I
Jose Lois Malkun (Hoy, 13-10-12)
El yaguazo fiscal presentado por el gobierno la pasada semana, tiene el mismo propósito que los cinco paquetazos anteriores de los gobiernos de Leonel Fernández. O sea, el dinero recaudado se usará en tres cosas fundamentales: cerrar la brecha fiscal derivada del desfalco y la corrupción peledeístas; cubrir el despilfarro proselitista que le ha dado cinco victorias electorales consecutivas, y continuar agigantando las nóminas públicas y nominillas, a fin de fortalecer su política clientelista.
A eso se redujeron los ingresos generados por esas cinco reformas, que elevaron el presupuesto de la nación de RD$105,000 millones anuales en el 2004 a RD$505,000 millones en el 2012, mientras el desempleo y la pobreza seguían aumentando. Increíble.
Y todo un pueblo se pregunta ¿aparte de nosotros, quién pagará por el fraude fiscal que disparó el déficit público a RD$187 mil millones en el 2012 (7.4% del PIB), que el gobierno trata de justificar con un Metro, una carretera turística y varias obras inauguradas al vapor con fines proselitistas? ¿Quiénes serán sometidos a la justicia por ese hecho insólito, donde se esconde un desfalco que puede superar los RD$100,000 millones, solo este año? ¿Se justificó el fraude bancario alegando que parte del dinero desfalcado se fue en ayudas a Iglesias, ONG, fundaciones y organizaciones que cumplían una labor social y humanitaria?
Si aquella vez no hubo consideración de ningún tipo, ahora tampoco debe haberla tratándose de dinero robado al fisco.
El Consejo Económico y Social, presidido por monseñor Agripino Núñez, comenzó su trabajo con buen pie, pidiendo cuentas de las ejecuciones presupuestarias del 2006 en adelante. Si el gobierno suministrara esas informaciones desagregadas por partidas, es casi seguro que nadie justificaría un aumento de impuestos.
Encontrarán en esas ejecuciones maniobras financieras ilegales y fraudulentas que les ha costado a los contribuyentes cientos de miles de millones de pesos. Dinero robado despiadadamente en comisiones por obras sobrevaluadas que duplican y hasta triplican su costo real, en compras a sobreprecio y sin mediar concurso, de bienes y servicios que en muchos casos ni llegaron a su destino, en pagos de jugosos contratos de consultorías a vinculados y familiares sin rendir cuentas de nada, en préstamos externos ilegales que terminaron en el bolsillo de varios funcionarios allegados al ex presidente Fernández (Sun Land) y para cubrir una sangría de gastos millonarios en restaurantes, viajes disipatorios, combustibles, alquiler de aviones, fiestas, orgías, cenas de gala y en un sin número de derroches proselitistas que ahora el gobierno quiere que el pueblo dominicano cubra con sus ahorros y sus ingresos.
A ese yaguazo las autoridades le llaman Fortalecer la Capacidad Recaudatoria del Gobierno para el Desarrollo Sostenible cuando lo correcto era decir Fortalecer las Recaudaciones para cubrir el Fraude Fiscal de Leonel Fernández.
Eso del desarrollo sostenible suena como una burla a los dominicanos, que ven estupefactos cómo Leonel Fernández, en un mágico acto de perversidad, comete más delitos financieros que cualquier otro preso en las cárceles del país y anda por el mundo como Juancito el Caminador. Su camarilla no se queda atrás y todos duermen tranquilos sobre sus millones robados, mientras el pueblo se apresta a pagar por sus desmanes.
Lo más grave de todo es que el gobierno no va a reducir sus gastos, como demanda el país, y el dinero que se recaude tendrá el mismo destino de siempre. Hacer lo contrario es negar la naturaleza corporativa del PLD, la esencia de sus éxitos electorales. Es cerrarle el camino a la acumulación de riqueza para perpetuarse en el poder.
II
Pese a que la propuesta original de reforma fiscal presentada por el Gobierno con la intención de recaudar RD$55,000 millones ha sufrido varias modificaciones en menos de un mes, a través de las cuales se han disminuido casi RD$9,000 millones de las recaudaciones fiscales pretendidas inicialmente, economistas, empresarios y organizaciones sociales rechazan el proyecto que ya fue aprobado en el Senado.
El proyecto original de reforma fiscal presentado por el Gobierno ante el Consejo Económico y Social (CES) para lograr un consenso con los diferentes sectores de la sociedad representados en ese organismo, sustentaba el incremento de ingresos tributarios, entre otros puntos, en el aumento del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de 16 a 18% y la aplicación de este tributo de manera progresiva a una gran cantidad de productos que no están gravados actualmente.
Representantes del Centro Bonó, del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales (CREES) y de la Asociación de Industrias de República Dominicana manifestaron su rechazo al actual proyecto, por entender que el mismo no muestra intenciones de reducción del gasto y de establecer una ley de responsabilidad fiscal.
El economista Roque Féliz, del Centro Bonó, dijo que más allá de cualquier consideración a los impuestos de progresividad, tales como los impuestos al valor asociado a los vehículos, patrimonio inmobiliario y otros, lo más pertinente en estos momentos sería discutir una ley de responsabilidad fiscal que evite el desorden en el uso y manejo de los fondos públicos.
“Por eso, para nosotros, las recomendaciones que hizo la comisión bicameral todavía no complace las expectativas de los sectores que hemos estado participando en el movimiento “Justicia Fiscal”, puesto que no está comprometiendo, en la línea del gasto, ninguna responsabilidad de racionalizar, hacer más eficiente y mejorar la calidad del gasto público”, precisó.
Mientras que el economista del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales (CREES), Miguel Collado, manifestó que si el gobierno sólo habla de una reducción de los ingresos que planificaba obtener a través de la reforma tributaria, y no habla de una reducción del gasto, no se puede vislumbrar una disminución del actual déficit fiscal que sobrepasa los RD$187,000 millones.
“Mi respuesta, en realidad, es que cualquier acción que tome el Gobierno debe estar encaminada a la reducción del gasto. El Gobierno ha dado muestras de austeridad, pero muy pocas, entonces, en el presupuesto debería hacer un esfuerzo de reducción superior a los RD$68,000 millones para el año próximo”, expresó Collado al referir que las medidas oficiales todavía no son suficientes para resolver el problema económico de República Dominicana.
Expresó que el proyecto, que deberá aprobarse en la Cámara de Diputados, es una propuesta con muchas distorsiones en el sistema tributario, que penalizan la inversión, el ahorro y la producción.
Algunos impuestos fueron modificados
La aplicación del ITBIS a los productos que se agregan a formar parte de la base impositiva, que en principio establecía un 10% en el 2013, un 12% en 2014, 14% en 2015 y 16% en 2016 varió luego de las consultas y actualmente sería un 8% para el año que viene, un 11% para 2014, 13% para 2015 y 16% para 2016.
Además el proyecto inicial pretendía elevar de 7.5% a 15% el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, y en el actual proyecto, ya sancionado por el Senado, establece un 10% para esta categoría.
Mientras que el impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles que se colocaba en 4.5% en la propuesta original del Gobierno fue bajado a 3%.
Las ventas locales de las zonas francas las gravaba con 5% y actualmente las dejó en 3.5%.
III
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó ayer una instancia al procurador general, Francisco Domínguez Brito, pidiendo investigar al ministro de Economía y principal vocero de la anunciada reforma, Temístocles Montás, así como a los ex ministros de Hacienda, Vicente Bengoa y Daniel Toribio; así como al ex director de Presupuesto, Luis Hernández, para que respondan por el déficit presupuestario de RD$155 mil millones.
El coordinador general de la organización, Julio César De la Rosa Tiburcio, sostiene que los funcionarios deben responder por el déficit presupuestario, en vista de que la estimación del déficit para el 2012 alcanzaría los RD$23 mil millones, llegando a la cifra de RD$155 mil millones como se ha anunciado. “Pedimos al Procurador que profundice respecto a la movilización durante la transición de más de RD$100 mil millones, en pago de contratos y deudas públicas que no estaban contempladas en el presupuesto del 2012”, aduce De la Rosa, tras entregar el documento en compañía de Rigoberto Rosario, coordinador ejecutivo de Adocco.
Expresó que le solicitaron la investigación a Domínguez Brito porque el denominado “hoyo presupuestario” es producto de violaciones a la Constitución de la República, de la ley de Presupuesto y Gastos Públicos, como también de la ley de Crédito Público.
Sostiene que el Poder Ejecutivo no puede realizar ningún gasto que no esté establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado, y que conforme a los datos ofrecidos, estaría gastando al cierre de 2012 la suma de RD$37,324 millones más de lo aprobado en la modificación establecida en la ley número 174-12.
Destacó que el Presupuesto para el año fiscal 2012, se aprobó mediante la Ley 294- 11, del 27 de octubre de 2011, por un monto de RD$430,001 millones, con un déficit de RD$22,444 millones, equivalentes al 0.9% del PIB.
Indicó que al presentar el pacto fiscal se estableció que, al cierre del 2012, el total de gastos ascendería a RD$538,786 millones y el déficit terminaría en RD$155,946 millones, equivalentes al 6.8% del PIB1. Y que para cubrir dicho déficit y las amortizaciones de la deuda, el financiamiento se elevaría a RD$219,094 millones, equivalentes al 9.5% del PIB.
