Las informaciones que ofreció Gilberto Silva al Tribunal Electoral de Brasil sobre el uso de dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales en América Latina, coinciden con las declaraciones que hace un año dio Mónica Moura a la Policía Federal de Sao Paulo, en el sentido de que por vía suya en 2011 se entregaron fondos a candidatos de Venezuela, Angola y República Dominicana.
Moura, esposa del publicista Joao Santana, declaró que con recursos de la referida empresa se financiaron las campañas del entonces presidente venezolano Hugo Chávez; de José Eduardo Santos, presidente de Angola, y de Danilo Medina, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según informaciones publicadas por el diario brasileño O Globo, en febrero de 2016.
Según Moura, se destinaron U$$35 millones para Chávez, US$50 para Santos, y sobre Medina dijo que no recordaba el monto de los recursos que se habrían entregado para la campaña.
En febrero pasado ella fue condenada a cinco años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción establecida entre la empresa estatal brasileña Petrobras y la constructora Odebrecht.
Santana, quien fue asesor de campaña del presidente Medina en 2012 y 2016, también fue condenado a ocho años por la misma causa.
Esta semana el presidente Medina negó las declaraciones de Silva, exdirector de operaciones de Odebrecht, relativas al supuesto financiamiento de campañas electorales en República Dominicana.
“Nosotros financiamos nuestra campaña y a Joao Santana lo pagamos nosotros en la del 2012 y en la del 2016. Este es un proceso que está en investigación y que está en marcha, la verdad va a salir”, refirió.
El escándalo Odebrecht. El financiamiento de campañas electorales a través de Odebrecht es una de las aristas del escándalo de corrupción entre esa constructora brasileña y la estatal Petrobras, también de Brasil.
Odebrecht, según las declaraciones de sus ejecutivos, conseguía obras estatales a través del pago sobornos.
Esa práctica se extendió a 12 países, la mayoría de América Latina, en los que la empresa pagó alrededor de US$788 millones en sobornos para conseguir la contratación de obras públicas.
La República Dominicana está incluida en ese entramado, donde Odebrecht distribuyó entre intermediarios y funcionarios del gobierno US$92 millones para los mismos fines.
El Ministerio Público dominicano tiene una investigación abierta para determinar cuáles funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Medina recibieron dinero para adjudicar la construcción de obras estatales.
Mientras tanto, la empresa se comprometió a entregarle a las autoridades US$184 millones en compensación por los US$92 millones pagados en soborno. Además del pago de ese dinero, el compromiso incluía revelar los nombres de quienes se beneficiaron con los sobornos.
Eso está supeditado a la firma de un acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público que debe ser validado por un juez. En un primer intento el juez Alejandro Vargas lo objetó porque el procedimiento no era el correcto.
