Una serie de acusaciones de corrupción sin fundamentos contra Lula y Rousseff conjugan un golpe suave que busca poner fin al Gobierno y erradicar al PT del escenario electoral
En Brasil, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, declaró en una entrevista con la radio Gaucha Actualidad, concedida a primera hora de este miércoles, que las acusaciones contra la presidenta Dilma Rousseff basadas en la confesión del exsenador Delcidio Amaral, son «livianas y mentirosas».
En sus breves declaraciones, Cardozo, quien ocupó el Ministerio de Justicia en los últimos cinco años y se encarga en estos momentos de la defensa de Rousseff frente al proceso de ‘impeachment’ en el Senado, señaló que el antiguo líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado estaría actuando «en un contexto de venganza» tras su detención en la Operación Lava Jato.Esto se debería a que tanto el PT como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también fue citado en las declaraciones pactadas de Amaral, se mostraron favorables a la expulsión del político del partido tras su detención por la Policía Federal; además, habrían apoyado la pérdida de su mandato senatorial, algo que se produjo el martes en el Consejo de Ética.
«¿Cómo puede ser que este tipo de cosas son filtradas de esta manera?», se preguntó con ironía Cardozo, quien también resultó denunciado por la Fiscalía, en referencia a la filtración sistemática a la prensa del país de los informes de la Operación Lava Jato y que en las últimas 24 horas han señalado a 30 políticos de los principales partidos del país.
Sobre las acusaciones contra el expresidente Lula, Cardozo no dudó en afirmar que el líder histórico del PT «conseguirá demostrar que no tiene relación con los hechos», mientras que observó con total naturalidad de que la Fiscalía General de la República solicite la apertura de una investigación al Tribunal Supremo Federal (TSF): «Si alguien denuncia es normal investigar, aunque sea inconsistente».
Cabe recordar que fue precisamente Amaral quien detalló ante la Justicia cómo habría sido empleado por la presidenta Rousseff para negociar la liberación de grandes empresarios encarcelados en la Lava Jato, algo que habría culminado con el nombramiento del magistrado Marcelo Navarro en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Más allá de la importancia simbólica de la petición contra Lula y Rousseff, que hasta ahora se mantenía libre de sospechas, las solicitudes de la Fiscalía apuntan directamente al núcleo del actual Gobierno al señalar al ministro de Casa Civil, Jaques Wagner, el ministro de la Secretaría de Presidencia, Ricardo Berzoini, y el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva.
