En consecuencia, la entidad internacional recomienda al Estado dominicano adecuar sus leyes para que los afectados puedan adquirir la nacionalidad dominicana. “Este informe ha demostrado que varios grupos de personas siguen siendo apátridas en el país”, sostiene Amnistía Internacional en el documento de 54 páginas, titulado “Sin papeles no soy nadie, Apátridas en República Dominicana”, del que Metro obtuvo una copia.

Sostiene que la sentencia 168-13, que emitió el Tribunal Constitucional, vulnera los derechos de quienes nacieron en el país antes de la Constitución proclamada en enero de 2010. “Los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en la República Dominicana entre el 18 de abril de 2007 y 26 de enero de 2010 fueron registrados como extranjeros y por lo tanto arbitrariamente privados de su nacionalidad dominicana, mientras que en la mayoría de los casos no han adquirido la nacionalidad haitiana”, continúa en sus conclusiones.

Aunque las autoridades nacionales argumentan que en el país no se puede hablar de apatridia, Amnistía Internacional sostiene que estos problemas se agravan con el fallo 168-13, del 26 de septiembre de 2013, que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados.

Reconoce que el Estado aprobó la Ley 169-14, de naturalización de hijos de extranjeros inscritos en el registro civil, que estaba dirigida a los afectados por la sentencia, sin embargo, asegura que tuvo alcance limitado.

Cita también el Plan de Regularización de Extranjeros Irregulares, que preveía un grupo B, para afectados de la sentencia que no figuraban en el registro civil.

En algunos párrafos, la organización parece confundir el Plan de Regularización y la Ley de Naturalización, pero sí es firme y recurrente en su afirmación de que los descendientes de haitianos nacidos en el país antes de 2010 deben ser reconocidos como dominicanos.

“Como resultado, sólo 8,755 personas solicitaron la naturalización en virtud de la Ley 169-14”, resalta el informe, que critica el hecho de que “las autoridades dominicanas han asumido unilateralmente que (estas personas) tenían nacionalidad haitiana”.

Critica, además, que la Junta Central Electoral (JCE) haya emitido el 26 de junio de 2015 una lista de 55 mil personas que ya podrían obtener sus documentos como dominicanas, como resultado de aplicación de la Ley de Naturalización, sin que hasta el momento se haya llevado a lo concreto.

Desde 2007, la JCE venía desconociendo validez a las cédulas y actas de nacimiento de los hijos de inmigrantes haitianos ilegales

“Muchos de los que se enumeran siguen enfrentándose a obstáculos en la obtención de documentos de identidad y en los que tengan su nacionalidad dominicana totalmente reconocida” mientas que otros a los que se les ha negado la nacionalidad “no aparecen en la lista”, agrega AI.

“Al permitir la privación arbitraria y retroactiva de la nacionalidad de posiblemente decenas de miles de personas y no tomar las medidas adecuadas para remediar su situación de apatridia, la República Dominicana ha violado sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, dice.

Recomienda

En consecuencia, recomienda al país realizar un censo de las personas “sin estado y en riesgo de apatridia, compilar datos desglosados por sexo, edad, estado y ubicación” y “tomar las medidas adecuadas para restaurar la nacionalidad dominicana a los que tenían derecho en virtud de la legislación nacional en vigor entre 1929 y 2010”.

A Haití, le sugirió “adoptar una nueva ley de nacionalidad que permita a los afectados por la prohibición de doble nacionalidad en vigor entre 1987 y 2012 para volver a adquirir la nacionalidad haitiana, si así lo desean”.