y hace hasta el día de hoy todo lo posible para sacar los zapatos del lodo. Debido a que no han podido justificar con claridad las sobrevaluaciones de miles de millones de dólares que beneficiaron a funcionarios dominicanos, la crisis se ha prolongado hasta el día de hoy. El pueblo quiere explicaciones y transparencia, pero no lo ha conseguido hasta la fecha de hoy.
El procurador dominicano ha montado un circo que se ha prolongado indefinidamente, amparado bajo las promesas de que revelará los nombres de los funcionarios comprometidos con los sobornos y crímenes de la empresa Odebrecht, y lo haría tan pronto llegaran todos los datos de Brasil a fines de mayo 2017, promesa que hasta ahora no ha cumplido.
Una constituyente vendría a salvar a un presidente y una élite gubernamental comprometidos con el caso de la termoeléctrica de Punta Catalina. Sin embargo hay graves dificultades para eso, y la primera es que el Palacio Nacional no estará dispuesto bajo ninguna circunstancia a exponerse tal convocatoria. La segunda es que no existen los mecanismos para una constituyente propiamente dicho, sino para una asamblea revisora que se realizaría con las reglas constitucionales y dentro del Congreso Nacional. Y la tercera, que el pueblo dominicano no resulta suficientemente permeable para hacer suya una constituyente o simplemente una reforma constitucional de la democracia corrupta que tenemos.
Actualmente el pueblo dominicano está en una situación de esclavitud espiritual y mental, en una situación demagógica y engañosa, de analfabetismo político total como consecuencia de fenómenos como el barril y el barrilito, del bono luz y el bono gas, del imperio de las telenovelas y la tecnología celular; de los juegos de todo tipo, de los dibujos animados televisados que enseñan la violencia a la niñez y a la adolescencia; un país en donde la mayoría de los comunicadores sociales están sobornados, al igual que las empresas de telecomunicación, es decir, un país que se encuentra en la caverna de Platón (véase el capítulo sobre el mito de la caverna en su obra clásica La República).
Un gran trabajo de propaganda, de justificación ideológica, de comunicación radiotelevisiva ha sido realizado en los últimos meses por los grupos élites, por las troikas enriquecidas y mafiosas, para engañar al pueblo dominicano con respecto a la termoeléctrica de Punta Catalina; trabajo de propaganda masivo que relativamente ha tenido cierto éxito y ha tratado de desnaturalizar los movimientos sociales, entre ellos el más importante que es el llamado “movimiento verde”, el cual la troika neoliberal y corporativa ha tratado de desacreditar.
A todo esto hay que agregar, además, que los sectores de derecha se unificaron con el partido de gobierno y forman un frente que usa los recursos del Estado para neutralizar a sectores que son solidarios con la transformación de la democracia dominicana. Los sectores llamados de izquierda y de centro se han desvanecido y volatilizado en cuanto a su fuerza y eficacia, su unidad y sus luchas, y se han sumado a los objetivos estratégicos del Palacio Nacional, que es permanecer en el poder y reelegirse en 2020 mediante otra reforma constitucional regresiva, totalmente contraria en su espíritu y letra a la constituyente que estamos invocando.
Esa es la razón por la cual hoy día no existe rebeldía ni espíritu de contestación contra el régimen de corrupción imperante.
Entonces nos preguntamos: ¿Quién convocará a un movimiento constituyentista, de revisión de la Constitución?
Los únicos que pueden hacerlo ahora son los sectores componentes del movimiento verde y otros movimientos sociales, pero hasta hoy no han planteado nada al respecto, aunque están contestes con una reforma constitucional que de al traste con la impunidad, el crimen organizado nacional e internacional, la prevaricación, corrupción, tráfico de información privilegiada y todo tipo de fenómenos vinculados con las élites monopólicas del poder político.
La Constitución de 2010 se autoproclama como representante de un Estado social y de Derecho, lo cual es una burda mentira, salpicada de falacias lógicas. Más bien, es representante de un Estado corporativo, un Estado delincuencial, que fomenta el enriquecimiento ilícito, la prevaricación y el robo a todos los niveles de la sociedad y que opera en un medio debilitado y corrompido en sus valores fundamentales.
Es mentira que se trate de un Estado social y de Derecho, pues el pueblo no cuenta, por ejemplo, con un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema productivo que atienda las necesidades históricamente perentorias de la población.
Y es un Estado corporativo porque se fundamenta en las apariencias del Derecho y atiende principalmente las necesidades de los poderosos, de las troikas egoístas y corruptas, entregadas al crimen nacional e internacional, al modelo neoliberal y se arrodillan de manera genuflexa a los EU, dispuestas a bajarse los pantalones cuantas veces sean posibles o necesario para ceder el territorio y nuestros valores.
Si fuera ciertamente un Estado social y de Derecho no tendríamos en República Dominicana de hoy un rosario de realidades negativas y problemas amargos que son generados por la dinámica del propio Estado corrupto, tales como:
Droga, prostitución, violencia doméstica, violencia infantil y contra adolescentes, trata de personas, feminicidio, trata de órganos, contrabando, corrupción generalizad, contaminación ambiental, secuestro forzado, pobreza e indigencia rural y urbana; empleo y desempleo, inmigración ilegal, violencia de pandillas barriales, alcoholismo, suicidio, suicidio infantil, enfermedades infecciosas en la población infantil y mortalidad, los sistemas intelectuales de la juventud universitaria en retroceso empobrecedor; escándalos sexuales en las iglesias, negocio eléctrico contaminado con operaciones dudosas; sistema político dominicano y de partidos políticos que viven del Presupuesto Nacional, mortalidad materna en RD, sicariato, emigración de dominicanos, industria azucarera destrozada; reforma frustrada de la policía y los partidos políticos; reforma electoral fallida, pacto educativo incumplido, pacto eléctrico incumplido, pacto fiscal incumplido, pobreza urbana, pobreza rural, inmigración haitiana, procesos de privatización a todos los niveles, procesos de corrupción, la END poco efectiva, la vivienda deficitaria, procesos de urbanización irregulares, las troikas corporativas estatales; endeudamiento externo, venta de órganos humanos, contrabando, tráfico de armas, de órganos de personas; ausencia de un transporte organizado, de medios comunicación organizados y democráticos; falsificación de medicamentos, manejo de licitaciones públicas; delitos de cuello blanco y asociación de malhechores; lavado y sicariato, fraudes aduaneros, deserción escolar, enfermedades tropicales, dengue, cólera, sequia; extracción de materiales de los ríos, lago y lagunas, corte y quema indiscriminada de árboles y recursos forestales, deuda interna, psicopatías sin asistencia, embarazos de adolescentes, agresiones y daños a la niñez, minería entreguista e indolente, monopolios comerciales e industriales y en los servicios, costo de la vida, estructura salarial insoportable, inseguridad laboral, dificultades de organización de sindicatos de trabajadores, pensiones cebolla, negativa seguridad social… y otras decenas.
El Estado delincuente dominicano es indolente con las transformaciones sociales y la justicia social. Como dice Juan Jacobo Rousseau, un Estado que pone al margen los compromisos del contrato social es un “Estado-bandido”. (Continuaremos).
