Gobierno ha salido de los escándalos; pero la gente espera por “pejes gordos”
Abel Guzmán (D. Libre, 16-1-17)
Los gobiernos del presidente Danilo Medina se han caracterizado por saber salir de abajo a temas escandalosos en lo relativo a la corrupción, pero la gran queja de los ciudadanos es que al final no caen “los pejes gordos” implicados en las tramas.
El gobierno dice que cumple con dejar los casos en las manos de la justicia, pero la sociedad le culpa de que no prosperen como tienen que hacerlo porque el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) controla mayoritariamente todos los poderes del Estado.
“La gente quiere ver sangre” admitió el mandatario antes de cumplir el primer año de su gestión en julio de 2013 ante los reclamos de sectores de la sociedad civil para que se tomen medidas frente a pasados y recientes casos de corrupción.
Aún se espera que caigan los grandes en la mafia que explotó en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) el 25 de septiembre del 2015, con el suicidio del contratista arquitecto David Rodríguez García.
Las denominadas “cadenas humanas” se apostaron varias semanas frente a la OISOE en protesta frente al escándalo, como muestra del repudio de organizaciones de la sociedad civil que exigían justicia y la eliminación de esa institución como centro de corrupción.
Alejandro de los Santos y Yoel Soriano Fabián, Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, son los acusados de dirigir una organización cuyo accionar se basó supuestamente en extorsionar a contratistas de la OISOE.
El 31 de octubre del año pasado fueron enviados a juicio de fondo.
Esa entidad ya venía emanando tufos que culminaron con la destitución del director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, el 3 de agosto de ese año.
La construcción del Hospital Doctor Darío Contreras generó un escándalo por las irregularidades en la obras que ascendió a 1,700 millones de pesos, pero el tema se enfrió luego que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), rindiera un informe sobre el peritaje realizado al nuevo hospital, en el que aseguró no haber detectado irregularidades.
Medina también destituyó en agosto del 2015 al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Alberto Holguín, quien es acusado de malversar RD$190 millones, pero su caso se ha venido aplazando como ocurrió el pasado 10 de enero en el Primer Tribunal Colegiado, que reenvió el juicio de fondo para el 13 de febrero.
El politólogo Rafael Toribio argumenta que en algunas oportunidades “el gobierno se aprovecha de un tema que se posesiona y otras veces crea un tema con la intención de desplazar otro”.
El experto consideró que el Gobierno trata que la atención se centre en uno de los aspectos del tema relegando otros, y puso como ejemplo que ahora está enfocado en los sobornos, pero no en la sobrevaluación de las obras que realizó esa empresa brasileña.
“En muchas ocasiones el Gobierno aprovecha lo que decía Maquiavelo, la fortuna y las circunstancias que se presentan, y permite que se desplacen los temas anteriores que no están resueltos”, puntualizó.
Opinó que el caso de los aviones Súper Tucano tuvo una vigencia efímera porque han venido otros temas que lo han relegado, como el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht.
Sostiene que el Gobierno juega a la estrategia con algunos temas como el de la planta de Punta Catalina, donde decidió crear una comisión para que investigue ese proceso.
II
Sectores opinan debieron ya producirse arrestos en investigaciones Odebrecht
Tania Molina (D. Libre, 30-1-17)
La semana pasada, la Fiscalía de Panamá anunció la formulación de cargos directos contra 17 personas, incluidos ex funcionarios, empresarios de ese país y del extranjero y representantes del sector bancario, por presunta participación en el pago de sobornos que hizo la empresa Odebrecht.
El propio presidente de ese país, Juan Carlos Varela, se pronunció sobre el caso, y anunció que se querellaría contra la empresa brasileña por la forma en que se manejaron los contratos de las obras que ejecutó en gobiernos anteriores al suyo.
A las acciones de Panamá, anteceden las de Perú, donde dos personas guardan prisión y hay orden de arresto para otras tres, por supuestamente recibir dinero de Odebrecht para la adjudicación de la construcción del Metro de Lima. Entre los que tienen orden de arresto se encuentra Jorge Luis Cuba Hidalgo, exgerente general del Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima.
Ambos países forman parte de los 11 en los que Odebrecht pagó unos US$788 millones en sobornos, conforme el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La República Dominicana es otro en la lista, con un monto de US$92 millones en sobornos, y donde las acciones de investigación ya concluyeron la primera fase, por lo menos, de los interrogatorios, anunció el jueves la Procuraduría General de la República.
Aunque hace una semana, el procurador Jean Alain Rodríguez anunció un acuerdo con la empresa, que se habría comprometido a pagar US$184 millones por los sobornos, y ha tomado declaración o interrogado a una veintena de funcionarios y exfuncionarios, sus acciones todavía no convencen a una buena parte de la población.
“Nosotros no creemos en el proceso que lleva la Procuraduría General de la República. Evidentemente que se trata de un elemento de distracción y de ganar tiempo”, comenta María Teresa Cabrera, una de las organizadoras de la “Marcha contra la Impunidad”, que el pasado domingo 22 de enero reunió a miles de dominicanos que caminaron pidiendo sanciones para los implicados en el caso Odebrecht.
Cabrera entiende que la manera en cómo se ha llevado el proceso de investigación no genera confianza, y pone de ejemplo la comisión que nombró el Poder Ejecutivo para investigar el contrato de las plantas a carbón de Punta Catalina, a la que se cuestiona la calidad de algunos de sus integrantes.
También critica la forma en cómo se llama a entrevistar a exfuncionarios y los allanamientos. “Se hacen luego de haber hablado con ellos, y de que tuvieran tiempo suficiente para esconder o guardar documentos que pudieran ser importantes para la investigación”. Cabrera se refiere al allanamiento que el pasado 18 de enero realizó la Procuraduría a las oficinas de Odebrecht, luego de haberse cumplido el plazo de tres días que dio para presentar documentos, tras un interrogatorio al representante de la empresa en el país, Marcelo Hofke.
En ese interrogatorio, Hofke habría señalado el nombre del empresario Ángel Rondón como la persona a la que se le entregó los US$92 millones para el soborno, pero Rondón alega que recibió el dinero por sus servicios como representante comercial de Odebrecht en el país.
Rondón fue señalado, además, por ejecutivos bancarios de Odebrecht, como uno de los dominicanos que manejó cuentas que eran alimentadas por esa empresa. Esos delatores mencionaron a unas cuatro personas como los que manejaban cuentas bancarias, de las que sólo fue interrogado por la Procuraduría el empresario Rondón.
Hasta el momento, no hay detenidos en el país por recibir los sobornos, y Cabrera entiende que, si existiera intención y voluntad política, ya debiera haber personas tras las rejas.
“Por eso nosotros insistimos en que la única garantía que tenemos de que haya una investigación seria, sanción y que se recupere el dinero robado al pueblo por la vía de los sobornos y de la sobrevaluación, es que el Estado dominicano solicite a las Naciones Unidas una comisión para investigar el caso, apelando a los convenios internacionales como han hecho otros países”.
Además de Brasil, que inició las investigaciones en torno a Odebrecht, y donde se han emitido más de 80 condenas, en Colombia están bajo arresto un exviceministro de Transporte, y un exsenador por el caso de los sobornos. Guatemala nombró una “Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)”, que lleva el caso, y han salido los nombres de unos tres exministros. En Argentina, la justicia imputó al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y en Venezuela se anunció que se dictó orden de arresto contra una persona que no se especificó.
III
Embajador dice depende de gobierno dominicano llegar al final de casos Tucano y Odebrecht
Carlos Reyes (D. Libre, 16-1-17)
El embajador de Estados Unidos, James Brewster, declaró que depende de las autoridades dominicanas llegar hasta el final en las investigaciones de los casos de Odebrecht y los Súper Tucanos, ambos surgidos a raíz de iniciativas del Departamento de Justicia del país norteamericano.
El funcionario explicó que su país ha brindado todo el apoyo y la colaboración a la Procuraduría General de la República, pero que no puede ofrecer detalles sobre los casos porque aun están en fase de investigación
“Los Estados Unidos continúan apoyando al procurador general y hemos puesto a disposición nuestros servicios para la continuidad de este caso”, señaló Brewster sobre el seguimiento a la compañía brasileña Odebrecht por el pago de sobornos en distintos países, incluida la República Dominicana.
Asimismo, señaló que es responsabilidad del Estado dominicano dar a conocer todos los detalles sobre las investigaciones y personas que pudiesen estar implicadas.
“Depende del gobierno dominicano la continuidad”, apuntó Brewster en respuestas a la prensa, tras recibir un reconocimiento por parte del Consejo Nacional de VIH y Sida por su labor en el país a favor de las personas que padecen estas enfermedades de transmisión sexual.
IV
Procuraduría ya tiene documentos de Odebrecht y empresario Ángel Rondón
Hogla Enecia Pérez (D. Libre, 17-1-17)
El gerente general de la empresa Norberto Odebrecht en el país entregó ayer a la Procuraduría General de la República cinco carpetas que contienen las relaciones contractuales de esa compañía con entidades del Estado dominicano.
Robert Valdez, abogado de Marcelo Hofke, dijo ayer que han cumplido “en tiempo, modo y contenido” el requerimiento hecho la pasada semana por el Procurador Jean Alain Rodríguez y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.
Al igual que Hofke, el representante comercial de la empresa brasileña en el país, Ángel Rondón Rijo, depositó a través de sus abogados, los documentos que sustentan la recepción de US$92 millones como pago de honorarios por sus servicios ofrecidos al “gigante de la construcción”.
Valdez, quien aseguró haber cumplido con los requerimientos del órgano investigador, pidió dejar que las investigaciones sigan su curso.
“Lo que recomiendo es que ustedes esperen que se complete el proceso, una vez el proceso esté completado pueden tener una idea más terminada del asunto”, respondió a los medios de comunicación el representante legal de Odebrecht.
La pasada semana, el Procurador otorgó un plazo de tres días al gerente de Odebrecht para que le remitiera los contratos firmados en Brasil, así como los nombres de quienes recibieron el dinero para adjudicarles obras del Estado.
Igual plazo fue otorgado a Rondón Rijo, quien es señalado como la persona que recibió los dólares para pagar las coimas.
Ayer se comenzó a realizar interrogatorios a exfuncionarios públicos, en cuyas gestiones se contrataron los servicios de Odebrecht.
El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, fue el primero en ser llamado para ofrecer información respecto al contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Palomino, ubicado entre las provincias San Juan y Azua.
Explicó que no se le solicitó documentación adicional sobre el proyecto que inicialmente fue para ejecutarse por US$255 millones, sino que todo versó respecto al contrato firmado en abril del 2005.
“Lo que quiero reiterar aquí es que fui bien tratado, que nosotros estamos en la disposición de colaborar con las autoridades, en todo lo que la autoridad considere conveniente. Estamos a la disposición, somos en este caso un libro abierto, no tenemos nada que ocultar, no hemos hecho, que consideremos nosotros, nada malo”, refirió a su salida.
Negó que durante el proceso de negociación con la empresa que admitió ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó los millones de dólares en soborno para adquirir obras en República Dominicana, Ángel Rondón haya intermediado.
“Por lo menos en lo que me correspondió hacer, no hubo intermediación de nadie. El señor Rondón no participó en las negociaciones en que yo participé”, respondió.
Este martes serán interrogados dos exfuncionarios, cuyos nombres no fueron revelados.
El exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, reveló, luego de su interrogatorio, que las autoridades de la Procuraduría le habían comunicado que “estaban satisfechos con las informaciones”. Segura reiteró su disposición “a colaborar con la justicia en todo”.
