Guillermo Moreno (D. Libre, 10-4-17)
El Dr. Julio César Castaños Guzmán, luego de ser investido como Presidente de la Junta Central Electoral, ante una delegación del bloque de partidos de oposición que le visitó el pasado 28 de noviembre, estuvo de acuerdo en abrir un espacio para consensuar con los actores políticos la reforma a la Ley Electoral y una Ley de partidos y agrupaciones políticas.
En la ocasión se le entregó una comunicación que planteaba, entre otras, que “tomando en cuenta que la JCE tiene iniciativa legislativa en materia electoral, que ese Pleno defina la metodología y el proceso para consensuar con la diversidad de actores políticos y sociales la necesaria reforma del actual régimen electoral, (…) todo ello a fin de garantizar, conforme dispone la Constitución, “la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.”
Mientras esperábamos la convocatoria, fuimos sorprendidos, el pasado 28 de marzo por la reintroducción en el Congreso, por el Presidente de la JCE de los dos proyectos de ley de reforma a la ley electoral y de partidos, originalmente depositados por la JCE en el 2011.
¿Qué hizo cambiar de opinión al Dr. Castaños y a los demás miembros de la JCE? ¿Cómo explicar que haya preferido reintroducir estos dos proyectos de leyes elaborados hace 6 años y evidentemente desactualizados? ¿Cuál era la prisa de llevarlos en esas condiciones al Congreso? ¿Puede alguien pensar que ignora la JCE que, de aprobarse sin consenso, las leyes resultantes solo expresarán la voluntad sectaria de la mayoría mecánica del PLD en el Congreso?¿No mandaba la razón y legitimidad democráticas que la JCE propiciara que ambos proyectos de leyes fueran consensuados por los actores políticos, previo a su reintroducción en el Congreso?¿No está consciente la JCE que estas leyes serán determinantes en la organización y el marco legal de las elecciones de 2020, bajo su responsabilidad? ¿Qué puede explicar que la JCE haya ignorado el justo reclamo de los partidos de oposición? ¿Debemos ver los partidos de oposición en esta actuación de la JCE una advertencia y un mal augurio respecto del proceso electoral que se avecina?
En lo inmediato no hay respuestas para estas interrogantes. Solo el discurrir de los acontecimientos, de forma tozuda, las aportará.
El bloque de partidos de oposición, con total diafanidad ha dejado claro que considera esencial la transformación del régimen electoral dominicano. En sus intervenciones ha puesto especial énfasis en los puntos esenciales por los que propugna: i) garantizar la celebración de elecciones transparentes, desarrolladas con equidad y sometidas a la legalidad para que los representantes electos gocen de la legitimidad necesaria; ii) la regulación de los partidos y agrupaciones políticas; iii) el control del financiamiento de los partidos, los aportes de dinero público y privado, limitando el costo multimillonario de las campañas y persiguiendo la presencia de dinero de origen ilícito, todo lo cual está en el origen de la corrupción e impunidad que predomina en el país; iv) la superación de la inequidad en el acceso a la propaganda, la publicidad y a los medios de comunicación; v) el establecimiento de un estricto régimen de consecuencias ante las prácticas políticas violatorias de la ley.
El telón de fondo de la reforma es que los órganos arbitrales en general y, en particular los electorales, se integren con ciudadanos honestos, capaces, de vocación democrática e independientes de los partidos.
No se requiere de dotes especiales para entender que, una reforma de este calado, sólo puede ser el fruto de una sostenida labor de consenso entre los diversos actores políticos y sociales. Por eso, el bloque de partidos de la oposición, en su comunicado del pasado 3 de abril reiteró que el único camino viable era “el diálogo directo e inmediato con el PLD y sus aliados, con el acompañamiento de la JCE y la sociedad civil”.
El Dr. Reynaldo Pared, Presidente del Senado, lejos de ver en este planteamiento de la oposición una oportunidad para darle legitimidad a la reforma electoral y crear un clima propicio para el venidero proceso electoral, con la petulancia que le es habitual, respondió diciendo que ellos no eran “mojiganga”. El Senador por el DN, con su expresión se refería al Congreso Nacional. Sí, al Congreso que él preside, autor del “barrilito”, una forma descarada de corrupción “legalizada”; responsable del más antinacional endeudamiento público de nuestra historia; cómplice de la depredación de las empresas estatales y de las tierras y bienes del CEA; aliado en la compra mediante sobornos y sobrevaluación de los Super Tucanos y de la aprobación de los contratos de las obras construidas por Odebrecht, incluyendo el de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, autores de una modificación constitucional mediante la compra de legisladores para introducir la reelección a favor del actual Presidente de la República.
Por primera vez coincido con el Dr. Reynaldo Pared. Sin dudas, ustedes en el Congreso no son pendejos; ustedes sí saben aprovechar esa representación en beneficio propio. Por eso, es verdad, ustedes mojiganga no son, corruptos sí.
