Tirso Mejia Ricart (Hoy, 30-4-11)
Es mucho lo que se ha escrito y queda por escribir acerca de la gesta que inició el pueblo dominicano el 24 de abril del año 1965. Sus incidencias previas, la intervención militar norteamericana, su internacionalización, sus hechos, héroes y mártires, etc., son solo algunas de las facetas de un evento sin precedentes en la historia dominicana.
Quiero concretarme aquí a hacer algunas reflexiones acerca de los orígenes y consecuencias que tuvo la insurrección constitucionalista para la evolución política y social ulterior del pueblo dominicano.
Ello así, porque uno de los objetivos principales del estudio de la historia es precisamente descubrir las pautas del desarrollo de la sociedad, para tratar de prevenir o controlar los eventos futuros, y en este caso particular para detectar los aciertos y errores cometidos, a fin de evitarlos en el mañana, lo primero, y repetir o mejorar nuestras actuaciones políticas. lo segundo
La Guerra de Abril puede considerarse la culminación de un proceso de 150 años de frustraciones políticas, en los cuales la comunidad dominicana ha padecido el flagelo del subdesarrollo, la dependencia y el caudillismo, sin poder hallar el camino de la superación de esos males.
El 1965 significó un nuevo hito en el curso de 100 años de un fatídico círculo vicioso que desde la Restauración de la República, se ha caracterizado por ciclos de dictadura militar, gobiernos liberales ineficientes, inestabilidad política e intervencionismo norteamericano, que no parecen haber terminado todavía.
Así, del 1865 al 1874, la incapacidad de los mejores hombres de la Restauración de la República para ponerse de acuerdo en torno a un programa de gobierno que impulsara el desarrollo del país, derivó en la anarquía, la dictadura de los Seis Años de Báez y en intentos casi exitosos de la oligarquía hatera y de comerciantes extranjeros por anexar el país a los Estados Unidos de América, ya que apenas fue rechazada en 1869 por el Senado de ese país, gracias a la campaña en contra por el entonces senador por Massachusetts Charles Sommer, la oposición militar de Gregorio Luperón y la campaña de mineros de José Gabriel García..
Del 1886 al 1899, el caudillismo hizo abortar transformaciones democrático-liberales de los gobiernos azules, lo que degeneró en la bochornosa dictadura de Ulises Heureaux, y esta a su vez facilitó la penetración financiera y la absorción de la industria azucarera por el capitalismo norteamericano.
Tras la muerte de Heureaux, nuevamente el caudillismo y el subdesarrollo hicieron inoperante el gobierno civil, y la anarquía que le siguió fue pretexto para la incursión militar norteamericana de 1904, que derivo en el despotismo ilustrado de Morales y de Cáceres, la Convención Dominico-americana del 1907, el establecimiento de enclaves azucareros de corte neocolonial y posteriormente en la dictadura militar de Alfredo Victoria.
Cuando esa dictadura no logró controlar la voluntad popular, tuvo que dar paso a un gobierno civil, por presiones de Washington, que estableció al arzobispo Nouel en el poder. Este derivó nuevamente hacia la inquietud política y los intentos subversivos, que facilitaron el establecimiento de un régimen de ocupación militar norteamericana; lo que reforzó el carácter dependiente de nuestra economía respecto a los Estados Unidos, durante el cual se incrementó la penetración comercial y la absorción de nuevas áreas de explotación cañera.
Esta vez, antes de la desocupación militar, el Gobierno Interventor norteamericano habría de dejar raíces profundas en el estamento militar, formado por éste entre aquellos criollos que se prestaron a reprimir la población, a la vez que desarmó el país casi en su totalidad.
En 1924, cuando Norteamérica entregó el gobierno a uno de los viejos caudillos, electo democráticamente, el general Horacio Vásquez, lo hizo dejando tras sí una guardia constabularia bajo su influencia y con una nueva Convención Dominico-Americana que garantizara su dominación del país. De manera que cuando ese régimen fue minado por la corrupción y el continuismo; y cuando la gran depresión mundial puso en peligro el modelo de dominación neocolonial que se había impuesto, el jefe de esa guardia: Rafael Leónidas Trujillo, recibió el respaldo necesario para alcanzar el poder y garantizar esos intereses.
Los 32 años de Dictadura trujillista significaron sin embargo un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, que se tradujo en el usufructo de la riqueza y el mercado dominicano de parte de Trujillo y sus acólitos, que a la postre lo malquistó con Norteamérica.
Por eso, a la muerte de Trujillo, en la cual hubo sin duda una participación norteamericana, se produjo un choque particularmente manifiesto entre los intereses norteamericanos y la oligarquía tradicional que el tirano había marginado, por un lado, y los sectores populares y progresistas por el otro.
Así, al ser desplazados los remanentes del Trujillato por el empuje de la lucha popular tras la muerte de su cabeza indiscutible, la Unión Cívica Nacional (UCN), organización inicialmente apartidista dirigida por la burguesía tradicional e intelectuales conservadores dominicanos que combatieron al régimen en los últimos meses, se hizo del poder a través del Consejo de Estado recién formado.
Mientras la UCN y los grupos conservadores hicieron su campaña electoral bajo la consigna de un antitrujillismo a ultranza, personalizado contra la familia del dictador ajusticiado, como parte de un proceso de convertirse en heredera de su emporio comercial e industrial, al tiempo que permitían que militares que le eran adictos se apropiaran de la riquezas agropecuaria de Trujillo y sus acólitos, el PRD logró articular una alianza en torno a un programa de acción basado en reivindicaciones sociales y económicas que eran negados al pueblo por la tiranía, mientras relegaba la lucha contra los remanentes del Trujillato a un segundo plano, bajo la consigna controversial de borrón y cuenta nueva.
El triunfo del PRD en las urnas, en diciembre del 1962, abrió el camino a la aprobación de una Constitución democrática en 1963, que confirmaba el carácter laico del Estado, junto al respeto a los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos sociales a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.
Esta pugna, que fue el telón de fondo del tinglado en que se manifestó el Consejo de Estado; y más tarde el triunfo electoral del PRD y Juan Bosch. Posteriormente, con el golpe de Estado de 1963 y el ascenso de un Triunvirato; y por último el golpe de estado cívico-militar constitucionalista fracasado por el injerencismo norteamericano para hacerlo fracasa, el país derivó hacia una guerra popular de liberación que solo detenida por el desembarco de 42 mil marines norteamericanos llegados apresuradamente para oponerle un valladar militar a la revolución necesaria.
La reacción clerical, de los cívicos y los trujillistas, ahora coaligados por su común oposición a las conquistas democráticas del pueblo dominicano que parecían amenazar sus privilegios seculares, comenzaron a conspirar abiertamente, muchas veces bajo el ropaje de mítines de reafirmación cristiana y otras creando escándalos en torno al supuesto peligro comunista.
En esas condiciones, con el virtual cierre de los locales del PRD en todo el país a instancias del Presidente Bosch, por considerar éste entonces que los partidos solo debían tener vigencia real antes de las elecciones, y una profunda división partido-gobierno con la pugna entre Bosch y Angel Miolan, presidente del PRD, la administración Bosch perdió su base de sustentación natural y se allanó el camino al golpe de Estado de septiembre del 1963.
En ese momento hizo falta en la vida pública dominicana una vanguardia del PRD que estuviera compuesta por obreros y campesinos organizados y por pequeños burgueses avanzados para defender su Gobierno. Esta carencia contribuyó a que el golpe militar no pudiera ser contrarrestado y a que la maquinaria del Partido fuese descalabrada en pocas horas.
Sin Embargo, al igual de lo que produjo la Constitución de Moca en 1858, que le dio base ideológica a los movimientos de la Restauración que siguieron a la anexión a España del 1861, la Constitución perredeísta del 1963 vino a servir como elemento unificador de todos los sectores políticos en torno a la consigna: retorno a la constitucionalidad sin elecciones.
La solidaridad internacional, tan importante para el triunfo del PRD en 1978, estuvo casi ausente en 1963, fruto del aislamiento en que vivió el país por espacio de más de 30 años; lo que facilitó el golpe de Estado y más tarde el fracaso de las guerrillas del Movimiento 14 de Junio en diciembre del 1963. Fue solo tras el glorioso levantamiento popular del 24 de abril del 1965 y la intervención militar norteamericana que le siguió, cuando se logró, ya tardíamente, dicho respaldo.
La insurrección popular de 1965 fue pues el estallido de más de 50 años de lucha social que había sido detenida artificialmente por la intervención militar extranjera, la cual fue también ahogada por el poder imperial que ha sido el principal beneficiario del subdesarrollo, la dependencia y el caudillismo, responsables de que nuestro pueblo se mantenga al margen del proceso social y económico de que disfrutan otras sociedades más afortunadas.
Pero la Guerra de Abril fue también el punto de partida de un lento y difícil proceso de transformación político-social del país el cual ha tenido en el Partido Revolucionario Dominicano su principal protagonista en el orden institucional desde la muerte del tirano Trujillo.
La Guerra de Abril y sus efectos posteriores nos enseñan fehacientemente que cuando se pretende alcanzar conquistas políticas y sociales de consideración, se requiere una combinación de la acción política por los cauces legales, con la acción de masas organizadas, ya que el PRD se mantuvo actuando públicamente aliado a los sindicatos y otras fuerzas democráticas, que crearon un clima propicio al estallido insurreccional del 1965.
Los reveses de 1963 y las jornadas del 1965 demuestran la necesidad de propiciar una participación plena y militante de los ciudadanos en el proceso político, y no una simple incidencia en la elección de representantes en los organismos del gobierno, o la guerrilla desvinculada de las masas del pueblo.
La experiencia de Abril, así como la del período histórico que le ha seguido, sirven para reafirmar la necesidad de una auténtica formación política para el pueblo y sus cuadros dirigenciales, a fin de lograr una creciente participación de las bases en las decisiones y tareas que sirven para construir un mejor destino histórico para el país.
El PRD ha sido pues desde su aparición uno de los actores principales del drama histórico dominicano, y un instrumento fundamental en la lucha contra el terrorismo y la violencia política, que frenaron el proceso iniciado en1965.
La lucha por una paz verdadera y democrática es al mismo tiempo una lucha por la formación política y técnica del hombre; contra el atraso económico y la injusticia social, porque fomentan el diálogo civilizado y el trabajo productivo entre los hombres, y porque destierra el imperio de la fuerza bruta, que es el caldo de cultivo donde han nacido y se han desarrollado las tiranías de todos los tiempos.
