Lula Da Silva
Debateplural.com, comparte con los lectores el interesante artículo de Francisco Herranz, titulado “Objetivo: que Lula no vuelva al poder”, publicado en el portal Sputniknews.com, en fecha 11 de marzo de 2016.
Aécio Neves, senador por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene razón cuando escribe que su país se encuentra en una situación «especialmente difícil», porque un «capricho del destino combinó el agravamiento de la crisis con el peor momento del terremoto político que amenaza al Gobierno».
Desde su atalaya, el derechista Neves insiste en que el Ejecutivo «no está preparado para restaurar la confianza esencial para la reconstrucción del país». Sus palabras forman parte de una estrategia de derribo que tiene contra las cuerdas a Rousseff, sobre quien pesa un proceso de ‘impeachment’ o juicio político. La solicitud acusa a la jefa del Estado de haber realizado maniobras fiscales irregulares para ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015.
El complicado proceso de destitución presidencial arrancó hace sólo tres meses cuando así lo decidió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Posteriormente la Cámara formó la Comisión Especial del Impeachment mediante voto secreto, pero el Supremo Tribunal Federal (STF) invalidó esa votación. El procedimiento se encuentra temporalmente paralizado, pero pronto volverá a la Cámara, donde prosperará si contara con el apoyo de al menos 342 de los 512 diputados. Después, en el Senado, por mayoría simple, tendría que refrendarse o no la decisión del pleno de la cámara baja. Eso implicaría que Rousseff sería apartada de sus funciones durante 180 días y asumiría interinamente el vicepresidente Michel Temer, también como Cunha miembro del centrista Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En el Senado serían presentadas la acusación y la defensa bajo el mandato del Supremo Tribunal Federal. Para que Rousseff fuera condenada, serían necesarios los votos de 54 de los 81 senadores. Si así ocurriera, entonces perdería la Presidencia de forma definitiva, sería inhabilitada para ese puesto por ocho años y Temer tomaría los mandos hasta concluir el mandato. En resumen, queda un largo camino y de incierto final por recorrer.
El proceso de ‘impeachment’ a Rousseff ha provocado una parálisis institucional sin precedentes en Brasil, lo que ha agravado la existente crisis económica al espantar las inversiones. En el plano político, además, ha colocado a la presidenta en una posición muy delicada dentro de las filas del Partido de los Trabajadores (PT), actualmente en el poder. De ahí que se halla promovido la idea de que Lula da Silva se presente a las elecciones presidenciales de 2018. Antes él mismo dudaba de esa posibilidad, pero ahora parece decidido a aceptarla, sobre todo tras haber sido detenido el pasado 4 de marzo para prestar declaración en un macrocaso de corrupción y blanqueo de capitales.
«Estaba tranquilo en mi rincón. Tenía la expectativa de que eligieseis a alguien para disputar 2018. Pero quiero ofrecerme a vosotros. A partir de hoy, la única respuesta que puedo darle a la violencia que me infringieron es salir a la calle y decir: «estoy vivo». Así se expresó el expresidente —lo fue desde 2003 a 2010- ante sus simpatizantes petistas, después de haber sido conducido por agentes de la Policía Federal a un juzgado de Curitiba. Le metieron en un avión que despegó desde São Paulo y le trasladaron a una comisaría donde estuvo tres horas respondiendo preguntas acerca de sus posibles vinculaciones con varios delitos investigados por la denominada Operação Lava Jato (Operación Lavado de Coches). A Lula le ha salpicado el escándalo después de la revista IstoÉ publicara su presunta implicación en la trama citando la supuesta delación de un senador del PT, Delcídio do Amaral, en prisión por corrupción y que busca reducir pena mediante un acuerdo con los fiscales. El propio Amaral no confirmó ni desmintió esas informaciones, fruto de filtraciones periodísticas interesadas, utilizadas como armas políticas que emponzoñan aún más el ambiente.
La Operación Lava Jato investiga desde hace dos años el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, por el que directivos de la empresa petrolera Petrobras recibían sobornos de constructoras a cambio de ventajosos contratos.
En este escándalo mayúsculo la Justicia brasileña está cambiando de curso, actuando con mayor firmeza y condenando a fuertes penas de prisión a ejecutivos. Un buen ejemplo de eso es el mayor constructor de Brasil y presidente de uno de los mayores imperios empresariales de América Latina, Marcelo Odebrecht, sentenciado a 19 años de cárcel. Pero la Justicia también puede estar pasándose de frenada. Las denuncias aparecen antes en los medios de comunicación que en los juzgados, lo que está viciando todo el proceso.
Algunos juristas brasileños califican de «irregular», «inconstitucional» y «preocupante» la actuación de los policías con respecto a Lula. Los agentes sólo seguían las instrucciones del juez Sergio Moro, quien había ordenado un «mandato de conducción coercitiva» contra el expresidente. Incluso un magistrado del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, entrevistado por el diario Folha, ha declarado que «eso implica un retroceso, no un avance». La opinión pública está de acuerdo con él. Según una encuesta realizada por la empresa Vox Populi, el 65 por ciento de los brasileños considera «exagerada» la detención.
Aunque no se le privó de libertad en ningún momento, Lula se sintió «prisionero» y denunció que era una medida abusiva, un «espectáculo mediático». El ex tornero mecánico reconoció, el mismo día de su interrogatorio, que piensa volver a la tribuna política, «humillado» pero no derrotado, consciente de que aún cuenta con el apoyo incondicional de miles de compatriotas.
El acoso a Lula ha servido de estímulo a la militancia del PT, que hasta ahora prefería quedarse en casa un tanto avergonzada ante el creciente descrédito del Ejecutivo de Rousseff.
Las intenciones electorales de Lula activaron de inmediato la maquinaria judicial. Cinco días después de lanzar su mensaje, la Fiscalía de São Paulo presentó una denuncia contra él en otro caso, esta vez relacionado con un apartamento tríplex situado en la costa. Al veterano dirigente se le acusa de ocultación de patrimonio –una modalidad de lavado de dinero-, porque dicen que el inmueble en cuestión era propiedad suya y no de la constructora, y se basan en que Lula lo había visitado con asiduidad. También fueron denunciados su esposa Marisa Letícia y uno de sus hijos, Fábio Luís. El delito de lavado de dinero lleva implícita una pena de tres a diez años de cárcel.
La Fiscalía no se contentó con la denuncia sino que pidió para Lula una orden de prisión preventiva, argumentando que existe riesgo de fuga. La petición es muy contundente y está descaradamente politizada porque considera que Lula puede movilizar a su «red violenta de apoyo» para obstaculizar el proceso en su contra y amenazar a víctimas y testigos. También ataca a la propia presidenta de la República, porque dice que ella pretende «blindar al denunciado, erigiéndolo en un ciudadano por encima de la ley». La Fiscalía se está refiriendo a los rumores que circulan sobre que Rousseff podría ofrecer a Lula un puesto como ministro y convertirle así en aforado (protegido), lo que complicaría su procesamiento. Lo cierto es que hacerle miembro del Gobierno sería como admitir su culpa.
El objetivo final es que Lula no regrese al Palacio de Planalto, lo que favorecería a la derecha. Pero, según la prensa, el testimonio del delator Delcídio de Amaral puede manchar hasta la reputación del propio Aécio Neves. ¿Alguien está a salvo?
