Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
El proceso de privatización de las empresas públicas en República Dominicana se inició en el año 1996, por iniciativas del primer gobierno del PLD. Con la promulgación de la ley 141-97 sobre privatización de los bienes del Estado heredados de la dictadura de Trujillo (1930-1961) por el pueblo dominicano, arrancó el proceso de privatización de la mayoría de los bienes productivos del Estado Dominicano.
El primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (1996-2000), trajo como resultado el inicio de un proceso legal de liquidación y privatización de los patrimonios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y los hoteles que conforman la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, que conjuntamente con el Consejo Estatal del Azucar (CEA) fueron negociados, transferidos o arrendados en condiciones ventajosas para una de las partes o cuestionables por su carácter dañino y negativo para la República Dominicana y la nación.
La ley de privatización 141-97, fue creada en virtud de postulados del modelo neoliberal, con el supuesto o manifiesto propósito de poner a tono la economía del país con los requerimientos de la globalización y del desarrollo tecnológico mundial. Las empresas sujetas a modificaciones según esa ley fueron las mencionadas más arriba; dicha ley creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, organismo regulador y responsable de la conducción y dirección del proceso privatizador, con poder jurisdiccional sobre todas las entidades sujetas a transformaciones.
La ley 141-97 establece un párrafo maravilloso, es decir, que el patrimonio nacional puede ser utilizado eficientemente para enfrentar la pobreza y devolver parte de la deuda social contraída con el pueblo dominicano desde una óptica de desarrollo sostenible. Y otro párrafo de igual naturaleza establece la necesidad de la más absoluta transparencia y pulcritud de los procedimientos, como forma de garantizar el buen uso de los bienes públicos….
Esta manifestación de delicadeza mueve a risa y es pura retórica si consideramos que la participación del sector capitalista privado en la propiedad y gestión de las empresas públicas nunca ha resultado transparente ni pulcra.Contrariamente, los resultados del proceso de privatización han sido desempleo masivo, abandono de la producción azucarera, apropiación privada en condiciones ventajosas para el capital empresarial, tanto nacional como internacional; desagregación social en las comunidades humanas de la República, acentuación del hambre y la miseria y altos niveles de corrupción administrativa, prevaricación, robos, estafas, sobornos, asociaciones criminosas, contubernios y tráfico de influencias.
Podemos estar seguros de que la sociedad dominicana no ha ganado absolutamente nada con el proceso de privatización, mal llamado de capitalización, a no ser los sectores capitalistas privados asociados a funcionarios y socios dudosos que se agruparon para formar sociedades comerciales y compañías fantasmas con el fin de enriquecimiento ilícito, apropiación privada descomunal, mala administración y saqueo de los bienes estatales, en un proceso cuya dirección recae sobre la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, organismo dependiente directamente del Poder Ejecutivo. El presidente de dicha comisión sera nombrado con rango de Ministro, y como funcionario que trabajará mano a mano con el Despacho del presidente de la República.
El Banco Central sirve de ariete e instrumento para este escenario horripilante, comportándose como albacea y delfín de esta maquinaria de atrocidades económicas y políticas; la más reciente y más gráfica de esta trama, 14 años después de iniciada la política de privatización, lo constituye el desmantelamiento del ingenio Montellano, Municipio del mismo nombre, Provincia de Puerto Plata, en el poblado de Pérez, donde hace muchos años fueron establecidas las instalaciones de dicho ingenio, que en su momento de esplendor logró contratar mas de 3 mil obreros entre dominicanos y haitianos. (Continuará con el número 2).
