Hace poco más de un año, como legislador de la República, me tocó presenciar uno de los atropellos y actos de fuerza más graves contra la Constitución de la República Dominicana y contra las más elementales normas del derecho, en ocasión del conocimiento de las observaciones que le hiciera el presidente Danilo Medina al Código Penal, en las que pretendía introducir la legalización del aborto creando determinadas excepciones al derecho que protege la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte.
El presidente Danilo Medina se obsesionó de manera absurda con imponer su voluntad por encima de todo raciocinio, dejando de lado, no sólo el sagrado juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, sino el compromiso que había hecho, siendo candidato presidencial en las elecciones del año 2012, con las iglesias católica y evangélica y con la Fuerza Nacional Progresista (FNP); todo por complacer y hacer simpático su gobierno a la agenda pro aborto de la Embajada de los Estados Unidos.
Al tomar el turno que me correspondía como diputado el día en que se conocieron las observaciones del Presidente al Código Penal, le advertí de manera dramática a mis colegas: primero, que se trataba de una ley orgánica que regulaba derechos fundamentales y que, por lo tanto, necesitaba una mayoría califi cada; segundo, que se violaba la Constitución en el Artículo 37 que establece la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte; y tercero, que era una monstruosidad sin precedente en la historia dominicana que se pudiera convertir en ley de la República el texto propuesto por la observación presidencial, sin que lo conocieran ambas Cámaras.
En aquella ocasión, tiempo en el cual la Fuerza Nacional Progresista (FNP) formaba parte del gobierno del presidente Medina, fueron inenarrables los esfuerzos que hicimos de la mejor buena fe, para convencer al Presidente de su desatino, guiado por la funesta infl uencia del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Le advertí una y otra vez al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, con quien he tenido una relación personal desde la infancia, los riesgos de lo que estaba haciendo el presidente Medina violando la Constitución y propiciando una confrontación directa con las iglesias católica y evangélica, con las cuales él se había comprometido a respetar el derecho que protege la vida desde la concepción hasta la muerte.
No hubo forma ni manera; la embriaguez del poder del presidente Medina y su equipo se obstinaron en procurar la aprobación por encima de cualquier tipo de opinión. Puedo dar testimonio que en esos momentos, conversé con la mayoría de los amigos que componen el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los cuales se rehusaban a cumplir la orden palaciega, renegando de sus propias convicciones cristianas. Vi a madres y colegas, que con lágrimas en los ojos me decían que cómo se le podía ordenar a ellas votar en contra de su conciencia sobre un tema de vida como es la legalización del aborto y con qué cara irían a sus casas, frente a sus hijos, para decirles que habían votado en contra de su conciencia por disciplina partidaria.
Ensoberbecido, el presidente Medina se impuso y exhibió como un trofeo de su liderazgo la aprobación mostrenca con una sola Cámara, del adefesio que había enviado como observación presidencial, procediendo a promulgar como ley de la República un texto solo aprobado por la Cámara de Diputados.
En aquella ocasión dije públicamente que si esa ignominia institucional y jurídica se mantenía como ley, el único camino digno que teníamos los que estudiamos derecho era retirarnos de la profesión y enviar al zafacón todos los libros con que por años fuimos formados.
Afortunadamente, el país tiene un Tribunal Constitucional celoso guardián de la Constitución dominicana, que un año después de aquel manotazo arbitrario del poder, ha declarado nulo el Código Penal en una sentencia histórica, de la cual todavía no se conocen las motivaciones, pero que estamos seguros no pueden ser otras que las relativas, tanto a la forma como fue aprobada dicha ley, como a las violaciones a la Constitución en cuanto al derecho de protección a la vida.
El TC, el mismo que rindió la histórica sentencia 168-13, frontera jurídica inexpugnable que protege la nacionalidad dominicana; el mismo que salvó la soberanía de la República al declarar nulo un tratado vergonzante de ocupación militar de Estados Unidos que consintió el gobierno del Presidente Medina el 20 de enero de este año; ha vuelto a casarse con la gloria haciendo respetar la Constitución y con ello los valores cristianos que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte.
El pueblo dominicano junto a sus guías espirituales, las iglesias católica y evangélica, están de júbilo. Triunfó el derecho; triunfó la Constitución; triunfó la razón. Quedaron derrotados los paniaguados del poder extranjero con su agenda gay pro-abortista, que andan hoy desaforados y desaforadas, vociferando contra el Tribunal Constitucional.
El Palacio Nacional ha manifestado su pesar por el histórico fallo del TC.
Lo único bueno que se podrá sacar de esta experiencia es que el presidente Medina no podrá volver al Estadio Olímpico a decirle a los evangélicos que está contra el aborto, ni podrá hacerlo frente a los católicos. El poder sirvió para que defi niera lo que realmente pretendía hacer, que no era otra cosa que complacer al poder extranjero. Se tendrá que presentar en mayo 15 como un candidato pro aborto. Se acabó el doble juego, la simulación y no defi nición clara de su posición con respecto al aborto.
¡Viva el Tribunal Constitucional! ¡Viva la República Dominicana!
