Ambos casos han llegado a término en la justicia de Estados Unidos con condenas a ambas empresas por utilizar el soborno como mecanismo para obtener contratos y se le han impuesto multas multimillonarias.
Los casos se han tratado en esa nación porque ambas cotizan en la bolsa de valores estadounidense y por tanto están bajo su régimen de control.
Condenadas a pagar multas
La justicia norteamericana condenó a Embraer al pago de 205 millones de dólares de multa por distribuir sobornos en varios países, incluyendo 3.5 millones de dólares en República Dominicana por la venta de ocho aviones Super Tucano, que costaron 93 millones de dólares.
Asimismo, estableció que Odebrecht pagó 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos entre 2001 y 2014 para conseguir diversos contratos de construcción de obras, según la acusación presentada contra Odebrecht.
En ese período gobernaron los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al fijar como fecha de inicio de esta práctica el año 2001, la acusación pone inicio a la trama con la primera obra construida por esa empresa en el país, que fue el acueducto de la Línea Noroeste.
Asimismo, al ponerle término en 2014, es decir los dos primeros años del primer gobierno de Danilo Medina, pone bajo la lupa las tres obras contratadas en ese período, que son las plantas de carbón de Punta Catalina, la carretera Sabana de la Mar-Miches y el tramo carretero Ocoa-Piedra Blanca.
Sociedad demanda justicia
A la Justicia dominicana no le queda otro camino que no sea el de investigar a fondo el caso de soborno por US$92 millones que pagó Odebrecht a funcionarios dominicanos, porque hay evidencias suficientes para hacerlo.
En eso coincidieron el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños; la coordinadora de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo; y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández .
Dijeron que la gravedad de las revelaciones que hizo la empresa brasileña al reconocer su participación en esos hechos delictivos obliga a la Justicia dominicana a perseguir y condenar los culpables.
Para Servio Tulio Castaños Guzmán resulta preocupante que la Procuraduría General de la República diga que no tiene los documentos oficiales de la investigación en Estados Unidos. A su juicio, las autoridades deben abocarse inmediatamente a solicitar esos documentos.
Josefina Arvelo, coordinadora de Participación Ciudadana, manifestó que las autoridades dominicanas no pueden sentarse a esperar que les llegue la información para investigar, porque ya han sido señalados varios casos con suficiente información para que se asuman.
De su lado, el presidente el Colegio de Abogados, Surún Hernández, enfatizó que las autoridades deben llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el peso de la ley a los culpables.
Entiende que la justicia deben solicitar colaboración internacional de la empresa, para que se inicie la investigación. Dijo que les tocan por ley entre 3 a 10 años de cárcel a quienes se dejan sobornar.
Justicia del país “se ha entregado” en casos corrupción
El agotamiento de la lucha contra la corrupción en el plano institucional y las practicas de persecución de la corrupción administrativa han dado como resultado la falta de determinación para atacar ese flagelo en el país.
El planteamiento fue hecho por el Jurista Carlos Salcedo, quien señaló que el Ministerio Público prácticamente “se ha entregado en el plano de la investigación y persecución de la corrupción”.
“Son contados los casos de corrupción que salen a la luz pública de parte de la administración del sistema de justicia, la mayoría se conocen cuando son denunciados por la sociedad civil”, destacó.
Salcedo criticó que el Ministerio Público se maneja con grandes deficiencias que tienen que ver con el orden técnico y en el apañamiento que aplica la determinación política que “los agota internamente” para los fines de una condena posterior.
Además, indicó que el régimen de consecuencias derivado de la corrupción administrativa ligada al fraude, consagra la impunidad en República Dominicana, donde ese flagelo se ve como normal.
