Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Recientemente el gobierno del presidente Danilo Medina ha presentado un plan de tolerancia cero a la corrupción estatal. No han faltado bombos y platillos. La bulla ha sido grande, y cualquier ciudadano inadvertido puede creer que va en serio dicho plan. Todo parece indicar que las promesas del Palacio Nacional no pasarán de ser, una vez más, propuestas banales y proyectos vacios expresados a la opinión pública con fines propagandísticos.
El 16 de agosto del 2012 el presidente Medina proclamó en el Congreso Nacional, en un discurso de marras, su decisión de no trabajar con funcionarios corruptos y de desarrollar una lucha contra la criminalidad y la corrupción de cuello blanco.
Más adelante pidió a la ciudadanía y a los partidos políticos “no tirar piedras para atrás”, es decir, olvidar el pasado de corrupción, de prevaricación, de robo y concusión. Por tanto, una actitud contraria a la que asumió el 16 de agosto del año 2012.
Ahora que comienza su gobierno reeleccionista (2016-2020), anuncia un plan duro contra la corrupción; y reafirma su compromiso de 2012 en el sentido de que sería más firme y fuerte contra los hechos de corrupción y promete llevar adelante una filosofía de transparencia, de institucionalidad y de castigo a los funcionarios que se atrevan a violar los articulados punitivos del Código Penal Dominicano.
En el primer consejo de gobierno ampliado celebrado, el 15 de septiembre pasado, afirmó lo siguiente: “no duden que las indelicadezas o las faltas que lleguen a la presidencia van a ser atendidas, remitiendo toda denuncia a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental o a la Procuraduría General de la República”.
Se trata de un pronunciamiento fuerte en materia de corrupción, como los anteriores, sin embargo, las persecuciones han sido pobres; la lucha contra la corrupción nunca comenzó a ser efectiva ni ha obedecido a un verdadero plan de combate. Ninguno de los procuradores generales de la República ha sido un tenaz persecutor de la corrupción, el dolo, el robo, el abuso de confianza, la concusión, la estafa, la falsedad en escritura; tales hechos son permanentes y obedecen a una situación de tolerancia por causa del clientelismo partidario y la solidaridad con los llamados “aliados”; de modo que no podemos esperar absolutamente nada en esta materia.
El presidente ha permitido el incubamiento y la impunidad de grandes casos de corrupción en República Dominicana.
El caso del senador Félix Bautista, el del ministro Víctor Díaz Rúa, el del funcionario del metro de Santo Domingo (Diandino Peña); el del ex Director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Miguel Pimentel Kareh; el del Hospital Traumatológico Darío Contreras, sobre el cual no hubo ningún tipo de acción. Son casos escandalosos que han sido tolerados por el partido de la liberación dominicana, que apoya al presidente Medina en sus promesas incumplidas de combatir la corrupción estatal.
Un caso mayúsculo ha sido y lo es el de la construcción de las dos plantas termoeléctricas de Punta Catalina, en el cual una licitación espùrea y licenciosa permitió a la compañía extranjera, especializada en obras de infraestructuras, Odebrecht, la adjudicación de dicha OPC, obra que fue sobrevaluada en más de mil millones de dólares en perjuicio del Estado dominicano.
No puede haber lucha contra la corrupción con una justicia insana y espùrea, subordinada al dictak y a las apetencias del Poder Ejecutivo; y comprometida con intereses predominantemente políticos partidarios.
Pero el incubamiento más aventurero, temerario y desafiante fue el horno de la reelección y de la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010. Si en la campaña 2012 el partido de la liberación dominicana permitió un gasto de 230 mil millones de pesos, en la campaña 2016 se gastó precisamente el doble de esa suma, es decir, unos 500 mil millones de pesos dominicanos. Esa campaña exigió primero la reforma de la Constitución y luego la postulación y la candidatura del presidente Medina.
La reforma constitucional que permitió la reelección presidencial se realizó no obstante todas las promesas públicas formuladas por el presidente en el sentido de que incurrir en reelección equivale a tragarse un tiburón sin eructar, frase histórica con la cual varias veces cerró las posibilidades de reelección presidencial.
Fueron comprados la mayoría de los senadores y diputados, comunicadores sociales, medios de comunicación, funcionarios, programas de tv, empresas nacionales, empresas dedicadas a la publicidad, todo con el fin de concretizar la continuación del presidente Medina y su grupo corporativo en el Palacio Nacional, grupo que le acompaña en la actualidad.
¿Quién puede creerle al presidente Medina? ¿Bajo qué concepto podemos confiar en las palabras del incumbente del Poder Ejecutivo?.
El presidente Medina permite un régimen de impunidad total y el partido de la liberación dominicana garantiza el respaldo a tales políticas. Aliado de las grande multinacionales de las telecomunicaciones, de las constructoras depredadoras de ríos, fuentes acuíferas, playas, lagos, lagunas; aliado de los monopolios de la distribución de combustibles en República Dominicana; de la ampliación de las políticas de privatización que llegan hasta la apropiación privada de las playas; de las grandes transnacionales del turismo; de la Barrick Gold y otras empresas mineras, y permite la salida del oro sin una auditoria aduanera seria.
También de las grandes multinacionales de los alimentos; pero proclamado enemigo de la pobreza, tolera 20 años de control hegemónico del partido del gobierno sin aumentos salariales, sin reivindicaciones de los trabajadores ni sindicalización ni oportunidades de organizar cooperativas o sindicatos (continuará)
