Vinicio Castillo (Listin, 6-3-17)
Hace 2 semanas publiqué un artículo en este espacio en el que pedí públicamente al magistrado Alejandro Vargas “casarse con la gloria” rechazando lo que considero es un monumento a la ignominia: el acuerdo confidencial celebrado entre la Procuraduría General de la República y la firma brasileña Odebrecht, mediante el cual el gobierno del presidente Danilo Medina pretende darle impunidad total, tanto a Odebrecht como a sus ejecutivos y relacionados y dejarla en el país operando como si nada hubiera ocurrido.
El magistrado Alejandro Vargas ha salvado el honor y la dignidad de la República y del Poder Judicial. Soportó las presiones que le hizo de manera indirecta el mismo Presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero, en el que el mandatario dio por un hecho consumado la validación del vergonzoso Acuerdo con Odebrecht.
En una sociedad tan descompuesta como la que vivimos, que aparezca un juez honesto, con capacidad técnica-jurídica, que le diga a quienes detentan el poder político de la República “ésto no puede ser”, “esto es inadmisible”, “usted no puede tratar un enfermo con un cáncer terminal con cilantro ancho, a menos que usted quiera que el paciente se muera”, es un hecho trascendental que prueba las reservas morales que tiene la nación en medio de tanta degradación.
Desde el punto de vista jurídico, el magistrado Vargas en su fallo dictaminó lo que es un ABC entre todos los abogados que ejercen el derecho penal. La figura jurídica de “La Conciliación” que establece el Código Procesal Penal no aplica jamás en un caso tan grave como el de Odebrecht, considerado ya como el caso de soborno más grande de la historia de la República Dominicana y de América Latina.
El magistrado Vargas, de manera juiciosa y elegante, le dijo al Ministerio Público en su sentencia: “Si usted quiere llegar a un acuerdo con Odebrecht, usted tiene otros remedios procesales que son mucho más rigurosos que la conciliación.” ¿Cuáles son esos remedios procesales a los que se refirió el juez? Esos remedios procesales son el procedimiento penal abreviado y la posibilidad de los criterios de oportunidad en casos complejos establecidos en el artículo 370 del CPP.
¿Desconocía el Ministerio Público y sus reputados asesores legales los remedios procesales a que se refiere el Magistrado Vargas en su sentencia? ¿Por qué no se fueron por el juicio penal abreviado, como han sugerido distinguidos amigos juristas que ejercen en materia penal? ¿Fue un error inocente irse por la conciliación? El Ministerio Público no se fue por la vía del juicio penal abreviado porque no le convenía ni se amoldaba al acuerdo que tiene con los brasileños de Odebrecht. En el juicio penal abreviado el Procurador no puede hablar de “homologación”, tiene que acusar a personas de carne y hueso, tiene que haber imputados, tiene que haber sentencias acordadas. No puede perdonar a Odebrecht ni a sus ejecutivos por promesas de que “van a colaborar”.
El criterio de oportunidad en casos complejos que establece el artículo 370 del CPP, igualmente condiciona a que sea autorizado por el juez de manera expresa, siempre y cuando “la acción penal de la que se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita”.
En este caso, la infracción cometida por Odebrecht y sus ejecutivos no es más leve; son autores principales de soborno, por lo que no podría justificarse criterio de oportunidad.
Pero, en todo caso, tendría ya que haber acusados, pruebas, confesiones, transferencias, que el juez soberanamente aprecie.
Aunque quiera disimular el golpe, la realidad es que el Ministerio Público está entrampado con los remedios procesales que tiene a mano y que le fueron indicados por el juez en su sentencia, porque le contraría el acuerdo de impunidad con Odebrecht, quien avanzó 30 millones de dólares como parte del supuesto Acuerdo, en el mismo momento en que el Estado le pagaba 100, en medio de una investigación criminal, hecho insólito que revela una clara complicidad oficial con Odebrecht.
El último ardid publicitario que quieren vender al pueblo ahora, es que el fallo del magistrado Vargas es el culpable de que se retrase el enjuiciamiento de los funcionarios públicos responsables de soborno y que sin ese Acuerdo es imposible que haya proceso penal en el Caso Odebrecht. Nada más falso. La prueba mayor es que en ningún país en que Odebrecht confesó haber sobornado, está negociando con Odebrecht sobre la base de darle impunidad total, penal y civil, por sus fechorías. Ninguno.
Sólo RD.
Odebrecht se obligó con la justicia de Brasil y de Estados Unidos a dar todas las informaciones y cooperación debida para perseguir a los funcionarios públicos sobornados en los 12 países de América Latina. Todas las confesiones homologadas en Brasil son pruebas perfectas para ser usadas en la República Dominicana.
Todas las transferencias y operaciones bancarias fraudulentas en la caja oculta de Odebrecht están en manos de las autoridades brasileñas, de Suiza y de Estados Unidos, quienes están obligados por acuerdos internacionales a entregarlas a los países afectados, obviamente, si hay interés del Ministerio Público de requerirlas.
El país tiene motivos para sentirse regocijado y orgulloso del magistrado Alejandro Vargas, con quien, dicho sea de paso, sólo he tenido una relación protocolar y cordial de abogado a juez. Lo felicito de corazón y creo que le hizo un gran servicio a la República.
