Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
El Director General del hospital Plaza de la Salud, Julio Amado Castaños Guzmán, ha propuesto al gobierno dominicano la transferencia de 25 mil millones de pesos, que serian sacados del presupuesto del sector educativo, para destinarlos al sistema de salud pública y beneficiar al mencionado centro de salud.
Indudablemente que el Director General de Plaza de la Salud, al proponer esa iniciativa de desviación de fondos presupuestarios hacia el sistema de salud pública, está pensando en que la institución que dirige casi a perpetuidad reciba también una parte de esos recursos multimillonarios.
El pensamiento de los privatizadores es siempre en nuestros países subdesarrollados beneficiarse del presupuesto público, de manera silenciosa o pública. Los privatizadores por excelencia en República Dominicana, dentro de los cuales figura el director general de Plaza de la Salud, es también rector de la llamada Universidad Iberoamericana, que es una institución privada que también dirige a perpetuidad y que se beneficia de los fondos asignados por el Estado al sistema de educación superior.
Pero la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, no tiene conocimiento de ninguna rendición de cuentas ni de una institución ni de la otra. En efecto, muy pocos ciudadanos saben el quantum que recibe UNIBE del Estado, lo que recibe de los alumnos y clientes, y lo mismo podemos decir de Plaza de la Salud. Es decir, no sabemos cuántos fondos ingresan del Estado y cuantos se gastan en los servicios que supuestamente rinden a la sociedad dominicana. Si nos ponemos a indagar este particular, de seguro que resultaríamos sorprendidos.
El famoso pacto educativo ha resultado en beneficio extraordinario para el sistema de educación superior privado. Muchos sabemos que los intereses privados en las áreas de salud y educación se han impuesto en materia presupuestaria como una política de Estado, en detrimento de los interese generales y en beneficio de las élites empresariales egoístas en materia de educación superior y de salud pública, siendo que todas sus actividades ambiciosas y conspiradoras redundan en detrimento de la educación superior pública, es decir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual desean un acta de defunción o un 11 de septiembre que conlleve su derrota, su quiebra o su inhumación.
El privatizador por excelencia en la República Dominicana lo es el señor Julio Amado Castaños Guzmán, tanto en el área de salud pública en general como en el sistema de educación superior.
Representa una élite de buscadores de oro a costa del presupuesto general de la nación. El erario público es fuente de vida. Siempre alegando que la educación superior necesita más recursos porque los que reciben son insuficientes; siempre diligenciando iniciativas de desviación de fondos presupuestarios; siempre queriendo sacar el mejor provecho supuestamente para mejorar la calidad educativa, apoyándose en el pacto educativo firmado por todos los sectores que inciden en el país. Siempre conspirando y mintiendo a la sociedad.
Se trata de un teatro egoísta montado por un grupo élite de privatizadores y oportunistas que consideran una satisfacción y un deber cumplido el buscar esos recursos estatales, intentando siempre cavar el hoyo en el cual enterrar a la educación superior pública por excelencia que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la de mayor dimensión cuantitativa y cualitativa; la de mayor producción científica; la que tiene mayor organización de las actividades de investigación, a ella los privatizadores procuran destruir, privatizar, aparentar mayor orden y calidad, de lo cual carecen.
Élites ambiciosas que viven de la pantomima pseudoacademica, de la apariencia institucional engañosa y fetichista; de las contumelias con los funcionarios gubernamentales; de la conspiración permanente siempre dispuesta a las actitudes apátridas, oportunistas y allegadas a los delitos y crímenes de cuello blanco.
Forman un frente supuestamente científico, académico, excelencia de la producción científica nacional; toda una apariencia para apoderarse de fondos multimillonarios del presupuesto público, en alianza también con intereses privatizadores de igual catadura de los Estados Unidos, y en conjunto buscan supuestamente representar las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las culturas de República Dominicana.
De esta manera, con procedimientos espúreos, se apoderaron también del hospital Homs de Santiago; los fondos multimillonarios que representan la construcción y equipamiento de ese centro no han sido evaluados todavía ni han sido objeto de auditoría y probablemente no figuren en el presupuesto público; y casi seguro no habrá mediado ninguna contratación sospechosa o complaciente que pueda ser evaluada u objeto de tasación.
Estas élites utilizan el connubio y el silencio para las iniciativas privatizadoras solapadas que resultan en provecho de sus intereses privados capitalistas, de sus métodos de acumulación de capitales producto de las componendas arriba señaladas.
Es obvio que el gobierno dominicano no debe complacer bajo ninguna circunstancia los intereses privatizadores que hoy pretenden apoderarse supinamente o descaradamente de la riqueza pública.
El presidente de la República debe negarse rotundamente al desvalijamiento de los fondos públicos que figuran incluidos en el presupuesto general de la nación y que van destinados al 4% para la educación en República Dominicana.
