José del Castillo (D. Libre, 14-12-13)
Son pocos los estados en el mundo que, como República Dominicana y Haití, comparten el territorio de una isla de 76 mil km2, dividida por una porosa frontera de 388 kilómetros cuya dinámica diaria tiene múltiples lecturas. Es la vía de acceso a un incesante flujo de inmigrantes ilegales atraídos por mayores oportunidades de empleo, mejor calidad de vida y el disfrute de servicios sociales, cuyo volumen ha desbordado por décadas los controles de las autoridades dominicanas. Hoy estimado, en proyección conservadora derivada de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de la ONE, en 668 mil personas de origen haitiano. Desbordamiento migratorio que ha generado un problema crónico, motivo de frecuentes tensiones bilaterales y de serias presiones internacionales.
Es bien sabido que los haitianos han suplido durante casi un siglo la fuerza de trabajo para la zafra en la decaída industria azucarera, y que hoy lo hacen en las principales cosechas, la ganadería y la construcción, entre otros sectores de la economía dominicana que incluyen el turismo y el servicio doméstico. Representando su presencia por esta vía un inestimable aporte laboral a nuestro crecimiento, del cual tienen conocimiento directo sus empleadores, beneficiarios primarios de su utilización.
Sin embargo la multiplicación de su visibilidad social en las ciudades -acentuada a raíz del trágico terremoto del 12/01/10 que devastó Puerto Príncipe-, como se evidencia en el polígono central de Santo Domingo, los barrios de la zona sur de Santiago y en el municipio turístico de Verón, donde un censo auspiciado por el grupo Punta Cana arrojó unos 30 mil haitianos en una población de 75 habitantes. La gravitación sobre los servicios públicos de salud -UNICEF determinó que en 2012 el 14.3% de los nacimientos en 29 hospitales de Salud Pública correspondió a parturientas extranjeras- y de educación. Así como la informalidad de su status legal y laboral -junto al trasfondo histórico de conflictos entre los dos pueblos y el virtual colapso del Estado haitiano que ya alcanza casi tres décadas-, han incrementado el temor en sectores de la población dominicana respecto a un inminente «riesgo de contagio».
Los últimos incidentes violentos entre grupos de haitianos y dominicanos registrados en diferentes poblaciones del país y en puntos de acceso fronterizo, de lado y lado, son signos preocupantes de confrontaciones étnicas. Uuna advertencia realizada años atrás por una comisión del Parlamento Europeo que evaluó la situación a ambos lados de la Hispaniola. A su vez, la percepción de «riesgo de contagio» ha sido reforzada por la creciente impresión de que actores claves de la comunidad internacional buscan viabilizar la dramática situación del vecino país mediante «soluciones conjuntas» con la República Dominicana, que conllevarían pérdida de soberanía efectiva y de identidad cultural.
Una primera señal que provocó un verdadero shock en un gobernante globalizado como Leonel Fernández durante su segundo mandato, fue la inclusión del país en el rango 19 de las 20 naciones más expuestas a convertirse en Estados Fallidos -conforme a un Index del 2005 publicado en junio del 2006 por la revista Foreign Policy y el Fund for Peace de Washington-, compartiendo República Dominicana méritos negativos con Irak, Afganistán, Haití y Colombia (los tres primeros ocupados militarmente por fuerzas extranjeras y el último en situación de insurgencia crónica debido a la narco guerrilla y las FARC), apuntaló esta creencia.
Cuando se analiza la metodología empleada por el equipo de investigación que elabora el referido Index para determinar los rangos otorgados a cada país, se cae en cuenta que en el conjunto de indicadores empleados para establecer el puntaje (score), República Dominicana quedó desfavorecida dada su exposición al «riesgo de contagio» respecto a su vecino. La fragilidad de Haití ante crisis económicas, sociales, políticas, medioambientales, de seguridad, demográficas y catástrofes naturales, nos hace vulnerables en grado sumo. Debido a la contigüidad territorial, a la ya alta presencia migratoria ilegal haitiana en República Dominicana y a las tendencias observadas en las relaciones entre los dos estados. Sumado a ello, aparecen nuestras propias debilidades institucionales y precariedades crónicas. O sea, las limitaciones en nuestra capacidad para resistir una presión desbordada mayor. En el Index del 2005 incidió además la crisis financiera 2003/04 y su impacto socioeconómico.
En aquella ocasión, un sociólogo libre de toda sospecha de «nacionalismo» o «chauvinismo», el cocolo descendiente Carlos Dore Cabral -en cuyo ascendiente figura Charles Dore, el legendario manager del Licey de los años 20-, entonces director de Información, Análisis y Planificación Estratégica de la Presidencia (DIAPE), afirmó que detrás de la igualación de los dos países limítrofes se escondía «una idea nunca oficialmente planteada, como es la fusión de la isla Hispaniola». Por su lado, el presidente Leonel Fernández rechazó tajantemente la calificación del Index, así como cualquier idea intervencionista. Advirtiendo: «No hay soluciones conjuntas para República Dominicana y Haití. Haití es una realidad distinta a la República Dominicana».
La reacción del gobierno dominicano -que incluyó una oportuna comunicación crítica comentando los presupuestos metodológicos de la calificación que se nos concediera en el Index-, llevó a una revisión más rigurosa al equipo evaluador. En el Index del 2013, la RD ocupa ahora el rango 95 dentro de una lista de 178 países, ubicada en una franja naranja clara que precede al nivel mostaza, muy distante de aquél rango 19. Pero nuestros vecinos figuran en la posición 8, a seguidas de Afganistán (7), dentro del grupo de estados fallidos encabezado por Somalia y el Congo. ¡Zafa!
El Plan Nacional de Regularización que figura como un mandato de la Ley de Migración promulgada en 15/8/04, finalmente formulado y puesto en ejecución mediante decreto del Poder Ejecutivo tras la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, busca poner orden en la casa ante el precitado descontrol migratorio, incrementado en las últimas décadas. Tras un intenso debate nacional y en medio de los escarceos internacionales que se mantienen activos -más en torno al tema del derecho a la nacionalidad de los descendientes de inmigrantes indocumentados-, el proceso de regularización de los extranjeros establecidos en el país empieza a dar sus primeros pasos.
Unos 190 braceros haitianos del Consorcio Azucarero Central, que opera el ingenio Barahona, libreta de pasaporte de Haití y carnet de la Dirección General de Migración en mano, fueron regularizados como avanzada de unos 420 trabajadores extranjeros que emplea dicha empresa. En el sector bananero, en el cual el 66% de la fuerza de trabajo es haitiana -85% hombres, 15% mujeres que se ocupan del lavado y empaque-, también se mueve positivamente la tendencia hacia la formalización del status migratorio. Decenas de trabajadores de la empresa Quinta Pasadena, en Cercadillo, Mao, recibieron sus documentos de manos de la DGM, con la presencia de ejecutivos de la compañía y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Frank Rainieri -el visionario pionero del desarrollo turístico de Punta Cana- anunció la legalización en ese polo de más de 800 trabajadores haitianos en apenas dos semanas. Significando con ello la observancia de la normativa migratoria por parte de los empresarios del sector, beneficiarios directos de esta mano de obra a través de su empleo en la construcción de hoteles y villas. Según mi admirado amigo lasallista, este cambio de status representaría un incremento de 35% en los ingresos de los regularizados. Una de sus bondades colaterales, aparte de garantizar mejor sus derechos.
En los últimos años, a medida que la situación en Haití se ha agravado, las presiones internacionales para que la República Dominicana adopte medidas a favor de la regularización del status de los nacionales haitianos que residen ilegalmente en el país y de sus familiares se han estado recrudeciendo. Dentro de estas acciones figuran aquellas que parten de presupuestos lógicos y legítimos, de conveniencia universal tanto para el país receptor de la migración como para los propios migrantes. Pero también se registran opiniones que pretenden desconocer los intereses válidos que tiene el país para preservar y perfeccionar el funcionamiento de sus instituciones, entre ellas el Registro Civil, que tantos dolores de cabeza ha dado en el pasado. Siendo sus deficiencias fuente para la comisión de fraudes electorales, delitos inmobiliarios y de derechos sucesorales.
Un ejemplo de este enfoque sesgado se puede encontrar en ciertas propuestas del informe Personas Ilegales que publicara en 2002 la organización de derechos humanos Human Rights Watch. Tras un análisis exhaustivo de la problemática haitiana en el país, una de sus recomendaciones al gobierno dominicano, de adoptarse, desvirtuaría el sistema nacional de Registro Civil y el de Identidad Personal: «Los funcionarios del Registro Civil no deben exigir a los padres de niños nacidos en la República Dominicana que presenten cédulas (de identidad) para obtener las actas de nacimiento de sus hijos.» Con ello se ignora que los mayores traumas político-electorales de la República Dominicana de las últimas décadas han girado en torno a la confiabilidad del Registro Civil y el sistema de identificación personal. Lo cual ha requerido de reformas legales e institucionales, así como cuantiosas inversiones en equipos para su modernización, con fases aun pendientes, orientadas a la informatización plena de las oficialías.
De este modo, nuestros intereses legítimos suelen ser relegados bajo premisas humanitarias que sus sustentantes no aplican para sí. Máxime tras los atentados del 11-S, de Madrid y Londres, cuando los controles migratorios y de seguridad en Estados Unidos y la Unión Europea se endurecieron.
