Guillermo Moreno (D. Libre, 28-11-16)
El PLD ha implantado un modelo político que se sustenta y reproduce por la apropiación ilícita de recursos públicos o que se obtienen a propósito del desempeño de funciones públicas. Por esta vía, representantes y altos funcionarios de ese partido que, como dice el pueblo llegaron al Estado en “chancletas” han hecho su acumulación originaria y hoy son tan ricos que pueden sostener de forma autónoma su proyecto de poder. Esa fracción política miserable maneja el presupuesto general del Estado como un plan de negocios; la construcción de obras, las inversiones y las compras públicas, cuando no se hacen por testaferro interpósito, conllevan el pago de sobornos. Además, se han asignado salarios con sumas obscenas, dietas, nominillas, barrilito, cofrecito, gastos de representación, exoneraciones y cuantos privilegios puede crear gente que renunció a toda moral y principio en el desempeño de una función pública.
Algunos ilusos argumentan que los gobiernos del PLD provienen del triunfo que obtienen en elecciones competitivas. Sí, pero no. Precisamente, además de la corrupción, el otro puntal del modelo peledeísta es el clientelismo político. Una parte de los recursos públicos se utilizan para darle a la gente como dádiva esclavizante lo que le pertenece como derecho, a través de un tramado asistencial de bonos para gas, estudiantes, madres solteras, choferes, luz, tarjeta solidaridad, dirigido no a desarrollar capacidades, sino dependencia y lealtades políticas que se cobran en cada proceso electoral. Ni la JCE, ni la Cámara de Cuentas intervienen para detener el descarado uso de los recursos del Estado hecho por el PLD en favor de sus candidatos. Además, el colapso que se produjo en las elecciones del 15 de mayo, puso al descubierto la farsa electoral, el fraude, la compra de votos, la manipulación del voto en favor del oficialismo.
En este contexto, ¿qué rol juega el Congreso Nacional consagrado por la Constitución como órgano independiente y con vocación para ejercer el control del Poder Ejecutivo?
Más allá de la retórica constitucional, en la realidad, el Congreso Nacional ha devenido una “institución” que sirve al Ejecutivo para que éste de cumplimiento a los trámites que revisten de legalidad sus actuaciones.
Los hechos hablan por sí solo. El Congreso aprueba año tras año, sin agregarle una coma ni un punto, un proyecto deficitario de Presupuesto General del Estado que le remite el Poder Ejecutivo, a pesar de la gran asimetría en la inversión de los recursos públicos y del justo reclamo de la ciudadanía y de las comunidades representadas por eso legisladores de “papeletas”.
La rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria que le envía el Poder Ejecutivo es un hecho consumado que el Congreso no cuestiona. Ese Congreso le aprueba al Ejecutivo, hasta sin leer, los contratos y los préstamos de los que éste le apodera, a pesar de que ya el irresponsable endeudamiento público representa un 50% del PIB.
En el modelo político peledeísta, el poder legislativo no es el contrapeso del poder ejecutivo, sino que éste es que tiene el control del Congreso Nacional.
¿Y el Poder Judicial? A pesar de la Constitución proclamar su independencia, en la realidad es un órgano también subordinado al Poder Ejecutivo y estructurado para garantizar la impunidad de los funcionarios del oficialismo que desfalcan el patrimonio público.
En la propia Suprema Corte de Justicia, máximo órgano judicial, hay militantes del partido oficial investidos de juez. Las sucesivas decisiones que se han producido disponiendo el archivo de casos con graves y demostrados actos de corrupción, hacen más que evidente el carácter subordinado del máximo órgano de justicia a los intereses del oficialismo.
A esto se añade la dependencia directa del Ministerio Público al Presidente de la República, en especial de su máxima figura, el Procurador General de la República, para investigar y perseguir judicialmente los actos de corrupción. El limbo en que se encuentran los casos de corrupción de la OISOE y de los Tucanos, no dejan dudas al respecto.
El modelo político peledeísta, bajo el ropaje de la democracia representativa, se sustenta formalmente en una Constitución que proclama la existencia de poderes públicos independientes, se celebran elecciones para elegir representantes y gobernantes; se mantienen niveles de respeto de libertades y derechos ciudadanos.
Pero, igual que en los regímenes de fuerza, mas allá de la retórica legal, el Presidente de la República, junto a su fracción partidaria, se ha colocado por encima de la ley y las instituciones, ejerce el control efectivo de los demás poderes del Estado, pone al servicio de sus intereses las atribuciones de éstos, ya para legalizar sus despropósitos, ya para garantizarle impunidad a los suyos y no parece haber forma de impedirle utilizar los recursos públicos para sustentar su proyecto reeleccionista-continuista. Se trata de la dictadura perfecta. Este régimen que existe en la República Dominicana y lo preside Danilo Medina Sánchez, sobre una ciudadanía que ha perdido la voluntad para rebelarse contra los desmanes del poder.
