El tráfico de órganos de niños adquiere auge en República Dominicana, mientras el Congreso Nacional deja pasar lustros para aprobar convenciones internacionales

Por: Angel Moreta

En República Dominicana han vuelto a ocurrir desapariciones misteriosas de niños y niñas que viven con sus familiares, sin ninguna explicación razonable. Generalmente son niños entre los 8 a 11 o 12 años de edad. Los elementos particulares de cada situación especifica indican una desaparición física del niño o la niña, que ocurre de manera inesperada, produciendo desesperación en sus familias.

Las autoridades judiciales deben tener muy en cuenta la situación escandalosa que ha vuelto a asomarse en el territorio nacional. Se trata de bandas delincuenciales organizadas, desprovistas de todo escrúpulo, que realizan secuestros forzados de niños y niñas con el fin criminal de sacarles órganos y venderlos por encargo en otros países, como Estados Unidos, Francia y otros.

Cientos de familias dominicanas han perdido hijos e hijas de manera misteriosa e intrigante, y el Ministerio Público está obligado a ofrecerles respuestas a las familias que poseen algún miembro en condiciones de desaparición forzada. El tráfico de órganos infantiles es un negocio siniestro que se caracteriza por el desafío a las leyes y la carencia de todos los principios y atributos que corresponden al género humano. Dentro de los negocios verdaderamente sucios, se encuentra el más sucio de todos, que es el secuestro y la desaparición forzada  con fines de tráfico de órganos.

Diolandita Cabrera, cuya hija de 9 años, la melliza Carla Massiel, desapareció misteriosamente desde el 25/6/15

El nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgado mediante la ley No.550-14, coloca la desaparición forzada dentro del ámbito del secuestro, o sea, dentro del ámbito de los atentados a la libertad de las personas, entre los artículos 166 y 172 de dicho Código. Y la sanción por secuestro será de 20 a 30 años de prisión y multa de 30 a 40 salarios mínimos del sector público.

Consideramos, sin embargo,que la gravedad del asunto obliga a la elaboración y aprobación de una ley especial contra el tráfico de órganos humanos, que permita sancionar duramente a las bandas y asociaciones criminales que practican el secuestro con desaparición forzada con fines extracción de órganos y negociación de los mismos en mercados internacionales.

Una ley especial que se apoye en la Convención para la Protección de todas las Personas Víctimas de Desapariciones Forzadas; y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Ambos instrumentos internacionales tienen lamentablemente lustros en las gavetas  del Congreso Nacional de República Dominicana, esperando sendas resoluciones que agilicen la ratificación de las mismas.

También deben crearse departamentos especializados dentro del Ministerio Público que se encarguen de investigar y perseguir los crímenes de secuestro forzado y tráfico de órganos humanos. Dichas unidades se encargarían de organizar un dossier de cada caso que se presente en todo el territorio nacional; y que mantengan reuniones y contactos periódicos con los familiares de los seres humanos víctimas de desapariciones forzadas.

También los grupos sociales en cada provincia estarían atentos al crecimiento y evolución de este crimen y dispuestos a colaborar con el Ministerio Público para que se investiguen y sancionen todos los casos que han venido presentándose en el pasado y el presente para prevenir las acciones del futuro.

Los órganos humanos se negocian y trafican de acuerdo con una escala internacional de precios. Por ejemplo, una cornea cuesta unos 150 mil dólares; un hígado puede costar hasta 100 mil dólares; y un riñón puede llegar a unos 130 mil dólares.

En consecuencia, se trata de un negocio asqueante  que debe ser combatido sin tregua y sin descuido y sancionado de la manera más dura posible, de acuerdo con las Convenciones internacionales y el Código Penal Dominicano reformado.

En estos días han acontecido varios casos de desapariciones forzadas en distintas provincias de República Dominicana. No cabe la menor duda de que es un crimen que cometen bandas organizadas, produciendo dolor e impotencia en las familias victimizadas.