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El fracaso del pacto eléctrico en República Dominicana: ¿Un conciliábulo…?

Escrito por Debate Plural

Por: Angel Moreta

El pacto eléctrico viene siendo anunciado desde el 16 de agosto del pasado año 2012, cuando inició su administración el actual gobierno de Danilo Medina.

Después de dos años de inactividad del gobierno en relación con dicho pacto, la Superintendencia de Electricidad (SIE), y la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismos que hoy son parte integrante del Ministerio de Energía y Minas, creado recientemente en 2014, apoyaron tácitamente dicha inactividad y es ahora recientemente cuando se convoca nuevamente a distintos sectores económicos y políticos para el reinicio de reuniones discriminatorias y encuentros selectivos para configurar y estructurar dichos planes. 

Se ha hablado mucho del problema eléctrico nacional, que el gobierno pretende resolver sobre la base de políticas frustratorias, tal como la siempre inexistente y ausente política energética nacionalEs decir, que las posibilidades institucionales de un pacto eléctrico claramente definido e integral, son muy escasas debido a que no existe una clara definición del papel que debe asumir el sector gubernamental  o sector oficial en los planes de reestructuración y de reordenamiento de la industria eléctrica nacional. Sobre este particular, el gobierno de Danilo Medina otorgó todos los poderes al Licenciado Rubén Bichara, mediante decretos dictados a propósito de la obra a construirse en Punta Catalina, en el año 2013.

El pacto eléctrico nace como un proyecto muerto porque se apoya en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que ha resultado prácticamente insuficiente, ya que el organismo que debe sustentarla es el Consejo Económico y Social, creado por la nueva Constitución de la República promulgada en enero del año 2010;  y éste organismo no tiene vitalidad, no tiene sangre ni musculatura. El Consejo Económico y Social  se frustró al inicio del actual gobierno de Danilo Medina,  en ocasión del proyecto de reforma fiscal aprobado definitivamente en enero 2013.

La investigación frustrada de las causas del “hoyo fiscal”

En ese entonces, el Consejo Económico y Social persiguió, como organismo pretendidamente democrático y constitucional, investigar las causas que generaron la necesidad de una reforma fiscal, es decir, cuáles fueron los factores económicos y políticos que produjeron la necesidad de tal reforma, que produjo consecuencias funestas para los sectores sociales subordinados y empobrecidos en la República Dominicana.

Se sabía que el nuevo gobierno de Danilo Medina, había nacido conjuntamente con un “hoyo fiscal”, debido al gasto electoralista desproporcionado del gobierno anterior 2008-2012, cuyo monto fue aproximadamente cercano a 240 mil millones de pesos, si le sumamos los 30 mil millones que ese gobierno anterior cogió prestados al Banco de Reservas.

Las averiguaciones que intentó el Consejo Económico y Social llevaron a que Danilo Medina aprobara la reforma fiscal desde su escritorio, sin la participación, sin el pensamiento de dicho Consejo. El presidente de ese organismo, Agripino Núñez Collado, hizo silencio y no habló más del asunto de la reforma fiscal, y el Consejo cayó en una inactividad letal con respecto a las estrategias económicas y sociales del desarrollo económico nacional.

Una de las razones del fracaso del pacto eléctrico

Aquí se encuentra una de las razones fundamentales que conllevan al fracaso del pacto eléctrico, pues la finalidad del mismo, que es consensuar los puntos de vista de los distintos sectores de la vida nacional en relación con el problema eléctrico dominicano y con los problemas fundamentales del país,  no pudo llevarse a cabo.

El Consejo Económico y Social nació muerto, a pesar de ser un órgano constitucional. Lo mató el propósito protector de encubrir el “hoyo fiscal”,  que llevó a cabo Danilo Medina, y aquí también se encuentra la raíz del fracaso que ha venido sufriendo y que en definitiva sufrirá el pacto eléctrico del que tanto se ha hablado en el país.

Recientemente, por ejemplo, se retiraron del plenario que se realizaba en la Universidad Católica Madre y Maestra, para las discusiones del pacto eléctrico, sectores laborales y sociales que sintieron que estaban siendo discriminados y borrados sus nombres de las listas de participantes e invitados,  probablemente por la dirección del Consejo Económico y Social (CES), que coordina los trabajos que buscan elaborar una estrategia de desarrollo del sector eléctrico en la República Dominicana.

El miércoles de ceniza del pacto eléctrico que actualmente convoca y realiza el gobierno de Danilo Medina

Se ve venir ahora o mañana el “miércoles de ceniza” del pacto eléctrico que actualmente se lleva a cabo mediante convocatoria del Consejo Económico y Social (CES) y que coordina la comisión técnica de los trabajos que se están realizando, en el cual supuestamente participan como invitados sectores laborales y sociales; empresariales y gubernamentales interesados en el problema eléctrico nacional.

Dice el pueblo que lo que mal comienza, mal termina. El Consejo Económico y Social fue herido de muerte en 2012-2013 por el presidente Danilo Medina, cuando, para aprobar la reforma fiscal que necesitaba el nuevo gobierno, le cercenó el cuello para evitar que averiguara las causas que originaron el famoso “hoyo fiscal” que se hizo notorio después del discurso de toma de posesión el 16 de agosto del año 2012.

Los diálogos del pacto eléctrico han sido turbios y borrosos, pues se han eliminado de las listas de participantes los nombres de varios invitados o convocados, tanto de entidades sociales y sindicales como de personas físicas. Obviamente, tal situación marca una debilidad del sector gubernamental que pretende dirigir los debates sobre la industria eléctrica colocando como centro de las decisiones a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por encima de los demás componentes y partes interesadas en dichas discusiones sobre la suerte y las estrategias del negocio eléctrico dominicano.

Las propuestas del Gobierno del Medina y del Licenciado Rubén Bichara y CDEEE, es que el centro gravitacional de las políticas sobre la industria eléctrica sea el sector oficial-gubernamental, y en tal sentido, que dicho sector sea el que formule y disponga principalmente de un plan integral de desarrollo del sector eléctrico 2015-2030, en un plazo no mayor de seis meses y sobre la base de los acuerdos a que se llegaren en las discusiones que actualmente se vienen celebrando.

En eses sentido, CDEEE y el Poder Ejecutivo llevan la preponderancia de la estrategia de la industria eléctrica, y sobre la base de los acuerdos a que se llegaren dentro del plazo mencionado, formularían las tácticas y estrategias del desarrollo eléctrico nacional.

Lo que quiere decir que el Ministerio de Energía y Minas jugará un papel subordinado al Poder Ejecutivo y a CDEEE como centro gravitacional.

Y lo mismo ocurrirá con la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), que son instituciones que pertenecen y se encuentran dentro del Ministerio de Energía y Minas, las cuales no cumplen sus funciones de dirigir y formular las directrices generales y especificas del negocio eléctrico nacional.

Se trata de una injerencia fundamental del sector oficial, que pocas veces ha sido capaz lanzar lineas estratégicas gravitacionales para resolver los graves problemas que agobian a la industria eléctrica dominicana, cuya producción de energía ha sido siempre deficitaria y tradicional, fruto de una óptica equivocada y mostrenca, que no surtirá efectos positivos en los nuevos lineamientos que se pretenden para el negocio eléctrico nacional.

Los planes de desarrollo integral del sector eléctrico nacional 2015-2030, siendo un tanto pesimistas, no podrán cuajar sólidamente, pues las políticas se centralizan en las manos del Licenciado Rubén Bichara, quien tiene el mandato absoluto del presidente Medina para dirigir, orientar y organizar todo el negocio eléctrico nacional; mandato otorgado mediante los decretos Nos. 143-11, de fecha 15 del mes de marzo del año 2011, 1167-13, del 21/6/2013 y 197-13, de fecha 11/7/2013, en los cuales otorga poder definitivo para iniciar y desarrollar una nueva matriz, a carbón mineral, para el desarrollo energético de la República Dominicana.

Y porque, además, tanto el Poder Ejecutivo como CDEEE, no van a abrir las manos para soltar el proyecto de Punta Catalina-Odebrecht, sobrevaluado en más de mil millones de dólares, y cuya suerte está trazada: un 11 de septiembre para ese proyecto o un miércoles de ceniza, que lo es la privatización por venir.

La crisis en las mesas del pacto eléctrico

El gobierno ha maniobrado burdamente para imponer limitaciones a los representantes de los sectores laborales y sociales participantes de las mesas de discusión del pacto eléctrico. Distintas organizaciones y agrupaciones se han retirado de las discusiones del pacto eléctrico, debido a que en las seis mesas de trabajo se ha restringido la presentación de proyectos e ideas, y se han apocado y menoscabado ocasiones y oportunidades para las diferencias y el disentimiento a los planteamientos del sector empresarial y del gobierno.

Pero además, en concomitancia con medidas represivas o restrictivas, el gobierno buscó la manera de extinguir de las listas de participantes los nombres de distintos representantes de organizaciones sindicales y entidades culturales, en un número que supera ampliamente la decena.

La comisión técnica del pacto eléctrico no se pronunció sobre esta situación anormal en la cual se ha tratado de imponer las tesis de empresariado y el gobierno, escondiendo el hecho de que ha habido actores que han abandonado las discusiones del pacto eléctrico.

Pero la historia del sector eléctrico señala con claridad que continúa hoy con las mismas fallas y deficiencias que tenia sesenta años atrás, desde el periodo de la dictadura (1930-1961).

Durante esos sesenta años continúan los mismos problemas, a saber, las pérdidas en el sector eléctrico, que alcanzaron en el año 2003 un 33 por ciento, y en otros periodos a estado cerca del 40 por ciento; el enriquecimiento ilícito de los administradores y de la cúpula administrativa de la CDEEE; la ausencia de una inversión adecuada que en el largo plazo se ha quedado rezagada por falta de responsabilidad y de compromiso; también el hecho de no cumplir con los planes de expansión que muchas veces se han trazado en el sector eléctrico.

Desde el año 2001 hasta la fecha, cuando se filmaron los llamados Acuerdos de Madrid, los cambios importantes ocurridos en la industria eléctrica han sido muy pocos, entre ellos la estatización de las tres distribuidoras de electricidad, Edenorte, Edesur en 2003 y Edeeste en 2009, lo cual trajo como consecuencia la verticalizacion del sistema eléctrico, pues a partir de esa creación las decisiones de esas empresas pasaron a ser tomadas por la CDEEE.

El gobierno quiere dar la impresión de que ya terminaron las discusiones del pacto eléctrico

Las discusiones del pacto eléctrico no han terminado si siquiera en un 50 por ciento, pero el gobierno quiere imponer desde el Palacio Nacional un documento supuestamente emanado de las mesas del pacto eléctrico para que sea aprobado sin que sus conclusiones sean el producto de las discusiones realizadas.

El gobierno quiere que el pacto eléctrico se apruebe antes del 16 de agosto, pero el comité técnico del Consejo Económico y Social, presidido por Agripino Núñez Collado, haciéndose eco del Ministro de la Presidencia presiona para que los días 28 y 29 del mes de julio y 2, y 4 de agosto para que se terminen las discusiones y se aprueben las propuestas definitivas. Y la connivencia del Consejo Económico y Social presenta como una esperanza que el pacto eléctrico se firmara antes del 15 de agosto.

Ello indica la existencia de una tramoya entre el gobierno y el Consejo Económico y Social presidido por Agripino Núñez Collado, por lo cual se puede afirmar que ese organismo ha perdido ecuanimidad y pretende dar la idea de que todo está concluido, por lo cual podemos afirmar que en más de un 50 por ciento las intenciones del pacto eléctrico se han convertido en un conciliábulo.

La crisis en las mesas del pacto eléctrico

El gobierno ha maniobrado burdamente para imponer limitaciones a los representantes de los sectores laborales y sociales participantes de las mesas de discusión del pacto eléctrico. Distintas organizaciones y agrupaciones se han retirado de las discusiones del pacto eléctrico, debido a que en las seis mesas de trabajo se ha restringido la presentación de proyectos e ideas, y se han apocado y menoscabado ocasiones y oportunidades para las diferencias y el disentimiento a los planteamientos del sector empresarial y del gobierno.

Pero además, en concomitancia con medidas represivas o restrictivas, el gobierno buscó la manera de extinguir de las listas de participantes los nombres de distintos representantes de organizaciones sindicales y entidades culturales, en un número que supera ampliamente la decena.

La comisión técnica del pacto eléctrico no se pronunció sobre esta situación anormal en la cual se ha tratado de imponer las tesis de empresariado y el gobierno, escondiendo el hecho de que ha habido actores que han abandonado las discusiones del pacto eléctrico.

Pero la historia del sector eléctrico señala con claridad que continúa hoy con las mismas fallas y deficiencias que tenia sesenta años atrás, desde el periodo de la dictadura (1930-1961).

Durante esos sesenta años continúan los mismos problemas, a saber, las pérdidas en el sector eléctrico, que alcanzaron en el año 2003 un 33 por ciento, y en otros periodos a estado cerca del 40 por ciento; el enriquecimiento ilícito de los administradores y de la cúpula administrativa de la CDEEE; la ausencia de una inversión adecuada que en el largo plazo se ha quedado rezagada por falta de responsabilidad y de compromiso; también el hecho de no cumplir con los planes de expansión que muchas veces se han trazado en el sector eléctrico.

Desde el año 2001 hasta la fecha, cuando se filmaron los llamados Acuerdos de Madrid, los cambios importantes ocurridos en la industria eléctrica han sido muy pocos, entre ellos la estatización de las tres distribuidoras de electricidad, Edenorte, Edesur en 2003 y Edeeste en 2009, lo cual trajo como consecuencia la verticalizacion del sistema eléctrico, pues a partir de esa creación las decisiones de esas empresas pasaron a ser tomadas por la CDEEE.

El gobierno quiere dar la impresión de que ya terminaron las discusiones del pacto eléctrico

Las discusiones del pacto eléctrico no han terminado si siquiera en un 50 por ciento, pero el gobierno quiere imponer desde el Palacio Nacional un documento supuestamente emanado de las mesas del pacto eléctrico para que sea aprobado sin que sus conclusiones sean el producto de las discusiones realizadas.

El gobierno quiere que el pacto eléctrico se apruebe antes del 16 de agosto, pero el comité técnico del Consejo Económico y Social, presidido por Agripino Núñez Collado, haciéndose eco del Ministro de la Presidencia presiona para que los días 28 y 29 del mes de julio y 2, y 4 de agosto para que se terminen las discusiones y se aprueben las propuestas definitivas. Y la connivencia del Consejo Económico y Social presenta como una esperanza que el pacto eléctrico se firmara antes del 15 de agosto.

Ello indica la existencia de una tramoya entre el gobierno y el Consejo Económico y Social presidido por Agripino Núñez Collado, por lo cual se puede afirmar que ese organismo ha perdido ecuanimidad y pretende dar la idea de que todo está concluido, por lo cual podemos afirmar que en más de un 50 por ciento las intenciones del pacto eléctrico se han convertido en un conciliábulo (continuaremos).

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