Oscar Medina (Listin, 6-3-17)
El juez Alejandro Vargas rechazó el procedimiento del acuerdo entre la Procuraduría General de la Republica y Odebrecht -que no el pacto en sí, como se ha dicho de forma viciosa, lo que constituye un tropiezo del Ministerio Público porque retrasa el proceso judicial y las sanciones que deben constituir el colofón de este escandaloso caso de sobornos y corrupción.
Como el magistrado Vargas es considerado un juez correcto, ha de suponerse que su decisión se fundamentó única y exclusivamente en su interpretación de la Constitución y las leyes y en ningún caso estuvo infl uenciada por la presión social. De ahí que en lo adelante corresponde a la Procuraduría atender sus observaciones para corregirlas, a enderezar cualquier entuerto procesal y someterlo nuevamente, ya sea mediante la conciliación o utilizando la fi gura del proceso penal abreviado.
Por diversas razones -siempre y cuando Odebrecht esté dispuesta a resarcir y a colaborar-, la conciliación debe ser el camino a seguir… No en vano fue lo que hicieron Brasil y Estados Unidos. Y los postulados que dieron lugar a esas negociaciones son las mismas que priman en la República Dominicana.
Porque cualquiera que sea la sanción que reciba Odebrecht, para honrarla tiene que subsistir y tener capacidad de pago. Fue ese el criterio lógico que prevaleció en la fi scalía del Distrito Este de Nueva York donde se rubricó el acuerdo mediante el cual Odebrecht se compromete a pagar 2,600 millones de dólares en el transcurso de los próximos 23 años, condiciones que fueron pactadas con la empresa bajo la premisa de que era lo más que podría honrar sin irse a la quiebra.
Pero, además, bajo esos mismos argumentos los benefi ciarios de aquel acuerdo no revocaron los contratos a Odebrecht, y en el caso de Brasil, hasta les levantaron las restricciones para licitar en obras públicas y privadas así como para acceder a fondos del Banco de Desarrollo.
En ese acuerdo, Odebrecht se comprometió a colaborar con la investigación para identifi car a sobornados y sobornadores, algunos de los cuales están presos y procesados en Brasil.
Quienes alegan que un acuerdo de esa naturaleza protege a los ejecutivos de la empresa, olvidan el principio jurídico del “Non bis in idem”, es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Y los ejecutivos brasileños de Odebrecht que actuaron en el país se encuentran entre los 78 que se han sometido al acuerdo de delación premiada, y se supone que serán sancionados por la justicia brasileña.
Pero, además, obtener condenas e indemnizaciones al fi nal de un pleito jurídico, no es tan fácil como lo pintan algunos. Los dominicanos recordamos los casos de fraudes bancarios del año 2003, donde el Estado perdió miles de millones de pesos, recuperó muy poco de los activos de las entidades fi nancieras y a los únicos que les fue muy bien fue a los abogados de ambas partes… Algunos de ellos muy activos con este tema, como si estuvieran oliendo guiso.
Una litis con Odebrecht sería larga, tortuosa, inacabable. Y de ella podríamos salir altamente perjudicados.
Revocar contratos implicaría acudir a arbitrajes internacionales donde no necesariamente iríamos a ganar. Habría que demostrar que se pagaron sobornos por las obras en cuestión, y eso no es tan fácil si -como se ha fi ltrado-, las delaciones sobre el caso dominicano son un tanto vagas.
Lo más gravoso de este caso es lo relativo a las obras que aún Odebrecht mantiene bajo contrato, particularmente la central de Punta Catalina. Sólo convocar a una nueva licitación retrasaría por años la terminación de esa obra, al margen de la dilación que acarrearía un arbitraje internacional. Y un retraso en esos términos conllevaría que mucho más dinero siga fl uyendo desde el erario a los bolsillos de esos que el Presidente señaló como los patrocinadores del caos.
Las autoridades no deben amilanarse ni dejarse seducir por el ruido de la calle… Lo que conviene al país es transar este caso en las mejores condiciones posibles, ya sea mediante un proceso penal abreviado o a través de un acuerdo con Odebrecht.
Y después, cada quien a lo suyo. Los brasileños a pagar por sus desmanes y la Procuraduría a armar un buen expediente contra los malos dominicanos que pagaron y recibieron coimas vayan a la cárcel, sin importar jerarquía política, color partidario o abolengo social.
