Nacionales Politica

Acorralado el gobierno de Danilo Medina por el grave caso de corrupción de Odebrecht

Escrito por Debate Plural

Guillermo Moreno (D. Libre, 16-1-17) 

 

Los países no se clasifican en corruptos y no corruptos, sino, en los que castigan la corrupción y los que no la castigan. La República Dominicana está entre estos últimos.

El éxito del corrupto radica en la capacidad de agenciarse un régimen de impunidad que le permita disfrutar lo robado sin ser sancionado. Los corruptos dominicanos son de los más exitosos del mundo.

La impunidad prevaleciente en el país ha sido el gran aliado de los corruptos. De la corrupción que se comete, muy pocos son los casos que se denuncian en sede judicial. De éstos muy contados los que se investigan, muy escasos los que llegan a juicio y, cuando excepcionalmente un juez es apoderado, en ningún caso se produce condena.

En una investigación que realizara Participación Ciudadana del periodo 1982-2002, identificó la denuncia de 227 casos de corrupción. De ellos, en solo 6 se produjeron sentencias definitivas, de las cuales, en 5 los acusados fueron absueltos y sólo en uno hubo condena. Otra investigación más reciente, de la misma institución, abarcando el período 2000-2013 identificó 94 casos de denuncias de corrupción y, a pesar de que una parte considerable llegó al sistema de justicia, en ninguno de ellos hubo condena a los acusados.

Solo para refrescar la memoria recordemos algunos de los más sonados y escandalosos casos de corrupción de los gobiernos peledeistas: PEME, Sun Land, Funglode, Súper Tucanos, los casos de corrupción en la OISOE, los casos de corrupción en el INDRHI, la venta de permisos de importación, la sobrevaluación de la remodelación del Hospital Darío Contreras, entre muchos otros, a lo que hay que añadir el archivo de los expedientes de corrupción de Víctor Díaz Rúa y de Félix Bautista.

En todos ellos el elemento común es la impunidad: ni hubo sanción, ni nadie fue a la cárcel ni se recuperó un centavo de lo robado.

Lo más penoso es que los autores y beneficiarios de estos actos de corrupción están ahí, viviendo en penthouse, frecuentando restaurantes de lujo, haciendo costosos viajes de placer. Todos estos nuevos ricos, ladrones sin antifaz son tratados y reverenciados como señores y muchos de ellos son altos dirigentes políticos, ministros, legisladores, síndicos, regidores.

En este contexto es que aparece el caso de corrupción de Odebrecht. Pudo ser uno más pero en él se dan condiciones que lo hacen diferente: i) es la propia empresa la que admite que en el periodo 2001-2014 pagó sobornos por el monto de US$92 millones a funcionarios de los últimos tres mandatarios dominicanos; ii) la confesión y la reunión de pruebas se produce en Brasil y los EE.UU., no estando sus sistemas judiciales bajo el control de los corruptos dominicanos y, iii) varios países de la región —Perú, Panamá, Ecuador, Colombia— emprenden investigaciones y persecuciones y, en pocos días, obligan a Odebrecht a devolver el monto de los sobornos y a identificar los funcionarios sobornados, poniendo al desnudo la ausencia de esa misma voluntad en el gobierno dominicano y su procurador.

Acorralado como está Danilo Medina y su gobierno por este grave escándalo de corrupción, su Procurador General todo cuanto hace es ganar tiempo, distraer la atención tratando de diluir la investigación y llevarla a un limbo jurídico hasta las calendas griegas. Y se entiende el por qué de esta actuación: El rosario de delitos que pesan sobre la administración de Danilo Medina en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht es de tal magnitud que, si de verdad se investigaran, su gobierno difícilmente se sostendría.

En situaciones como ésta, en que las instituciones no funcionan y las autoridades son parte del tramado de corrupción e impunidad, la iniciativa le corresponde al soberano que es la ciudadanía, el pueblo. Solo la movilización y presión de todos los sectores activos del país, en forma permanente y ascendente, puede forzar la designación de otras autoridades en el Ministerio Público con la independencia y voluntad para actuar contra los corruptos, llevarlos a la cárcel y recuperar lo robado. Por eso, la marcha del próximo domingo 22 por el fin de la impunidad apunta en el camino correcto y debe recibir el apoyo masivo de la ciudadanía.

Nos encontramos en un momento en que debemos decidir: O somos una nación, un país, una República, una democracia con instituciones y un ordenamiento legal; o somos definitivamente un arrabal, media isla de corsarios desarraigados, un agregado humano gobernada por ladrones y en camino a la barbarie y la disolución.

Mientras predomine la corrupción y la impunidad ni habrá desarrollo, ni justicia social ni democracia en el país. Los corruptos se roban la seguridad social, la salud, el 4% de la educación, propician la inseguridad ciudadana, destruyen el medio ambiente, endeudan el país, destruyen nuestros ríos y cordilleras, regalan nuestros recursos naturales, llevan a la quiebra a los productores nacionales.

El Papa Francisco expresó que “la corrupción apesta, la sociedad corrupta apesta, como apesta un animal muerto y, un cristiano que deja entrar adentro suyo a la corrupción no es un cristiano, apesta”. Es verdad: ¡Fo, los corruptos hieden!

Nos encontramos en un momento en que debemos decidir: o somos una República con instituciones y un ordenamiento legal; o somos un arrabal, media isla de corsarios desarraigados…

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