Nacionales Politica

El TC y el natimuerto Código Penal

Escrito por Debate Plural
Luis M. Vílchez (Listin, 8-12-15)

 

No importa la posición que hayamos tenido con respecto del aborto y sobre los demás temas que estuvieron en discusión para la aprobación del nuevo Código Penal, pues lo importante es que todos los dominicanos tengamos siempre una causa en común: que toda ley que sea aprobada cumpla con las disposiciones establecidas en nuestra Carta Magna para su creación o modificación.

Nuestro Tribunal Constitucional no tenía otro camino que declarar la inconstitucionalidad de los Arts.

107, 108, 109 y 110 de la ley 550-14 en vista de la cantidad de inobservancias cometidas en la aprobación de dicha ley. La Supremacía de nuestra Carta Magna se encuentra establecida en su Art. 6 al establecer que ninguna ley, resolución, acto, reglamento puede estar por encima de la Constitución y mucho menos puede contradecirla.

Desde el momento en que el legislador desconoce esta disposición hace que, aquello que comenzó como una pequeña bola de nieve, se convierta en una gran avalancha en perjuicio del sistema constitucional dominicano.

Nuestra Constitución, a partir del 2010, hace la diferencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, al establecer que son leyes orgánicas aquellas que regulan derechos fundamentales, la seguridad y la defensa, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, la organización territorial y aquellas materias expresamente indicadas en la Constitución, ¿podemos seriamente llegar a la conclusión de que la ley que instituye el Código Penal no es orgánica a pesar de que la misma regula y afecta Derechos Fundamentales de las personas a través de mecanismos de protección y estableciendo penas privativas de libertad? Entender que la ley que contiene el Código Penal es una ley orgánica no es un invento de quienes quieren que las cosas se hagan correctamente, es algo que internacionalmente es aceptado por sociedades con sistemas similares al nuestro. Nuestros legisladores además de violar el Art. 112 de la Constitución, que señala que las leyes orgánicas deben ser aprobadas por una mayoría calificada, esto es, con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara, también violaron su Art. 102, que indica que las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, tanto a leyes ordinarias como orgánicas, deben contar con la aprobación de estas dos terceras partes.

¿Por qué la necedad de no querer cumplir con las mismas obligaciones que la Constitución impone? Parte de los diputados y ciertos abogados fueron de opinión que estas observaciones hechas por el Poder Ejecutivo y que fueron aprobadas irregularmente por la Cámara de Diputados no necesitaban de la aprobación del Senado; sin embargo, esta penosa interpretación va en contra de toda lógica constitucional, pues convertiríamos en decorativos e innecesarios a nuestros senadores, quienes no tuvieron la oportunidad de conocer, discutir, aprobar o rechazar las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.

Por esta razón fue que terminamos teniendo en nuestras manos una ley que no contó con la mayoría constitucional requerida, que no fue del todo discutido ante ambas cámaras, y es por eso que su validez al ser discutida por ante nuestro Tribunal Constitucional, terminó siendo declarada inconstitucional. Resulta fastidioso que haya personas que todavía piensen que se trató de un pataleo de quienes “perdieron” en la democrática lucha que saludablemente debe haber al momento de aprobarse una ley; la cual debe reflejar la voluntad del pueblo, cosa que no sucede cuando no se cuenta con la mayoría calificada que necesitaba para su aprobación una ley orgánica, ni con aprobación del Senado de aquellas observaciones que fueron hechas por el Presidente.

Tampoco podía hablarse de “práctica parlamentaria”, como decían algunos, cuando fue a partir del 2010 que nuestra Constitución otorgó una fuerza superior a las leyes orgánicas frente a las ordinarias al establecer que las orgánicas necesitaban de una mayoría calificada para su aprobación. Igualmente en nuestro sistema legal, una práctica o costumbre no puede bajo ninguna situación estar por encima de las disposiciones contenidas en la Constitución; en caso de que nuestros legisladores entiendan que la mayoría calificada que requieren los Arts.

102 y 112 no se aplican deben primero ser derogadas pero nunca deberán hacerlo por una simple costumbre o “práctica”. Ni nuestro Presidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los grupos a favor del aborto, ni los grupos que están en contra, están por encima del respeto que se merece y se le debe a la Constitución Dominicana.

De nada nos sirve tener una Carta Magna cuando todo el que quiere la aplica a su conveniencia.

La insensatez de nuestros diputados y el desconocimiento de nuestro Presidente de estos requisitos constitucionales al momento de promulgar la ley 550-14 hizo de esta ley algo inservible, se trató de un Código Penal natimuerto.

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