En República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina nunca ordenó la realización de una investigación sobre los permisos de importación, que crearon una mafia organizada, que nunca fue judicializada.
Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Desde hace más de 6 años se creó un modelo de subastar permisos de importación, que posteriormente fue modificado por el gobierno que inició en 2012, colocando dichos permisos de importación a través de un tránsito obligado por la Bolsa Agropecuaria. Este hecho fue muy positivo, pues se encaminó hacia el fin de una mafia estructurada, que obtuvo grandes ganancias del tesoro público, desviando miles y miles de millones de pesos hacia bolsillos privados.
Se trató de una medida importante, que algunos llamaron transcendente, y que parecía que la administración del presidente Medina se iba a embarcar por un camino glorioso llevando a la justicia estos casos de corrupción. Pero no lo hizo, y creo que no pensó hacerlo nunca; todo se quedó en las operaciones, que no sabemos si dejaron de ser selectivas, realizadas por la Bolsa Agropecuaria.
Si el gobierno de Medina hubiese adelantado otro paso, como el de la justicia, hubiese sido necesario someter a personajes que hoy día navegan en dinero sin disimular. Todos los permisos de importación, otorgados antojadizamente en los últimos seis años, necesariamente deben presumir desvíos de fondos públicos en perjuicio del Estado Dominicano, estafa de miles de millones de pesos que fueron a parar a los bolsillos de personajes políticos allegados a las cúpulas del partido de la liberación dominicana en el poder.
Todos los datos sobre los permisos de importación se encuentran en el Ministerio de Agricultura y en la Dirección General de Aduanas; basta la iniciativa de convertir esos datos en un expediente criminal y judicializarlo en los tribunales dominicanos.
Cualquier jurista neófito podría manejar un expediente de esta naturaleza, pues se trata de hechos muy claros y precisos de corrupción. Naturalmente, el presidente Medina tendría que pagar un precio político en caso de que hubiese decidido llevar a juicio a individuos integrantes del comité político del partido de la liberación dominicana; y nosotros dudamos que él lo haga, ni hoy ni nunca, por razones de clientelismo, de solidaridad y compañerismo partidario y por la imposibilidad de actuar oportunamente desde los organismos represivos y disciplinarios, tal como, por ejemplo, la Dirección de Ética Pública.
Es muy difícil al día de hoy la recuperación de los recursos ilegales que podrían provenir de una impugnación a la mafia de los permisos de importación.
El 88 % de los miembros de dicho comité político son funcionarios del Estado; tienen una jerarquía superior y su condición los pone en la categoría de intocables, de Ministros, presidentes del Senado o de la Cámara de Diputados. 30 de 34 ocupan una función pública, lo cual quiere decir que el poderoso organismo del partido de la liberación dominicana se retrata de cuerpo entero como un grupo de intocables, designados en posiciones destacadas que en su mayoría no les permiten moverse ni dejar sus funciones. Ser miembro del comité político es una jerarquía especial de que disfrutan sus miembros frente a los más de 500 miembros del comité central.
Los miembros del comité político son un colectivo de corruptos exitosos, y no de honestos fracasados, pues disfrutan de un liderazgo político no confiable, en el cual hay ausencia de ética; riqueza acumulada de la noche a la mañana; droga y narcotráfico a la orden de día; son parte de la inseguridad y la delincuencia social, y parte de un déficit fiscal ascendente a la astronómica cifra de 187 mil millones de pesos.
La sociedad dominicana ha sido llevada a la depredación económica del tesoro público; se hace necesario cambiar el rumbo del Estado y alejarlo de la descomposición social actualmente vigente. El presidente Medina demostraría voluntad política en caso de corregir la situación de corrupción generalizada, sea quien fuere y quien caiga, si comienza en el periodo 2016-2020 por el sometimiento judicial ante los tribunales de la República de aquellos que son señalados por el rumor público como responsables de hechos de corrupción, si se comprueba que han incurrido en desfalco, estafa, prevaricación y otros delitos en perjuicio del Estado Dominicano, para que les sean aplicadas las sanciones penales y civiles que corresponden a los delincuentes que han acumulado riquezas prevaliéndose de las funciones públicas con las que fueron honrados.
Los permisos de importación desde el año 2009 hasta el momento en que fueron llevados a la Bolsa Agropecuaria, son un capítulo más de la corrupción y de la impunidad prevaleciente en la República Dominicana.
