Si, como registra el “Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia”, publicado el año pasado, el 67.4% de los hogares dominicanos emplea la violencia física como estrategia de corrección, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad no escapan de este tipo de castigo.
La deducción la hace Alberto Padilla, encargado de Políticas Públicas del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), quien señala que a los menores con necesidades especiales también los afecta la violencia verbal y psicológica, que se manifiesta con sobrenombres y términos despectivos y otras conductas que dañan su salud emocional.
Por otro lado, aunque no existen registros locales, internacionalmente se estima que este grupo sufre violencia sexual con una frecuencia 2.9 veces mayor que la población que no tiene discapacidad.
En tanto que, en familias que viven en la pobreza extrema y que no cuentan con herramientas o apoyo para cuidarlos, pueden ser víctimas de explotación comercial, como cuando se les usa para pedir limosna en las calles.
“El que está en la casa recibe un maltrato más lacerante -dice, por otro lado, Padilla-: el uso y costumbre de la familia dominicana frente al familiar con discapacidad, del encierro o el enclaustramiento”.
‘Bullying’ Factor de riesgo de acoso escolar
María Mercedes Marte, psicóloga clínica del área de Seguimiento de Conducta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), señala que el maltrato no se da sólo en el entorno familiar: “A veces son maltratados en la escuela por sus compañeros de clases”.
De hecho, se considera que tener algún tipo de discapacidad es uno de los factores de riesgo del “bullying” o acoso escolar.
Vulnerables al maltrato
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen más probabilidades que el resto de los menores de sufrir algún tipo de abuso.
La violencia física los afecta con una frecuencia 3.6 veces mayor; y la sexual con una frecuencia 2.9 veces mayor, de acuerdo con una revisión de 17 estudios publicada por la organización internacional en 2012 pero elaborada con datos recogidos en países desarrollados.
Diversos factores agravan la indefensión de estos niños y niñas.
El documento “Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en la República Dominicana 2012”, presentado el año pasado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y Unicef, toca brevemente el tema.
Señala dicho informe que el riesgo de los menores con capacidades diferentes se debe a la situación de aislamiento, las dificultades de comunicación y un menor acceso a información sobre sexualidad.
En tanto que el estudio de la OMS apunta a factores como el estigma social y la ignorancia frente al tema de la discapacidad, así como al escaso o nulo apoyo con que cuentan los cuidadores.
Padres maltratadores
En República Dominicana el 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad (Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Enhogar 2013). De estos, el 8.2% tiene de 10 a 19 años y el 3.6%, de 0 a 9 años.
Estos menores, como el resto de sus contemporáneos, corren el riesgo de sufrir maltrato por parte de quienes tienen a cargo su cuidado: su familia y, dentro de esta, sus padres.
“Los niños que tienen discapacidad, ya sea mental o física, muchas veces tienden a sacar de sus casillas a sus papás”, dice María Mercedes Marte, psicóloga clínica del área de Seguimiento de Conducta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. “Y cuando hay ira, hay abuso físico, hay golpes, hay abuso verbal…”
Alberto Padilla, encargado de Políticas Públicas del Conani, corrobora con Marte.
“La demanda del tiempo de calidad genera en el adulto que los maneja un deterioro de su capacidad de tolerancia y eso lo hace cometer actos de abuso”, explica Padilla.
Marte achaca parte de la culpa a la escasa formación de los padres, pues, en su opinión, unos progenitores con mayor nivel educativo cuentan con información e instrucción sobre cómo tratar a estos pequeños.
“Muchas veces pasa porque los papás no tienen la educación adecuada para bregar con este tipo de niños”, añade la psicóloga.
La sociedad tiene su cuota de responsabilidad, y no sólo por la falta de sensibilidad frente a las personas con discapacidad, sino también por la ausencia de políticas específicas dirigidas a apoyar a las familias a fin de mejorar la situación de estos niños y niñas.
“La mayoría de los países -admite Padilla- estamos en deuda con el tema de la atención a los niños con discapacidad que pueden ser sujetos de abuso o de maltrato”.
Nivel de riesgo
La edad, el tipo de discapacidad, el sexo y el entorno influyen en el nivel de riesgo.
Un adolescente con cierta independencia correría menos peligro que, por ejemplo, un párvulo que se encuentra todo el día bajo el control de su maltratador. Al menos cuando la situación de violencia se da en el hogar.
El grado o tipo de discapacidad también condiciona la situación de abuso.
“La diversidad de condiciones refleja qué tan vulnerable pueda ser”, señala Padilla.
Según el estudio publicado por la OMS en 2012, los pequeños con discapacidad intelectual sufren abuso sexual con una frecuencia 4.6 veces mayor que sus pares sin discapacidad.
“Los que tienen retardo mental son más vulnerables al abuso sexual porque no tienen una capacidad de pensamiento muy abierta, cualquier persona los puede engañar si no son debidamente instruidos en sus casas”, explica Marte.
Las niñas con necesidades especiales -igual que las mujeres en la misma condición- están más expuestas a la violencia de género, al abuso sexual, el abandono, el maltrato y la explotación.
Otros casos son condicionados por el entorno. Si bien niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes sufren maltrato por parte de sus familiares, el problema se agrava cuando se les interna en instituciones sanitarias o albergues.
Padilla recuerda el caso de Hogares Luby (ahora convertidos en Ángeles de Conani y con una población de 88 menores), cuyo manejo asumió el Estado tras comprobar en 2005 las denuncias de maltratos cometidos allí.
“Ahí había una situación de abuso colectivo. Esos niños estaban todos abandonados dentro de la supuesta protección”, lamenta.
El funcionario considera que la cantidad de niños con relación al número de miembros del personal, así como la escasa formación de estos últimos, contribuye a que se presente este tipo de casos.
Para Marte, además, “vivimos en una sociedad donde la criminalidad es muy alta” y donde “no se les da el seguimiento apropiado a los abusadores”.
En otro orden, comenta Padilla, los pequeños que son víctimas de abandono no necesariamente están condenados a la desprotección. Hay personas dispuestas a darles un hogar.
El año pasado, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Adopciones del Conani, 12 infantes con condiciones médicas o psicológicas especiales fueron adoptados por familias de República Dominicana, Estados Unidos, España, Italia y Bélgica.
Respuestas
Apartar de sus padres a los menores abusados, cuando la violencia la generan los progenitores, no soluciona el problema.
De acuerdo con Marte, una medida tan drástica se recomienda sólo en el caso de que los papás sufran algún trastorno mental.
Fuera de eso, dice, “lo ideal es crecer con sus padres”.
Padilla opina lo mismo: “No creo que convenga tampoco, no se trata de meterlos en un cajón, sino de acompañar a las familias”.
Admite que, a pesar de los avances en el tema, el Estado tiene pendiente el desafío de crear las estructuras y las condiciones para que cualquier familia en cualquier lugar del país pueda conectarse con una dinámica terapéutica que le permita mejorar la calidad de vida de los menores con necesidades especiales.
Ese acompañamiento debe incluir la educación de la familia para que aprenda cómo tratar a los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad.
Marte comenta, por ejemplo, que la Asociación Dominicana de Rehabilitación trabaja en la formación y orientación de los padres que acuden a dicha institución para que dispensen un mejor trato a sus hijos e hijas.
“Papás que los cuiden, papás que los amen, ese es el mejor motor para que un niño salga adelante”, sentencia la profesional de la conducta.
Además de la familia, el trabajo de sensibilización debe alcanzar a todos los miembros de la sociedad, tengan o no entre su parentela algún menor con discapacidad, pues la protección de este grupo tan vulnerable se convierte en un asunto de derechos humanos.
“La dignidad de persona es un asunto que hay que preservar y promover, no como un tema de caridad, sino como un tema de derechos humanos”, concluye Padilla.
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DETECCIÓN DE LOS CASOS DE ABUSO
La violencia contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad se detecta de diferentes formas.
La psicóloga clínica María Mercedes Marte, del área de Seguimiento de Conducta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, apunta que, muchas veces, los vecinos y relacionados de la familia son testigos del maltrato, pero no se atreven a denunciarlo a las autoridades por miedo o por no ganarse de enemigos a los maltratadores.
En otras ocasiones, miembros del personal sanitario descubren el maltrato cuando atienden en los centros de salud a menores con problemas médicos derivados del estado de abandono o negligencia del que son víctimas.
La detección del problema depende, en muchos casos, del tipo de discapacidad.
Alberto Padilla, encargado de Políticas Públicas del Conani, manifiesta que los pequeños con una capacidad intelectual disminuida no siempre se pueden comunicar adecuadamente y eso dificulta el diagnóstico.
“El que habla y está consciente -explica-, puede expresarse o quejarse si tiene con quién hacerlo; quienes no tienen nada de eso son presa del maltrato”.
Por otro lado, las víctimas pueden presentar cuadros depresivos y de baja autoestima.
Al respecto, Marte explica: “Cuando tú golpeas a alguien lo estás reduciendo a la nada; cuando le dices palabras feas, esas palabras quedan grabadas para siempre en el cerebro de esa persona”.
