José del Castillo (D. Libre, 5-10-13)
Un juez supremo norteamericano, el liberal William O. Douglas, quien fuera nominado por Franklin D. Roosevelt en 1939 y desempeñara el cargo hasta 1975 -el ciclo de ejercicio más prolongado en la historia de EEUU, calificado ese año por la revista Time «el juez más doctrinario y comprometido con las libertades civiles» que haya tenido la Suprema Corte-, fungió como asesor nuestro en materia constitucional durante los trabajos de la asamblea revisora (1ro de febrero-20 abril) que proclamó el 29 de abril la Constitución de 1963. A estos fines, Douglas visitó el país en dos ocasiones, el 5 y el 14 de marzo del 63. Como consignara el Dr. José Rafael Molina Ureña, presidente de la asamblea revisora, en comunicación al juez Douglas fechada el 7/5/63, adjunta a una copia de la nueva Constitución, que le fuera remitida «en consideración del interés que usted mostró, en sus recientes visitas a nuestro país, por el trabajo que los diputados del pueblo estaban llevando a cabo y la buena impresión que usted dejó entre ellos».
Agregando Molina Ureña, «su texto revela el espíritu de algunos conceptos provenientes de su gran inteligencia y que nosotros, que tuvimos contacto directo con usted, pudimos recoger debido a nuestras mutuas preocupaciones por la lucha por la democracia y la justicia social.» Tres meses antes, en el Central Intelligence Bulletin de la CIA correspondiente al 2 de febrero de 1963 -cuyo primer punto abordaba la interrupción por los soviéticos de las conversaciones de New York sobre pruebas nucleares y el cuarto la desmovilización inicial de las fuerzas armadas de Katanga en el convulsionado Congo belga-, el séptimo punto, dedicado a República Dominicana, destacaba en su encabezado: «Nuevo borrador de constitución causa ansiedad entre las clases propietarias».
En su dialy brief de novedades clasificadas Top Secret, la CIA reportaba el curso de los acontecimientos mundiales, informando al presidente y a una lista de funcionarios de alto rango de la administración de JFK. Sobre el proyecto, depositado en el congreso por el PRD el 29 de enero del 63, la agencia de inteligencia comentaba: «El borrador de una nueva constitución para la República Dominicana ha causado agitación entre las clases propietarias y ha alarmado a importantes miembros del gobierno interino (Consejo de Estado). La asamblea constituyente, que acordó el 25 de enero reescribir la constitución que sirvió al régimen de Trujillo, es dominada por el Partido Revolucionario Dominicano del Presidente Bosch. El borrador contiene artículos desalentadores para los inversionistas extranjeros. También consagra el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas, permite al Estado ‘colectivizar’ y expropiar la propiedad privada sin indemnización previa, y prohíbe a las corporaciones ser dueñas de terrenos».
Continúa indicando el Bulletin de la CIA: «El Presidente Bonnelly calificó el borrador como una constitución ‘comunista’, un punto de vista compartido por Antonio Imbert, uno de los siete miembros que dirigen el Consejo de Estado. Bonnelly, quien espera evitar cualquier disturbio en el período anterior a la inauguración de Bosch programada para el 27 de febrero, declaró que agitadores no identificados ya están recorriendo el país para capitalizar el descontento causado por las propuestas. Bosch, quien está ahora en Europa tratando de obtener capital privado para apoyar sus planes para desarrollar el país, presumiblemente se ocupará de los artículos que afectan la inversión extranjera para removerlos o modificarlos cuando retorne al país, probablemente dentro de una semana más o menos».
A seguidas, remarcaba la CIA: «Mientras tanto, Imbert, quien ha conspirado casi continuamente para alcanzar el poder para sí durante el pasado año, puede intentar exacerbar la situación en orden a evitar la inauguración, quizás con la ayuda de miembros disgustados de la antigua oligarquía y miembros de la extrema izquierda.» Este último un enfoque aparentemente insólito, que lleva el sello perceptible del embajador John Bartlow Martin, mismo que lidió con el Consejo de Estado y con el gobierno de Bosch como jefe de misión en el país. Y que luego, en medio de la crisis del 65, fuera comisionado por el presidente Johnson para reforzar el trabajo del embajador Tapley Bennett, negociar inicialmente con Bosch en Puerto Rico y convencer a Imbert a encabezar la Junta de Reconstrucción Nacional -contraparte del gobierno constitucionalista de Caamaño e indispensable al arbitraje de la Misión Bundy que exploró a fondo la fórmula Guzmán y al rol de la Comisión Negociadora de la OEA que fraguó el gobierno provisional de García Godoy.
Nueva vez, el Bulletin de la CIA del 20 de febrero titulaba en su punto 5: «Ataques de Bosch a los intereses creados puede conducir a una crisis política mayor». Detallando al respecto: «Inmediatamente a su regreso tras dos meses en el exterior, el Presidente electo Bosch atacó públicamente los ‘intereses creados’ y se podrían generar acciones que conduzcan a una crisis política mayor. En una entrevista de prensa el 17 de febrero, descrita como ‘decepcionantemente demagógica’ por el embajador norteamericano, Bosch reclama que ha obtenido ‘tres veces más ayuda’ en Europa que la lograda en Estados Unidos. Los comentarios de Bosch sobre la constitución propuesta, que para él debe ser ‘revolucionaria’, sugieren que respalda rasgos considerados por algunos como hostiles a la propiedad privada, los negocios y la inversión extranjera. Aunque algunos de los puntos controversiales de la constitución se habían diluido antes de la declaración de Bosch, sin embargo los comentarios de la embajada consideran que sus declaraciones sólo han logrado atemorizar a las clases propietarias y de negocios.»
El citado Bulletin ampliaba: «En una extraordinaria entrevista con el embajador americano la noche del 17 de febrero, Bosch hizo un apasionado ataque verbal contra Antonio Imbert, sobreviviente del grupo que asesinó al pasado dictador y comandante de la policía destacada para proteger a Bosch» (realmente Imbert, en su condición de consejero de Estado, ejercía funciones de supervisión sobre la Policía Nacional, comandada por su jefe, el general Belisario Peguero Guerrero). Según este reporte, Bosch le habría dicho al embajador Martin en alusión a Imbert: «Yo soy su prisionero». Planteando una situación dilemática entre él o Imbert con solución dramática. Observando al respecto: «La embajada sugiere que el temor a Imbert se ha convertido en obsesivo para Bosch, y advierte que el asesinato de Imbert podría tener graves consecuencias. Imbert y muchos oficiales militares han expresado el punto de vista de que el borrador de constitución es un ‘documento comunista’ y estarán pendientes de cualquier movimiento de Bosch que ellos consideren pueda conducir hacia la izquierda.»
De nuevo, el Bulletin la CIA del 23 de febrero reportaba: «En un esfuerzo por evitar una crisis política e incluso la posibilidad de una movida militar en su contra, el Presidente electo Juan Bosch, según se informa, ha decidido descartar el borrador de la nueva constitución, considerado excesivamente ‘revolucionario’ por elementos conservadores dominicanos. Ahora Bosch planea anunciar que gobernará temporalmente bajo la constitución existente, permitiendo a su Partido Revolucionario Dominicano por lo menos seis meses para redactar una nueva, y utilizar su discurso inaugural el 27 de febrero para apaciguar a las clases empresariales y profesionales, así como a las fuerzas armadas. El controversial borrador actual fue elaborado por lugartenientes del partido de Bosch mientras él se encontraba fuera del país.»
En una comunicación fechada 14/5/63, tras la proclamación de la Constitución, el embajador Martin le cuenta al juez Douglas: «Es difícil medir hasta dónde llegó la influencia positiva suya y casi imposible decir cuáles cambios usted pudo haber evitado (tal vez su más útil contribución)». Sobre derechos civiles, comenta que el art.72 (inviolabilidad correspondencia y comunicación telefónica) «parece haber sido hechura suya», ya que no figuraba en el proyecto original. Alude así también a los art. 76 (integridad de detenidos y condenados), 79 (prohibición tortura) y 80 (cárceles modernas). Del mismo modo, Martin consigna la intervención de Douglas en los artículos referentes a expropiaciones y medidas contra monopolios. «El borrador original del PRD había incluido un artículo prohibiendo los monopolios privados; el artículo definitivo es más detallado» (art.30). «Tengo entendido que usted estimuló a la Asamblea a que enmendara el artículo sobre expropiación para eliminar el requerimiento del pago previo en los casos de disputa; esto se hizo en el artículo 22 y si usted no fue responsable directamente, usted fortaleció la resistencia de la Asamblea frente a las presiones empresariales que se oponían al mismo».
Continúa Martin: «Desafortunadamente sus esfuerzos por eliminar el control político tradicional sobre el sistema judicial no fueron exitosos», señalando la elección de los jueces por el Senado, pero con nominación de ternas por la Cámara de Diputados en caso de vacante. Le adjudica al juez Douglas injerencia en los artículos 108 y 109 sobre inmunidad parlamentaria. Concluyendo: «En términos generales parece que usted ha mantenido su benigna influencia en forma más exitosa en las áreas de derechos civiles y expropiación. Tan solo quisiese que lo hubiesen escuchado sobre el tema de la independencia de la Justicia, pero tal vez era demasiado esperar. Más aún, como he dicho, tan sólo Dios sabe qué otra cosa pudo haberse arrastrado, si usted no hubiese estado aquí. Como dice mi sabio favorito, mi hijo Freddy: ‘Algunos días uno gana, otros días uno pierde, y otros días se cancelan por lluvia’. »
Douglas presidía la Fundación Parvin (un dueño de hoteles y casinos), que integraba Jaime Benítez y apoyaba el plan de alfabetización de Sacha Volman.
