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Sobrevaluaciones obras Odebrecht son mayores que montos sobornos

Odebrecht
Escrito por Debate Plural

Las investigaciones sobre la corrupción en las obras levantadas por Odebrecht deben incluir evaluaciones desde el punto de vista de la ingeniería pues las sobrevaluaciones en cada obra son mayores que los sobornos.

Así lo expuso el ingeniero Buenaventura García Mateo junto a su colega Héctor Rizik, con amplia experiencia en la contratación de obras, al referirse a las indagatorias que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, que hasta el momento solo ha solicitado los contratos que suscribieron las diferentes entidades del gobierno entre el período 2001 y 2014, cuando según ejecutivos de la Odebrecht se pagaron US$92 millones en sobornos a funcionarios para obtener contratos.

Se recuerda que desde 2002 la constructora ha levantado 17 obras por valor superior a RD$200,000 millones, equivalentes a casi US$5,000 millones y algunas de ellas están en ejecución como las plantas a carbón de Punta Catalina.

Los profesionales afirman que los auditores no podrán hacer un trabajo a los fines de someter procedimientos ante la justicia pues recibirán expedientes terminados. Mientras que los abogados no podrán determinar elementos penales sin el experticio previo de técnicos de ingeniería, ya que “el menjunje está desde el inicio del diseño con la sobrevaluación de cantidades y de precios”.

Algunos casos. García, quien fue subsecretario de Obras Públicas en gobiernos de Joaquín Balaguer, refirió dos ejemplos: la construcción del Bulevar Turístico del Este y carretera El Río-Jarabacoa, donde las partidas estuvieron altamente sobrevaloradas y en algunos casos las terminaciones costaron más que todos los trabajos.

Mostró la cubicación final de la carretera Jarabacoa-El Río, de 26.7 kilómetros, construida por un monto de US$90.2 millones, o sea que cada kilómetro costo US$3.3 millones, equivalentes a RD$134.8 millones, a la tasa de 40 pesos en 2012, cuando se inauguró la obra.
Indicó que en esa obra se incluyeron para soporte técnico de ingeniería US$6.5 millones, equivalentes a RD$261 millones. Para transporte de equipos US$1 millón, o sea, RS$40 millones, lo cual no debe sobrepasar los RD$2.0 millones.

Apuntó además que esa obra fue sobreestimada para un tránsito diario de 1,200 vehículos lo cual no es cierto. Criticó además que el estudio del tránsito lo hiciera la propia constructora Odebrecht, cuando debió hacerlo Obras Públicas.

En el caso del Bulevar Turístico del Este, de 30 kilómetros, García citó que fue iniciado en 2005 por las constructoras Moll, Perca y otras, a un costo de US$46.3 millones y quedó avanzada en un 63%.
Posteriormente, en 2008, el entonces titular de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, contrató al Consorcio Odebrecht-Rizek para terminar el 37% que quedaba pendiente, lo cual se adjudicó por US$90 millones.

“Eso resulta que la terminación en 90 millones de dólares es 1.90 veces el costo de la mayoría de los trabajos”, expresó García.

La partida de ingeniería para la terminación del 37% que estaba pendiente de la obra costó US$5.82 millones cuando para toda la vía se habían previsto US$5.84 millones, o sea, que ese concepto constó tres veces más, explicó García.

Para el transporte de equipos se estimaron US$17,000 en toda la obra y para el 37% se gastaron US$1.2 millones.

Otro ejemplo citado es la construcción de la carretera San José de Ocoa-Piedra Blanca cuyo presupuesto es 324% mayor en costo por kilómetro que la Duarte (RD$150 millones versus RD$46 millones).
Cuestionó que se dijera que la vía necesitaba 17 puentes y un movimiento de tierra de 6,500,000 metros cúbicos para 80 kilómetros, lo cual no se sostiene técnicamente. También criticó que Obras Públicas permitiera a la contratista (Odebrecht-Rizek) modificar el diseño de la obra cuando es una función de la institución que debe decidir sin intervención de la empresa.

Otra obra cuestionada fue la Autopista del Coral, cuyo costo por kilómetro fue de RD$180 millones.

García deploró además que de un tiempo acá se estén contratando empresas extranjeras cuando en el país hay capacidad comprobada para la ejecución de obras.

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