Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
A partir del año 1996 se inició en República Dominicana, con el gobierno de Leonel Fernández, del partido de la liberación dominicana, un proceso de privatización de las propiedades estatales, el cual se extiende hasta el día de hoy.
Más de diez ingenios azucareros, más de treinta y tres empresas comerciales agrícolas e industriales; enorme cantidad de terrenos en todo el territorio nacional pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y a los municipios; terrenos urbanos y suburbanos administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales; fincas ganaderas y agrícolas; y una enorme cantidad de bienes mobiliarios e inmobiliarios, sin mencionar la privatización de las playas, de los peajes, los sitios públicos, hoteles, empresas de diversos tipos, establecimientos turísticos, etc.
Los funcionarios de mayor rango en el gobierno contradictoriamente se aumentan los sueldos en más de 300 %. Por ejemplo, algunos tenían remuneración de 210 mil pesos, y ahora perciben 515 mil, para un aumento de más de 330 mil pesos; otros han tenido iguales aumentos, siendo significativo, por ejemplo, que el administrador del Banco de Reservas ganaba 300 mil pesos, y ahora percibe más de un millón, moneda nacional.
Mientras estas situaciones ocurren, los congresistas disponen ilegalmente una “caja chica” que le llaman popularmente el “barrilito”, sin contar que disfrutan de una manera privilegiada y discriminatoria de inauditas ventajas. Sin embargo, los sueldos de los trabajadores del comercio, de la industria, de los servicios y de la banca permanecen inamovibles desde hace más de diez años.
Los congresistas dominicanos constituyen un sector clientelista que disfruta del poder político y persigue impunemente el enriquecimiento ilícito a base de operaciones mafiosas, lavado, tráfico de influencias, contubernios y componendas. Ese sector se ha beneficiado ampliamente del proceso de privatización en República Dominicana, donde predomina un modelo neoliberal de economía, sociedad y cultura, que alcanzó empuje a partir del año 1996. Esa ha sido la gran contribución de un partido de la liberación dominicana que planteó en la década de los 70 y siguientes que sus luchas se encaminaban al nacionalismo, la distribución de la riqueza, la soberanía del Estado, la independencia de las instituciones y la división de poderes. Mirándolo bien, se trata de una situación contradictoria que envuelve una historia de pobreza, engaño, demagogia, delincuencia de “cuello blanco”, criminalidad e impunidad.
El modelo neoliberal, como dominante en el capitalismo subdesarrollado dominicano, consiste en una expansión de los mercados sin freno ni condición alguna, en la cual los empresarios e inversionistas al más alto nivel, persiguen modificar el código de trabajo de 1994 en el sentido de reducir los tres meses de disfrute de la licencia pre y post natal; congelamiento de niveles salariales, imposición de horarios antojadizos y atropellantes a conveniencia de las empresas capitalistas, prohibición tácita de la organización de los trabajadores en sindicatos o cooperativas; utilización de los fondos de pensiones y jubilaciones por parte de los bancos que disfrutan de esos valores millonarios a sus anchas, para sus inversiones y expansión de capitales; aumento incontrolado de los precios de la canasta familiar, como si se tratara de una “reforma fiscal” permanente e indetenible.
Los gobiernos del partido de la liberación dominicana buscan el aumento desmesurado de precios en todos los productos de consumo, tales como las medicinas, los alimentos, los servicios (teléfono, electricidad, agua, basura); incrementos de impuestos y tasas administrativas, de Itebis y de cobros anticipados de Itebis; aumentos al 50% de las placas de vehículos de motor, y de todos los servicios de las diversas dependencias administrativas de los gobiernos sucesivos, incrementos de las multas y de las sanciones económicas, desde la llamada Amet hasta los colegios privados.
Después del ajusticiamiento del dictador (1930-1961), las élites corporativas privilegiadas, los gobiernos oligárquicos autoritarios, conjuntamente con los empresariados, las iglesias influyentes y la preponderancia de Washington, se han articulado para sacar provecho absoluto y ventajoso de los patrimonios creados por la dictadura, en un proceso interminable que comenzó después de 1961, y mediante el cual han saqueado casi todos los bienes del Estado, situación que se prolonga hasta el día de hoy.
Al mismo tiempo, y contrario a los criterios de ciertos organismos internacionales y del Banco Central, la pobreza aumenta, los servicios de salud se deterioran, los hospitales se precarizan o se privatizan, tales como Plaza de la Salud, el hospital Homs de Santiago y otros.
Los hoteles han sido arrendados a precios de vaca muerta; los clubes de trabajadores y de maestros han sido robados en su totalidad. Por ejemplo, el club de trabajadores del Ingenio Boca Chica, el residencial de los maestros en Jarabacoa, Provincia de La Vega. Las inversiones turísticas van dirigidas a favorecer principalmente al empresariado turístico, y los presupuestos públicos son administrados en forma privatizadora y discriminatoria.
El modelo neoliberal contempla la existencia del Estado no nacional, oligárquico y dependiente de Washington; hacia la derecha radical y la organización totalitaria y corporativa.
Es el Estado corrupto, que Juan Jacobo Rousseau llamó, en su obra El Contrato Social, “Estado-Bandido”, sin planificación, sometido mediante el endeudamiento externo, con un presupuesto nacional de reparto financiado a base de préstamos internacionales; con una injusta distribución del ingreso y una deuda social acumulada, que engendra desigualdades sociales agudas.
Las contrataciones corruptas, las licitaciones cuestionables, los monopolios y oligopolios, las comisiones abusivas, como en el caso de los tucanos; es el Estado que reparte corporativamente y de manera desequilibrada el presupuesto destinado a la educación superior. En otras palabras, el Estado soberanamente corrupto, que gobierna para las élites corporativas nacionales e internacionales; y permite la penetración masiva de las empresas transnacionales en el territorio nacional.
Este es el Estado que tenemos en República Dominicana y América Latina, con excepción de algunos países que buscan disminuir la predominancia del modelo neoliberal, que la constitución de 2010 define como “Estado social de Derecho”, que supuestamente disfrutan todos los dominicanos. Debería decir “Estado no social sin Derechos”, ya que se caracteriza por todos los elementos que hemos señalado más arriba.
En cuanto a la educación superior pública, las élites corporativas y el gobierno ambicionan expandir sus intereses a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Envidian el precario presupuesto que le es asignado por el Estado y ambicionan la “clientela” estudiantil, con el fin de obtener altos ingresos y la totalidad del presupuesto asignado a la educación superior pública. Ambicionan también los terrenos de la universidad y todos los terrenos de la finca de Engombe, incluyendo la más importante fábrica de quesos de la República Dominicana.
Los intereses privatizadores en la educación universitaria rayan en la ambición más desmesurada, cuanto más que reciben una tajada del presupuesto público anual y en contrapartida aportan muy poco o casi nada a la investigación científica y a la publicación de obras culturales de gran significado para el pueblo dominicano.
Son empresas socialmente dañinas, ambiciosas y licenciosas que pretenden descuartizar la universidad pública mediante el descrédito en los medios de comunicación social monopólicos, apoyados por un presidente de la República que asiste personalmente a un centro privado que se ha fraguado la fama de “tecnológico” y participa en reuniones en las cuales hace discursos públicos desacreditando la universidad estatal.
Bajo estos gobiernos del partido de la liberación dominicana se han fraguado los intereses privatizadores en la educación superior y en toda la sociedad y han adquirido perfil los enemigos jurados de la autonomía con todos sus atributos de educación crítica, educación superior democrática, en cuyo medio fluyen todas las ideas progresistas de la humanidad, y encuentran asidero las ideas contrarias del modelo neoliberal apoyadas por los intereses de Washington y sus organismos de inteligencia que incluyen intelectuales genuflexos, periodistas vendidos, directores de medios alegrados por la CIA, funcionarios, todos al servicio de los organismos de inteligencia de los EU dedicados a monitorear las tendencias políticas e ideológicas que se concretizan en República Dominicana.
La universidad pública UASD tiene muchos enemigos en las élites corporativas oligárquicas, el Estado autoritario, la iglesia católica, intelectuales a sueldo, y tratan siempre de convencer a la juventud dominicana en el sentido de que la UASD es mala comparada con las universidades privadas, que son verdaderos negocios sin calidad.
