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Haciendo memoria sobre hechos y casos de corrupción en República Dominicana (XLV)

Altagracia Guzman Marcelino
Escrito por Debate Plural

La contratación Salud Pública vs. la compañía española Telvent: un fraude

 

Tania Molina (D. Libre, 6-1-16)

 

Tras el fracaso del contrato con la empresa española Telvent Interactiva, por el que el Estado Dominicano debió pagar varios millones de dólares por una automatización que no se concretó, el retroceso volvió a los hospitales. Los centros de salud siguen con el modelo de escribir los récords a mano y guardarlos en folders que se archivan en áreas que resultan pequeñas por el gran cúmulo.

Sin embargo, algunos de esos centros hospitalarios empezaron nueva vez, de manera interna, su automatización, un proceso en el avanzan muy lentamente.

El hospital Francisco Moscoso Puello fue de los pioneros en que arrancó el fracasado sistema TiCares, de Telvent.

“Aquí se capacitó a todo el mundo, y se llegó a digitalizar el 80% de los expedientes del área de consulta, pero un día la compañía se fue, así que tuvimos que volver a la posición anterior”, cuenta la directora del Moscoso Puello, Belkis Pimentel Lara.

Juan Antonio de Jesús, encargado de Tecnología y Sistema de ese hospital, y que trabajó junto a la empresa española, recuerda que un día amanecieron sin sistema, y nunca más volvieron a funcionar. “Eso fue un caos, pues todo, estaba ahí”, comenta. Aclara que no se perdió ningún récord, gracias a que ellos llevaban la inscripción manual a la par con la digital.

Pimentel, a su vez, se queja del problema que implica mantener los expedientes en físico. “Son varias las dificultades: está el tema del espacio físico, que ya no caben aquí; además de la rapidez; cuando es digital, el servicio se hace más eficiente, pues tú tienes a mano toda la información del paciente”.

Pimentel tiene esperanza de que desde el Ministerio de Salud, puedan concretar acuerdos con otra empresa para dar el servicio de automatización. El centro cuenta con toda la plataforma de conexión, pues desde la época de Telvent, le quedó instalada una red de 120 computadoras y cuatro servidores.

Urgencia en Los Minas

El retroceso digital se sintió en la Maternidad San Lorenzo de los Minas, donde sus autoridades tratan ahora de establecer alianzas con algunas instituciones para modernizarse.

“Aquí tenemos unos 247 mil casos por año, tanto en consultas como emergencia. Este es un hospital de 41 años, ya estamos llenos. Tenemos dos espacios de almacén y, a veces ni aparecen los expedientes en un archivo tan grande”, admite el director del centro, Víctor Calderón Martínez.

En la maternidad había, al momento de la entrevista, 352,370 expedientes, y cada día entran entre 70 y 80 nuevos, según datos de la encargada de archivo, Rossy Rosario.

El director considera que la automatización es urgente. Solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) su colaboración para la instalación de un software que permitirá digitalizar los expedientes. Mientras tanto, el hospital trabaja con el Sistema Sigo, una plataforma que le instaló el Ministerio de Salud Pública, que les permite enlazar procesos administrativos en varios departamentos, sobre todo, los referentes a suministros.

Avances en el Marcelino 

En el hospital de autogestión Marcelino Vélez Santana están más avanzados. Luego del fracaso con Telvent, la administración del centro, a cargo del doctor Luis Pichardo Matos, asumió los costos de la automatización.

De 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, un equipo de nueve jóvenes se turnan en el trabajo de digitalizar y recuperar algunos de los expedientes que se encuentran deteriorados. A la par, en el hospital se sigue realizando el archivo manual, pues, como indica Calderón, se trata de poder hacer más rápido y eficiente el trabajo del médico con el reporte en línea, pero a la vez, mantener el caso en físico como resguardo. De más de un millón, ya han digitalizado alrededor de 800 mil récords.

Ney Arias hacia la digitalización plena 

Alfredo Polanco, subdirector médico del hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Loras, explica que, por exigencias de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) deben mantener el sistema de archivo físico de expedientes, pero que ese centro cuenta con una compañía para su digitalización.

Además tienen en carpeta contratar otro sistema que les permitirá mantener solo el expediente digital y que las aseguradoras puedan tener acceso a los mismos por internet.

Más rapidez

Ubicar un expediente médico puede tomarse unos 15 minutos entre que se tramita la solicitud y el auxiliar de archivo lo lleva al área que lo solicitó. Pero el tiempo puede ser más largo, cuando se trata de pacientes con expedientes muertos, aquellos de personas con más de 10 años sin asistir al centro de salud. “Podemos durar hasta media hora, aunque si el expediente está en caja, hemos durado hasta un día buscándolo”, comenta Rossy Rosario, encargada del archivo en la Maternidad de Los Minas.

El doctor José Liriano reconoce que un expediente digital le haría más fácil el trato con el paciente. Como médico de emergencia, ve personas que requieren tratamiento. Pero, aclara que, en ningún caso, esa espera supone un riesgo para el paciente, pues “siempre se estabiliza y se le da la atención que demanda. Uno no se detiene a esperar que llegue el expediente”.

Los nuevos planes que tiene el Ministerio

La Ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, sostiene que desde enero de este año, (llegó a esa dependencia a finales del 2014), trabaja en la automatización. Tienen en ejecución el Sistema de Gestión Clínica, que desarrolló el Ministerio gracias a un proyecto de Ayuda del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que funciona en unidades de Atención Primaria (UNAP) de las regionales de salud 8 y 6 que incluye zonas del Cibao y del Sur.

El programa genera una ficha de los hogares que bordean las UNAP, la cual contiene la cantidad de personas que los ocupan, enfermedades que padecen, etc.

La ministra refiere que como parte del proyecto con el BID se instala un software de gestión hospitalaria para que sea compatible con el de las UNAP y que, además de los datos médicos de los pacientes, se incluyan los financieros. En ese proceso se ha avanzado en 60%, según dice.

“Tú dirás que tengo un año aquí, y no hemos avanzado”, se adelanta la ministra, para luego justificar que los atrasos se deben a que el encargado de Tecnología, Bolívar Fabián, enfermó y falleció.

Pero asegura que siguen trabajando de a poco y que ya en enero tendrán a un nuevo director informático. Además, se iniciará el proceso de capacitación del personal, que estima se tomará un tiempo, pues se incluirá a unos 15 mil de las más de 40 mil personas que abarca la red de prestadores de salud en las alrededor de 2,000 UNAP.

El récord

Un récord médico consume mucho papel, pues en él se guardan todas las evoluciones, ordenes médicas, indicaciones de radiografías, análisis, resultados de laboratorios, y demás informaciones relacionadas al paciente.

Jurista ve sospechoso acuerdo de Salud Pública con la empresa Telvent

El pago que hizo el Ministerio de Salud Pública a la empresa española Telvent Interactiva para terminar el contrato de automatización de los expedientes médicos, sin que el proyecto se hubiera completado, resulta sospechoso e improcedente para el jurista Julio Cury.

El abogado dice no entender las razones del pago, cuando existía un informe técnico legal que recomendaba no ejecutarse.

Para evitar un proceso de arbitraje internacional que la empresa española inició ante la Cámara de Comercio Internacional, el entonces ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, firmó un acuerdo transaccional en el que se comprometió a pagar US$7 millones “como contraprestación por lo trabajos realizados por Telvent en base al contrato”.

El monto original del contrato, firmado en 2007, fue de US$17.0 millones a cambio de que la empresa implementara un sistema informático de gestión de salud, la histórica clínica y la receta electrónica, en 20 centros de salud de segundo nivel de la capital y en 360 unidades de Atención Primaria.

Sin embargo, al momento del acuerdo transaccional firmado en 2013, apenas se había implementado el 25% del proyecto, pero el Ministerio había pagado el 35%, conforme el informe técnico legal que realizó entonces la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC).

En base a ese informe, la OPTIC recomendaba al Ministerio de Salud no pagar los US$7.00 que Telvent reclamaba como facturas pendientes, por entender que la empresa había incumplido. También señalaba la OPTIC que el Estado no podía pagar el monto reclamado, porque “los mismos eran ejecutables solamente a partir de la recepción del pedido, situación ésta que no se ha verificado hasta la fecha, ya que no existe ningún documento de entrega o recepción o pedido ni se ha verificado ningún cambio contractual que afecte esta condición”.

“Si el incumplimiento era de la empresa, el Estado no tenía que pagar”, comenta Cury, quien califica de negligente a los funcionarios que decidieron transarse con Telvent. Critica, sobre todo, el hecho de que el acuerdo transaccional no incluyera en ninguna parte cuáles eran los trabajos que se estaban pagando, dado que solo se plantea la razón, pero no incluyen las facturas que lo sustenten.

“Eso fue una transacción improcedente y en perjuicio de del Estado. La transacción no precisa el origen de la deuda, porque no especifica las facturas, pero además entra en contradicción con la evaluación que pone en evidencia que la empresa no era acreedora de esa deuda”, dice Cury que insiste en calificar la operación como imprecisa.

En el informe de evaluación técnico-legal que preparó la OPTIC también se cuestiona que la empresa no cumplió los plazos de ejecución.

Contradicción en contrato

En el informe de la OPTIC se establece que el contrato original firmado en 2007 es contradictorio, puesto que establecía dos jurisdicciones distintas para la resoluciones de los conflictos que se pudieran presentar.

“En la resolución de conflictos prima siempre el sentido común y la interpretación del mismo en base a la lógica y a la equidad, por lo que se desprende que la legislación que debe dirimir los conflictos únicamente es la dominicana”, dice el documento en el que la OPTIC señala varias violaciones de parte de Telvent, en perjuicio del Estado dominicano.

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